El reinado de Bildu, año primero

Las heridas siguen abiertas porque estos que ahora ocupan el poder son los que nos señalaban y pasaban información sobre nosotros, pero la tensión se ha rebajado mucho. De vivir con miedo y hasta con pánico hemos pasado a cierta tranquilidad”, indica Patxi Elola, concejal del PSE de Zarautz (Gipuzkoa). “El Ayuntamiento se ha gastado en un año 4 de los 12 millones de euros que nosotros dejamos en caja. No tienen experiencia, se les ve perdidos en la gestión, sin iniciativas. No buscan subvenciones, ni financiación exterior. Por lo visto, piensan que el dinero de Madrid vale menos y que como en el de Vitoria está el PSOE, tampoco merece la pena intentarlo”, comenta Jon Redondo, concejal del PNV de Orio y anterior alcalde de ese municipio guipuzcoano.

Un año después de su asalto, electoral, al palacio de invierno de la Diputación de Gipuzkoa y a un centenar de Ayuntamientos, incluido el de San Sebastián, el reinado institucional de Bildu, el mayor alcanzado por la antigua Batasuna en su historia, transcurre con más pena que gloria, entre la indiferencia, el desdén o la irritación mayoritaria. Si no fuera por la falta de iniciativa, la parálisis total en las grandes infraestructuras y la simbología política de sus nuevos gobernantes, la vida en Bildulandia, Bilducracia, Bildustán —expresiones que han hecho fortuna para referirse a la Gipuzkoa gobernada por la izquierda abertzale— podría ser asimilable a la de cualquier otro ámbito institucional y territorial.

La mecánica administrativa y los servicios municipales funcionan por sí mismos, y si San Sebastián está algo más sucia es por los ahorros a los que obliga la crisis. Una viva polémica sobre el método de recogida de basuras, denominado puerta a puerta, que Bildu se propone aplicar en todos los municipios bajo su control y que obliga a separar los residuos y señalar la familia de procedencia, ha venido a entreverar agriamente el consabido cruce de perspectivas entre Gobierno y oposición. La novedad estriba en que las fuerzas opositoras están movilizándose con recogidas de firmas y concentraciones en un ejercicio de desafío a la gestión de la izquierda abertzale.

Frente a las acusaciones de radicalidad, la Diputación guipuzcoana hace un balance triunfante y positivo

Es viernes por la mañana en Mondragón (Gipuzkoa), cuna de las cooperativas industriales vascas y feudo tradicional de la antigua Batasuna. A la entrada del mercadillo de la plaza de Udalpe, cuatro jóvenes piden firmas contra el propósito de la alcaldía de aplicar el modelo de puerta a puerta. Han instalado un par de mesas y paneles con fotografías que muestran bolsas de basura colgando de ganchos fijados en las fachadas de las casas. Puerta a puerta-Atez atekoa, stop, es el lema de la campaña y el que da nombre a la plataforma ciudadana que la promueve. “A ver, a ver si les paramos con las firmas”, comenta una mujer de mediana edad que acaba de estampar su firma bajo su DNI. “Llevamos recogidas más de 4.000 adhesiones y ahora que se han sumado grupos del sector nacionalista seguro que superamos los 8.000.

No está mal para una población de 22.000 personas”, explica un joven de complexión fuerte, pelo corto y barba de varios días. Óscar García tiene 33 años, es cooperativista de Fagor Ederlan y portavoz de la plataforma. Dice que el pueblo está respondiendo muy bien, “quitando a los que nos llaman hijos de puta, vendidos o fascistas. No asimilan que la gente está poco a poco despertando y empieza a perderles el miedo”, dice. No parece el caso de Zizurkil, una población de 2.800 almas también gobernada por Bildu. “Aquí nos pasamos los papeles para la firma como si estuviéramos trapicheando con algo ilegal. La gente todavía no les ha perdido el miedo”, afirma un comerciante local. Contra la declarada vocación batasuna por la fórmula del referendo, el Ayuntamiento de Mondragón no piensa convocar una consulta popular sobre el asunto. “No es ético plantear una alternativa, como la de la incineradora, que pone en peligro el medio ambiente y la salud de los ciudadanos”, indica el alcalde Inazio Azkarragaurizar, de Bildu.

