El permiso a Urrusolo para salir de prisión será un test del plan de Rajoy

El caso del exmilitante de ETA,Joseba Urrusolo Sistiaga, se va a convertir en la prueba del algodón del plan de reinserción del Gobierno de Rajoy para los presos de ETA. Urrusolo, recluido en Nanclares de Oca (Álava), con 20 años de estancia entre rejas, cumple todos los requisitos que la ley concede a un preso clasificado en segundo grado penitenciario para salir a la calle 18 días al semestre. Lo hará previsiblemente en las próximas semanas. Igual que ya lo hacen, desde los tiempos del Gobierno de Zapatero, otros etarras como Carmen Guisasola o Kepa Pikabea, que también tienen delitos de sangre y más de 20 años cumplidos en prisión.

Urrusolo, encarcelado desde 1992 por cinco asesinatos y los secuestros de Emiliano Revilla y Diego Prado de Colón, tuvo su primera expresión crítica contra ETA tras el asesinato, en 1997, del edil del PP de Ermua Miguel Angel Blanco. Cinco años después notificó su abandono de la banda y en mayo de 2010, además de condenar la violencia de ETA, reconoció el daño causado y pidió perdón a las víctimas del terrorismo. En octubre de 2010, el juez de vigilancia penitenciaria pidió para él la prisión atenuada por entender que Urrusolo es un hombre “muy distinto” al que entró en prisión.

Instituciones Penitenciarias tiene la última palabra sobre el asunto y con ello la credibilidad del plan de reinserción que el ministro del Interior, Jorge Fernández, anunció el pasado abril.

El Gobierno avanza hacia el modelo seguido con las Brigadas Rojas

Fernández tiene que superar las presiones de la derecha más radical, de las élites de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo y de parte de la derecha mediática, que se oponen a que el Gobierno rellene de contenido su plan de reinserción.

El Gobierno cuenta en su haber con algunos pasos que han originado recelos en los sectores más radicales. Así, en sus siete meses de mandato ha concedido tres semilibertades —salidas diarias de prisión, con regreso para dormir— y dos libertades condicionales a presos de ETA. Es el caso de Joseba Díaz, Jurgi Oteiza —el martes— y José Manuel Pérez de Nanclares. Posteriormente, concedió a este último la libertad condicional, así como a Fernando de Luis Astarloa. Todos ellos han cumplido los requisitos que marca la ley.

La decisión sobre Urrusolo es menos comprometida que una libertad condicional o la semilibertad. Pero tiene la singularidad de su fuerte impacto mediático a causa de su sangriento historial, lo mismo que Pikabea y Guisasola, que lograron beneficios penitenciarios en la etapa del Gobierno de Zapatero. La concesión de beneficios penitenciarios a Urrusolo otorgaría credibilidad social, y entre los propios presos etarras, al plan de reinserción del Gobierno.

También el Ejecutivo de Rajoy, en contacto con el Gobierno vasco de Patxi López, está dispuesto a superar las críticas de los sectores más radicales a los encuentros entre presos de ETA, recluidos en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava), y víctimas del terrorismo.

Tras algunas dudas, ha programado para septiembre reuniones entre el exdirigente de ETA, hoy apartado de ella, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y el presidente de la Asociación de Víctimas de Andalucía, Joaquín Vidal. Asimismo, entre el preso etarra Antonio Carmona y dos de sus víctimas (Rosa Rodero, viuda del mando de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, y Leonor Regaño, viuda de un artificiero de la policía). A su vez, Fernando de Luis Astarloa se reunirá con una hija de Juan José Uriarte, taxista asesinado por él en marzo de 1985 y hermano del que fuera obispo de San Sebastián Juan María Uriarte.

El Ejecutivo de Rajoy, animado por el PP vasco, trata de dar pasos discretos que no levanten recelos ni críticas. Pretende un equilibrio entre las concesiones dentro de una estricta aplicación de la ley, por la vía de la reinserción individual, y el rechazo a medidas más audaces como la eliminación de la doctrina Parot, reclamada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que implicaría la libertad de unos 80 presos de ETA —más del 10% del colectivo— o el acercamiento de reclusos la banda a cárceles vascas.

La fórmula hacia la que avanza el Ejecutivo de Rajoy no tiene nada que ver con la vía irlandesa que pretendía la izquierda abertzale para ETA. No habrá salidas masivas de presos como pactaron los implicados en el proceso de paz irlandés. La fórmula del Gobierno se aproxima a la que Italia materializó con las Brigadas Rojas: Reinserción individual para los presos de ETA que cumplan las condiciones que marca la ley, tales como el rechazo de la violencia, el rcconocimiento del daño causado y pedir perdón a las víctimas.El otro límite que se ha marcado el Gobierno de Rajoy es la disolución de ETA. Insiste en que el cese definitivo, anunciado por la banda el pasado 20 de octubre, no basta para flexibilizar la política penitenciaria hasta el punto de trasladar presos de ETA a Euskadi, como pide la mayoría de los partidos vascos.