Gonzalo Moliner, nuevo presidente del Poder Judicial y del Supremo

Una larga guerra de poder, la extraña alianza entre progresistas y conservadores más próximos al Gobierno y el enconamiento de las asociaciones de jueces y fiscales en pie de guerra contra el ministro de Justicia han llevado a un progresista a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial.

Gonzalo Moliner será el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo. Al tercer intento y después de más de 14 horas de votaciones, los 20 vocales eligieron este martes al magistrado del Supremo, fundador de la asociación progresista Jueces para la Democracia y crítico con la reforma laboral, para cubrir el cargo que dejó vacante Carlos Dívar con su dimisión.

Por primera vez en democracia, el Consejo ha ejercido su función legal de elegir libremente a un presidente sin esperar a que el Gobierno de turno le presentara un candidato para limitarse a refrendarlo. Esta vez, había habido un trabajo previo de intensa negociación y, además, se estableció un sistema de votación por descartes, para que fuera posible que algún candidato llegara a los 12 votos precisos. Al reiniciarse este martes el pleno, el presidente en funciones, Fernando de Rosa, sometió primero a votación el nombre de Ramón Ferrándiz, expresidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Al no alcanzar los votos precisos, se puso sobre la mesa el nombre de Moliner, que obtuvo 12 votos, por cinco en contra y tres en blanco.

Las votaciones son secretas y, por tanto, es imposible saber exactamente a quién votó cada vocal. Es seguro que el elegido tuvo votos de progresistas y de alguno de los conservadores que le vieron como mal menor. También el del presidente en funciones, el conservador De Rosa, que se hubiera quedado sin vicepresidencia si se hubiera elegido a un representante de la APM. Posiblemente, los de Antonio Dorado, Concepción Espejel y Claro José Fernández, los más próximos al PP.

Entre los progresistas, apoyaron a Moliner Gabriela Bravo, Almudena Lastra, Miguel Carmona y José Manuel Gómez Benítez. Este último fue quien puso ese nombre sobre la mesa la pasada semana y uno de los más activos en los días previos para llegar a un acuerdo en torno a él. Es decir, el vocal que forzó la dimisión de Dívar con la denuncia de sus gastos es quien ha propuesto al que finalmente le sustituirá.

Miguel Carmona, progresista, defendió la propuesta por “su proyección de futuro para el resto del mandato de este Consejo, al enmarcarse en un espíritu de consenso general”. Carmona fue quien marcó el número de Moliner dentro del pleno, para que De Rosa le comunicara la elección y obtuviera su aceptación

Margarita Uría, propuesta por el PNV, también apoyó a Moliner. Lo mismo hizo Ramón Camp, propuesto por CiU. Los cinco votos en contra parecen corresponder a miembros de la conservadora APM enfrentados al Gobierno, es decir, Manuel Almenar, Pío Aguirre, Miguel Collado, Antonio Monserrat y Gemma Gallego.

Varias fuentes atribuyeron a los progresistas Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Félix Azón los votos en blanco. Sin embargo, la propia Robles aseguró a este periódico que primero votó a Ferrándiz, pero que una vez rechazado ese candidato, votó luego a favor de Moliner, por entender que era un candidato de prestigio y consenso que permitía desatascar la crisis institucional.

Inicialmente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, era partidario de no nombrar ahora presidente alguno, pero una vez puesto en marcha el proceso lo que quiso evitar es que fuera Ferrándiz, a pesar de ser un magistrado conservador. Ferrándiz era patrocinado por Robles y Manuel Almenar, entre otros, como candidato de confrontación con el ministro y radicalmente opuesto a la reforma del Consejo que impulsa Gallardón. Robles y el conservador Almenar han sido en la práctica quienes han decidido en el Consejo en la etapa de Dívar, quien prefirió ejercer una presidencia representativa que dejara en manos de esos dos vocales de los dos sectores las decisiones. Por eso, aunque parezca paradójico, una vez perdida la batalla para mantener a De Rosa, Gallardón veía bien a Moliner. Su voluntad, en confluencia con la de conservadores próximos a él y de progresistas como Gómez Benítez; Carmona y Bravo, entre otros, era evitar a toda costa que ganaran Robles y Almenar. “Que no ganaran los pirómanos”, resumen fuentes del Gobierno.

Moliner, a ojos del Gobierno, representa un mal menor y una posición moderada, opuesta a la reforma del Consejo, pero dispuesto a negociar y buscar acuerdos. Hay que tener en cuenta que la lucha de poder desatada tras la dimisión de Dívar se produce en el momento en el que todas las asociaciones de jueces y fiscales han hecho un insólito comunicado en el que se rechaza el proyecto de Gallardón, se oponen al recorte de salarios públicos y se anuncia el estudio de una huelga en la Administración de justicia.

Ese carácter moderado quedó de manifiesto este martes en sus primeras declaraciones, en las que negó que el ministro de Justicia esté desmantelando el Poder Judicial y aseguró que no son “convenientes” los paros anunciados por las asociaciones de jueces y fiscales ante los recortes del Gobierno.

La reforma de Gallardón reduce las funciones del Consejo para que los vocales dejen de tener dedicación exclusiva. Ha sido rechazado por todos los sectores judiciales y significativamente los más opuestos y radicales son los conservadores de la APM. El ministro ha mantenido ya contactos con el PSOE para lograr un consenso. Para eso ha aparcado la propuesta programática de elección judicial de los vocales y tiene previsto enviar en los próximos días a las asociaciones la propuesta. Gallardón aseguró este martes que “no hay ni una sola de las competencias” del Consejo que pasen al ministerio en la nueva.

Moliner, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se ha pronunciado públicamente en contra de la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Incluso apuntó la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, por entender que choca con la Constitución.

Gabriela Bravo seguirá en principio como portavoz del Consejo. Este cargo ha estado sobre la mesa en las negociaciones para recabar apoyos en los últimos días, pero la solución de Moliner deja a salvo a Bravo quien, además, es vista con buenos ojos por el Gobierno, pese a ser progresista.

La guerra no ha acabado, porque los vocales Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán hicieron pública una nota en la que mostraron su satisfacción por la elección de Moliner y señalaban que antes de las votaciones el pleno había acordado un programa de trabajo con el que defender la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y el Consejo emitió poco después un comunicado en el que se asegura que “ni en las reuniones mantenidas durante la pasada semana ni en la reanudación de hoy se ha acordado programa de trabajo alguno y, en consecuencia, no se ha exigido al candidato elegido para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial ningún compromiso previo”.

Este Consejo acaba su mandato en septiembre de 2013, salvo que en esa fecha los dos principales partidos no alcancen un pacto para su renovación. Los vocales no pueden ser legalmente renovados, pero el presidente sí, aunque parece casi imposible que Moliner pueda ser reelegido.

Ahora, con mayoría absoluta del PP en las Cortes, habrá dos instituciones del Estado presididas por progresistas: el Tribunal Constitucional, con Pascual Sala, y el Consejo, con Moliner.