Pese a la euforia institucional, Bildu tiene su mirada puesta en la excarcelación de los presos de ETA

Frente a las acusaciones de radicalidad y falta de rumbo, la Diputación guipuzcoana hace un balance triunfante, positivo y provechoso, pero todo tiene un aire convencional, el sello habitual de la impostación y exageración política. En el universo político de la izquierda abertzale, tan descalificador y exigente con los demás, la percepción de que su gobernanza es ordinaria y gris supone la constatación del fracaso. Con todo, conviene tener en cuenta el carácter antisistema y la concepción instrumental de las instituciones de esta formación que solo pone en la cesta de la gestión una parte de sus activos. Vienen de combatir y parasitar al sistema y no pueden aceptar que la sagrada causa independentista-socialista quede hipotecada a las servidumbres de la actividad institucional. Para ellos, se trata de combinar y complementar los planos dentro-fuera, servirse de los organismos públicos para ganar estructura, cuerpo social y electoral, imponer su relato, su orden de valores.

Las siglas ETA no han sido declaradas material de desecho. Siguen siendo una referencia a proteger de la condena, un talismán, quizá, sobre el que construir el futuro relato de la “liberación nacional”. Y es que, más que el desenlace de un proceso de depuración moral, la “conversión” de Batasuna ha sido un asunto de coste-beneficio. “Una de sus primeras medidas fue quitar los carteles que decían Zarautz, pueblo sin pena de muerte. ETA No”, señala Patxi Elola. Las carteladas y grandes pintadas a favor de los presos están reapareciendo profusamente.

Juan Karlos Izagirre, alcalde de San Sebastián, ciudad en la que ETA asesinó a un centenar largo de ciudadanos, subvenciona con 9.000 euros una película sobre los presos de ETA, cede el palacio de Aiete y costea los movimientos de Brian Currin y al resto de mediadores internacionales de Batasuna, pero no convoca al Foro de Víctimas del Terrorismo, que preside formalmente. Los guiños a los presos —el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, acostumbra a portar un pin con el número carcelario del pretendido Mandela blanco, Arnaldo Otegi— se combinan con actos institucionales como el homenaje del Ayuntamiento de Lasarte a Aiora Zulaika, payasa profesional y exconcejala de ese consistorio que se negó a condenar el asesinato de un compañero de corporación, el socialista Froilán Elespe.

La Diputación ha creado una lista de ciudadanos que desean recibir sus comunicaciones exclusivamente en euskera

El poder que Bildu ejerce en un centenar de municipios vascos y 17 navarros es una plataforma inmejorable para el blanqueo del pasado terrorista y la creación de un relato mistificador que les exonere de culpa ante la historia. Porque, pese a la euforia institucional que viven, Bildu tiene su mirada puesta en la negociación y la excarcelación de los presos de ETA, en los problemas internos que les genera la ralentización del proceso. Tampoco su patio doméstico es una balsa de aceite.

A caballo entre los dos planos, Martín Garitano inaugura un nuevo tramo de la autovía Beasain-Bergara invocando la necesidad de “vertebrar” Euskadi, al tiempo que mantiene su rechazo al tren de alta velocidad que comunicará a las tres capitales vascas. Los Gobiernos de Gipuzkoa y de San Sebastián se han sumado a las huelgas generales e incluso a la llevada a cabo en la Administración pública, de la que son patrones. Por supuesto, también la bandera de España entra en el juego gestual. Llegado el caso, se la deja ondear en la fachada del Ayuntamiento, como marca la ley, aunque deshilachada: esa imagen es el mensaje. Si hay denuncias, se la coloca junto al resto de las enseñas a ras de suelo y al alcance de cualquiera que considere a la rojigualda una provocación insoportable.

“Están más ocupados en la soberanía nacional que en los municipios y no parece preocuparles la reducción del número de congresos”, apunta Ramón Gómez, concejal donostiarra del PP. Lejos de la avalancha de visitantes que se produjo en las pasadas treguas, el turismo en San Sebastián ha registrado un descenso acusado en contraste con lo ocurrido en el resto de Euskadi. Los ingresos por el turismo suponen la cuarta parte del PIB de la ciudad.

