ANÁLISIS
Tribuna
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Decisión unilateral

Lo más relevante del comunicado de ETA es su reafirmación, casi nueve meses después del 20 de octubre, de su decisión de cesar definitivamente el terrorismo. Una decisión que fue unilateral, no pactada, fruto de la presión policial, judicial, internacional, social —se cumplen 15 años de la enorme movilización de Ermua, convocada por el Pacto de Ajuria-Enea— y, al final, de su propio brazo político. Y que al ser unilateral ni obligaba al Gobierno anterior ni a este a asumir contrapartidas.

Otra cosa es que por razones de Estado, el Gobierno decida, confirmado el cese definitivo de la violencia, eliminar las medidas excepcionales que adoptó cuando el terrorismo etarra estaba activo. Medidas que afectan, sobre todo, a los presos de ETA, clave en la gestión del final del terrorismo.

Pero la banda, tras el cese definitivo de su terrorismo, y la izquierda abertzale, tras el rechazo expreso de la violencia etarra en sus estatutos, lo que le ha facilitado su legalización, tienen aún tareas pendientes. Tareas que pasan por el reconocimiento del injusto daño causado a las víctimas y por lograr que los presos etarras asuman la legalidad y la reinserción individual para obtener beneficios penitenciarios, como los demás reclusos.

El establecimiento de un canal de comunicación con ETA, aunque sea indirecto, como le han pedido al Gobierno de Rajoy el Ejecutivo vasco, el PNV y el PSE, facilitaría las cosas.

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