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EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Hacienda inicia el “chequeo” de las cuentas de las autonomías amonestadas

Técnicos de Montoro comienzan las reuniones con las comunidades que tienen que revisar el ajuste

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado.  Ampliar foto
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado. EFE

Los técnicos del Ministerio de Hacienda han iniciado ya su ronda de reuniones, algunas por videoconferencia, con las ocho comunidades que, según el departamento que dirige Cristóbal Montoro, pueden incumplir este año el objetivo de déficit del 1,5% marcado por el Ejecutivo.

Ante el malestar de algunas autonomías, incluso por la descoordinación en los trámites de comunicación del apercibimiento, Hacienda aclaró que no ha iniciado ningún proceso de intervención y que su intención, de momento, consiste en "chequear" la ejecución presupuestaria de esos Gobiernos regionales. Tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado jueves, ocho consejeros recibieron esa advertencia, aunque de momento, solo Extremadura, Cataluña, Murcia y la Generalitat valenciana han reconocido públicamente que están en el punto de mira de Hacienda, informa Efe.

En realidad, el aviso responde al incumplimiento de una exigencia de Hacienda. Antes de la reunión, el Ministerio había pedido a las comunidades información sobre la reordenación del sector público empresarial, la desviación presupuestaria en 2011, el grado de ejecución de los planes de reequilibrio y el funcionamiento de la llamada cuenta 409, que incluye los gastos no presupuestados. Ningún Gobierno regional contestó a los cuatro requisitos, y las ocho autonomías amonestadas solo ofrecieron datos sobre uno.

Al Gobierno preocupa especialmente la ejecución de los planes de reestructuración de las empresas públicas según lo acordado por el Consejo de Política Fiscal, porque de eso depende el cumplimiento de uno de los compromisos adoptados con la Unión Europea. Tras fijar un recorte de 514 "entes" de los casi 2.300 existentes, las comunidades habían efectuado a finales de febrero una reducción de 126. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró la semana pasada que en el último trimestre solo se habían eliminado dos entes públicos regionales, aunque desde su departamento evitaron precisar cuáles. Beteta animó a las comunidades a acelerar en este proceso.

Esta también es una de las razones que motivó la negativa del Ejecutivo a compartir con las autonomías la relajación del objetivo de 5,3% a 6,3% concedida por Bruselas. Esas exigencias provocaron la rebelión algunas comunidades que, como Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias votaron en contra. Pero incluso Administraciones del PP, como Extremadura y Castilla y León, manifestaron su rechazo a través de su abstención.

Pese a eso, fuentes de la dirección nacional del PP negaron que se vaya a producir una rebelión de algunos barones. La secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, insistió además en que pese a la demanda Monago, el Gobierno de Mariano Rajoy ha marcado unas condiciones muy concretas para las autonomías y en "esa dirección hay que trabajar". En este sentido, la dirigente popular repitió el lunes el mensaje que sobrevuela las reuniones entre Hacienda y los consejeros autonómicos desde el pasado enero: para salir de la crisis y generar confianza y credibilidad, las comunidades tienen que cumplir con la meta fijada.

Tras la reunión, Montoro ya avanzó que esta semana se iban a celebrar reuniones bilaterales. El titular de Hacienda señaló además, que si no se corrige "el desvío actual" o si los Gobiernos no comprometen a hacer "los ajustes necesarios", el Consejo de Ministros "aprobará la puesta en marcha del proceso coercitivo previsto" en el artículo 25 de la Ley de Estabilidad. Esto es, la intervención directa de una comunidad por el ministerio. Ese Consejo de Ministros está previsto que se celebre el último viernes del mes, el 27 de julio.

En cualquier caso, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, asegura que la "llamada" de Hacienda no es un toque de "atención". Lo dijo ayer, un día después de pedir públicamente una suavización del objetivo para su comunidad y de dejar claro que ya no le queda margen para recortar.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, manifestó tras la abstención que su Gobierno "está comprometido con el esfuerzo nacional de consolidación fiscal y de control del déficit y de la deuda". La abstención, en su opinión, "significó disconformidad con la revisión a la baja de los objetivos de déficit para 2013 y 2014", ha explicado, lo que supondrá el año que viene "un mayor ajuste de 230 millones de euros" a su comunidad, informa Efe.

Más duro fue el presidente de Asturias, el socialista Javier Fernández, que considera que los planes de Montoro contribuyen a cuestionar el Estado autonómico. "El Gobierno central, al mismo tiempo que pide y obtiene para toda España más flexibilidad en el objetivo de déficit, exige a los Gobiernos autónomos otra vuelta de tuerca", lamentaba ayer

El lehendakari, Patxi López, ha propuesto a todas las instituciones y a los partidos que las gobiernan un acuerdo de unidad frente a los recortes del Ejecutivo Rajoy en torno a cuatro ejes: pacto fiscal, defensa del autogobierno, mantenimiento de los servicios públicos básicos -educación, sanidad y ayudas y prestaciones a familias necesitadas- y reactivación de la economía con medidas de crecimiento y de creación de empleo, informa Isabel C. Martínez. El Gobierno de Artur Mas en Cataluña, por su parte, ya anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional los nuevos ajustes aprobados por el Gobierno el viernes pasado al considerar que vulneran las competencias de la Generalitat.

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