El turismo en San Sebastián ha registrado un descenso acusado en contraste con lo ocurrido en Euskadi

La atmósfera política continúa siendo más espesa y avinagrada a medida que uno se aleja de los grandes escaparates institucionales y se adentra en la provincia. “Ya no siento la amenaza del tiro en la nuca, pero tengo que seguir soportando que me insulten. En marzo, el público que asistía al pleno municipal me llamó asesina porque me negué a pedir la puesta en libertad de los dos etarras que acababan de ser detenidos en el pueblo”, se lamenta Asun Guerra, concejal del PP en Andoain.

Tampoco el balance del plan social de la Diputación guipuzcoana —“invertiremos en las personas”, que decían— es como para sacar pecho. Aquella larga batería de medidas, 101, llamada a alumbrar nuevos caminos y formas de hacer política se ha quedado en gran medida en agua de borrajas, empantanada en los imponderables de la realidad o pendiente de ejecutar por falta de presupuesto. No han llevado a cabo su proyecto estrella: el subsidio de la renta básica de la ciudadanía de carácter “universal, individual e incondicional”, pero al menos van a aplicar un complemento de las pensiones mínimas. Las ayudas a los parados, el fin de las listas de espera, la erradicación de la pobreza y el resto de medidas destinadas a desplegar la política social “con mayúsculas”, que rezaba la propaganda bilduliana, permanecen en el capítulo de las buenas intenciones. De exigir en la oposición la retirada de los peajes de autopista han pasado a tratar de imponer durante el verano un incremento tarifario de 50 céntimos para los usuarios no habituales.

Una crítica común de la oposición es que Bildu solo gobierna para su electorado, como si su acceso al poder se hubiera producido por la aplicación automática de los resultados electorales y no por su pacto con el PNV y la incapacidad de la oposición para forjar una alternativa. Aunque cuenta con 8 de los 27 ediles donostiarras y con 22 de los 51 junteros guipuzcoanos —de ahí lo excesivo del término Bildulandia y semejantes—, la coalición formada por la antigua Batasuna, los restos de EA y el grupúsculo Alternatiba se niega a cumplir mociones aprobadas sin sus votos y soslaya o ignora los planteamientos mayoritarios. “En el gobierno, hacen de su capa un sayo”, “lo suyo es imponer”, “llevan el autoritarismo en su ADN”, reiteran los opositores a Bildu.

La coalición ha acordado con el PNV la prolongación del presupuesto de San Sebastián, y con el PSE, el aumento de las tasas, pero es evidente que ni el pacto ni el respeto a la pluralidad están en su cultura. Los nuevos gestores mantienen hacia el español y lo español una actitud mental refractaria. La presencia cultural de lo español se reserva para el caso de que resulte ineludible o como referencia pintoresca que refuerza la distancia, la diferencia, la exclusividad. Así, la Diputación ha creado un listado de ciudadanos que desean que sus comunicaciones con las instituciones se hagan exclusivamente en euskera y ha dado dinero a la ikastola Lodosa (Navarra). Vuelve “lo de aquí”, la trikitixa, el bertsolarismo y el rock radikal vasco tan cultivado por los adoradores de ETA. Se instala la mirada endogámica en una ciudad que a lo largo de su historia ha hecho valor de su cosmopolitismo y liberalismo.

“Están haciendo que Gipuzkoa se hunda, pero lo que me parece particularmente grave es que el primer diputado general de la izquierda abertzale no haya hecho nada en materia de pacificación o normalización”, reprocha Rafaela Romero, juntera del PSE. Aunque en su campaña electoral pidió un vendaval de votos para asentar el proceso de paz, Martín Garitano dice que ETA ya ha dado los pasos que debía dar y que no es imprescindible que se disuelva y entregue las armas. Eso sí, aboga por el acercamiento inmediato de los “prisioneros políticos vascos” y su excarcelación progresiva hasta que no quede ninguno entre rejas. “El pasado, pasado. Hay que mirar al futuro con grandeza política y amplitud de miras. No soy partidario de que haya vencedores y vencidos”, ha declarado.

