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El Gobierno impulsa la reinserción de etarras con otra libertad condicional

Diaz Urrutia será el tercer preso en culminar la ‘vía Nanclares’ con su excarcelación

Joseba Andoni Diaz Urrutia.
Joseba Andoni Diaz Urrutia.

En medio de los rifirrafes del Gobierno con la izquierda abertzale, las amenazas de ilegalización del Ejecutivo y la reunión del líder del PNV, Iñigo Urkullu, con Mariano Rajoy, que versó fundamentalmente sobre la política penitenciaria del Gobierno, los pasos para los presos de la vía Nanclares —apenas una veintena de los 500 reclusos de la banda en cárceles españolas— siguen adelante. Joseba Andoni Diaz Urrutia, al que el Ministerio del Interior concedió en abril el tercer grado penitenciario (el segundo otorgado por el Gobierno del PP), logrará esta semana la libertad condicional.

Será el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, el que tome la decisión definitiva, pero es Instituciones Penitenciarias quien tramita el expediente de la libertad condicional —lo habitual tras la concesión del tercer grado— y quien hace la recomendación de libertad, como ha ocurrido en este caso. El expediente se remitió al juzgado hace semanas.

Diaz Urrutia, sin delitos de sangre, cumple pena en estos momentos en la nueva cárcel de Zaballa (Álava), pero lleva en prisiones vascas desde junio de 2011, cuando fue trasladado a la clausurada Nanclares de Oca después de romper definitivamente con ETA. En octubre de 2011 se le aplicó el artículo 100.2 del reglamento penitenciario que le permitía salir de prisión de lunes a viernes para estudiar o trabajar por haber cumplido con los requisitos que exige la ley a los presos por terrorismo: pedir perdón a las víctimas y rechazar la violencia. En su caso, no fue necesario que cumpliera otra de las exigencias, la de hacer frente a las indemnizaciones civiles, porque no tiene víctimas directas.

El recluso fue condenado a seis años y nueve meses de cárcel el 19 de noviembre de 2007 por la Audiencia Nacional en el caso Ekin, instruido por el exjuez Baltasar Garzón. Diaz Urrutia, antiguo miembro de KAS, fue sentenciado por formar parte del sistema de financiación de ETA. Era socio de Ganusmar, una empresa de exportación de bacalao a Cuba de la que formaban parte como apoderados dos exiliados de la organización en ese país. La sentencia acusaba al preso de haberla puesto a disposición de KAS y, por tanto, de la banda.

Diaz Urrutia será el tercer preso que culmina la denominada vía Nanclares con la obtención de la libertad condicional. El juez de vigilancia de la Audiencia ya se la concedió el 7 de mayo a Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares. La fiscalía de ese tribunal, sin embargo, recurrió esa decisión para que se les impusiera la prohibición de acercarse a Bilbao. El recurso se presentó, sorprendentemente, en contra de la posición de Instituciones Penitenciarias —es decir, de Interior—, que no había pedido al juez esa restricción. El fiscal tampoco había pedido el alejamiento en los pasos anteriores: ni cuando tuvieron permisos penitenciarios ni cuando accedieron a la semilibertad. En el caso de Diaz Urrutia, al no haber víctimas directas, no podrá producirse la misma situación.

La vía Nanclares, convertida ahora —con algunos matices— en el nuevo plan de reinserción de presos del Ministerio del Interior anunciado a finales de abril, no avanza. Desde que ETA anunciara el cese de su actividad armada el pasado octubre, ningún otro preso de la organización se ha separado de la misma. El líder del PNV, Iñigo Urkullu, pidió precisamente anteayer al presidente Rajoy que de algunos pasos adelante en materia penitenciaria. Tanto el PNV como el PSE piden, en concreto, acercamientos selectivos de presos a prisiones vascas para favorecer la reinserción.

Por otra parte, agentes de la policía detuvieron ayer en Bilbao a Maialen Zuazo, condenada a siete años de cárcel por colaboración con organización terrorista por la Audiencia Nacional y en libertad bajo fianza de 60.000 euros desde noviembre. Los agentes la arrestaron para conducirla a prisión, después de que el Supremo confirmara su sentencia.