Rajoy camina por el filo de la navaja

Mariano Rajoy camina sobre el filo de la navaja en la gestión del final de ETA. Mientras ministros y dirigentes del PP amenazan con la ilegalización de Sortu, tras el reconocimiento de este partido por el Tribunal Constitucional, el asunto ni siquiera se trató en el encuentro que el presidente mantuvo con el líder del PNV, Iñigo Urkullu. Es más, Urkullu recordó cómo el PP tuvo la oportunidad de promover la ilegalización de la izquierda abertzale cuando UPyD la planteó en el Congreso hace unos meses, y se negó.

Estamos, por tanto, ante fuegos de artificio, aunque tampoco viene mal que el PP avise a la izquierda abertzale de que algunos comportamientos del pasado le pueden crear problemas con la ley.

La clave de la situación está en que Rajoy mantiene que la declaración del cese definitivo de la violencia de ETA del 20 de octubre marca un tiempo nuevo. Ahí radica su complicidad con Urkullu sobre la gestión del fin de la banda. Pero Rajoy no es resolutivo. Al contrario que Urkullu, pero a este le sirve de poco porque las llaves de las cárceles las tiene Rajoy.

La falta de resolución de Rajoy se explica en que no tiene una presión de la opinión española en esa dirección. Más bien, al contrario. Cada paso que da, por modesto que sea —como el rechazo a la ilegalización de la izquierda abertzale o el anuncio de un plan de reinserción de presos de ETA— le abre un agujero en su electorado. Le salta parte de la derecha política y mediática y algunas élites de asociaciones de víctimas del terrorismo, que han pasado de defender los derechos de las víctimas a convertirse en un lobby de presión política sobre el Gobierno. Y Rajoy bastante tiene con la crisis económica como para abrirse nuevos frentes.

Urkullu tiene la presión de la opinión vasca, opuesta a la del resto de España. Una encuesta de la prensa vasca, del lunes, a la que ayer aludió el líder del PNV, señalaba que una amplia mayoría de vascos apoya el acercamiento de los presos a las cárceles de Euskadi, que tengan beneficios penitenciarios y que el Gobierno abra un diálogo con ETA para consolidar el fin del terrorismo.

La gran mayoría de los partidos vascos, empezando por el PNV y el PSE, cree que no habrá disolución de ETA mientras no exista una hoja de ruta para sus presos, y eso es muy difícil sin un contacto entre el Gobierno y la banda. Es lo que Urkullu insinuó ayer que pidió a Rajoy que hiciera para consolidar el cese de ETA, de cuya irreversibilidad no duda el líder del PNV. Pero no obtuvo compromisos concretos.

Es difícil que el Gobierno esté dispuesto a dar un paso de esa magnitud, al menos antes de las elecciones vascas. Al contrario, en su discurso juega al voluntarismo de que va a forzar la disolución de ETA por la vía de la actuación policial.

Es ahí dónde Rajoy y Urkullu discrepan. Pero tampoco quieren exhibir sus diferencias para no favorecer a la izquierda abertzale. Al contrario, tratan de buscar complicidades por la vía de los “pasos lentos” de Rajoy. Pero ¿Rajoy será capaz de “dar pasos, aunque sean lentos”, con la presión que tiene y la que está cayendo? Y si no es capaz, ¿no hay riesgo de un peligroso choque de opiniones a medida que pasa el tiempo?