Garitano inaugura un tramo de la autovía Beasain-Bergara al tiempo que rechaza el tren de alta velocidad

Otro de los elementos con que la oposición PNV, PSE y PP caracteriza a los nuevos mandatarios es su adanismo, la creencia de que nadie antes se había enfrentado a los problemas que han descubierto al llegar al poder. La negativa a construir el suburbano o la pasarela de Monpás, destinada a prolongar el litoral urbano donostiarra, que contaba con una subvención del Gobierno central de nueve millones de euros, y el rechazo a la ubicación de la nueva estación de autobuses se complementan con la falta de alternativa a los proyectos de regeneración de la bahía de La Concha, la falta de propuestas socioeconómicas, la inexistente relación con la patronal.

El “lo estamos estudiando” inicial se ha convertido en un sonsonete que deja al descubierto la falta de programa. Bildu es contrario al copago en los servicios públicos y rechaza los recortes salariales y las ayudas directas a las empresas. Salvo en el terreno fiscal, donde tienen muy claro el aumento del IRPF y el impuesto de sociedades, da la impresión de que el resultado electoral les quedó demasiado grande. Ante la escasa visibilidad de su gestión y esa imagen de gobernanza chata y sin relieve que transmite, Bildu ha hecho de las basuras el tótem sagrado. Es lo que les permite estar en boca de todos y satisfacer a ese mundillo que se reivindica ecologista y que tan poco crítico se mostró cuando ETA atentaba contra personas y empresas.

El problema es que el puerta a puerta (“económico, ecológico, eficaz”, según Bildu; “sucio, antiestético, engorroso, caro e ineficaz”, como lo tilda a coro la oposición) anula un proyecto de incineradora comprometido institucionalmente tras largos años de estudios y ensayos. Eso significa que, además de perder las subvenciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI), los guipuzcoanos tendrían que pagar en compensaciones e inversiones fallidas más de 100 millones por la paralización del proyecto. Encelado como está en la aplicación de su método, Bildu corre el riesgo de verse superado por la creciente contestación ciudadana. El puerta a puerta obliga, bajo sanción, a separar los residuos de acuerdo con una exigente clasificación de cinco tipologías de materias. El Ayuntamiento fija para cada una de esas materias sus correspondientes días y franjas horarias de recogida. Cada vivienda dispone en la fachada de la casa o en los denominados “árboles de basura” (estructuras verticales sobre la acera) de perchas en las que colgar la bolsa con el tipo de residuo correspondiente a ese día.

Ahí, precisamente, está enterrando la otra gran bandera con la que acudió a las elecciones: la participación popular. Confrontada a una resistencia creciente, con recogida de miles de firmas en Zarautz, Mondragón y Oñati, Bildu se niega a consultar a la población. Lo suyo son las asambleas de afines para informar y debatir sin grandes incertidumbres. “Todo eso de que representaban la participación y la transparencia se ha quedado en palabrería. Tenemos que andar detrás de ellos para enterarnos de los pagos que hicieron cuatro meses antes”, señala Jon Redondo.

La anulación del proyecto de incineradora está colmando la paciencia de un empresariado guipuzcoano ya irritado con la parálisis de la iniciativa pública y el aumento de la presión fiscal. De ahí, quizá, que el PNV haya sumado esta vez sus votos a los del PSE y PP para reprobar y destituir al diputado foral responsable de las basuras, Juan Carlos Alduntzin. ¿Y por qué no remover al propio diputado general y a los Gobiernos de Bildu si su gestión es tan desastrosa como aseguran, si Gipuzkoa ha perdido un año entero y se arriesga a hipotecar su futuro?

De momento, el PNV prefiere no descabalgar a Bildu del poder institucional guipuzcoano. Puede que confíe en el desgaste que supone administrar en tiempo de penuria, aunque, por lo general, la mala gestión tarda en mostrarse, pasa factura en el medio plazo. Sortu-Bildu bien podría perder en dos o tres años en la sartén de la crisis el apoyo de esa parte del electorado que le premió por haber emitido el certificado de defunción del terrorismo.