Gallardón ya no exige que los jueces elijan directamente el Poder Judicial

Era el asunto central de la gran reforma de la justicia que promovía el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Pero de momento ha dado un paso atrás, aunque no parece definitivo. El Gobierno apostó desde su formación por cambiar radicalmente la forma de elegir a los 20 miembros del Poder Judicial. Apostaba, como se hacía en los 80, por dejar que sean los jueces quienes elijan directamente a 12 de los 20 miembros del Poder Judicial. Los otros ocho tienen que ser designados por el Congreso y el Senado porque así lo señala la Constitución. La elección directa supondría que los conservadores, muy mayoritarios entre los jueces, prácticamente siempre controlarían el Poder Judicial. Por eso el PSOE se opone radicalmente. Pero Gallardón ha anunciado hoy que el Gobierno, para intentar buscar un gran acuerdo en este asunto con los socialistas, está dispuesto a estudiar cualquier fórmula y ya no pone encima de la mesa esa de elección directa por los jueces. Gallardón ha insistido en que el Gobierno quiere negociar y lograr un gran acuerdo. "Lo de hoy solo es un estudio que se convertirá en anteproyecto y será sometido a un diálogo parlamentario y que esperamos aprobar con el máximo consenso posible entre partidos", ha reiterado Gallardón horas más tarde en el campus FAES, informa Francesco Manetto.

Aunque no lo ha dicho expresamente, parece evidente que el Ejecutivo intenta recuperar la malograda imagen del Poder Judicial después de la dimisión de Carlos Dívar. Aún así, si la negociación no funciona, es muy probable que el Ejecutivo finalmente imponga su mayoría absoluta para cambiar la forma de elección del Poder Judicial y dejarla en manos de los jueces.

Gallardón sí ha anunciado reformas concretas en otros aspectos del Poder Judicial que se llevarán a cabo en los próximos meses –ha hablado de octubre-, porque de momento el Consejo de Ministros solo ha estudiado un informe de una Comisión de Expertos que el Gobierno asume. Por ejemplo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo deberá ser un magistrado de sala del Supremo con al menos tres años de antigüedad o 25 años de experiencia. Gallardón ha explicado que el cambio es para asegurar "la excelencia" del cargo. El ministro, además, ha asegurado que los viajes internacionales de los vocales del CGPJ deberán ser coordinados con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La modificación de la ley recoge también la creación de la figura de vicepresidente del Supremo, que no formará parte del Consejo General del Poder Judicial. La idea es que no se vuelva a tener una situación de interinidad tanto en el Consejo como en el Supremo que, tras la dimisión de Carlos Dívar, están presididos por dos personas distintas. La reforma conlleva además un cambio en el sistema de mayorías para la toma de decisiones que, en su mayor parte, serán adoptadas por mayoría simple. También se modifica el sistema de sanciones y será un "promotor de acción de la justicia" el que elevará la propuesta de sanción a la comisión disciplinaria.

El ministro ha asegurado que el nuevo jefe de los jueces será el único miembro del Consejo con dedicación exclusiva, mientras que los otros 20 vocales deberían seguir con su actividad principal. Los vocales compaginarán su cargo con su función jurisdiccional o su profesión, ha subrayado el ministro. Su remuneración será mediante el cobro de dietas. Según Ruiz-Gallardón este cambio provocará un mayor número de candidatos a ocupar uno de estos puestos. Tras el desprestigio causado por el escándalo del caso Dívar, también se van a cambiar los sueldos, los gastos y la dedicación. Ahora el presidente del Poder Judicial cobra 130.000 euros anuales y cada uno de los 20 vocales, 112.000. El CGPJ estará sometido a la Ley de Transparencia. A partir de esta reforma solo el presidente cobrará un sueldo y los otros 20 miembros del Poder Judicial unas dietas. Además, se reducirán mucho las comisiones y todos los gastos estarán sujetos a la Ley de Transparencia y los viajes controlados por el Ministerio de Asuntos Exteriores.