Interior ve indicios para ilegalizar Bildu si financia un documental de presos etarras

El Gobierno está dispuesto a mantener la presión sobre la izquierda abertzale aun con Sortu legalizada por el Tribunal Constitucional y el Ayuntamiento de San Sebastián, de Bildu, le ha puesto en bandeja la primera posibilidad concreta. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, exigió este lunes al consistorio que encabeza Juan Karlos Izagirre que anule la subvención de 9.000 euros a un documental sobre cinco presos de ETA que aprobó el pasado viernes. En esa decisión, Fernández aprecia “claros indicios de incurrir” en una posible ilegalización, que sería sobrevenida en el caso de la coalición.

Para ello se apoya en el 15º y penúltimo fundamento jurídico del fallo sobre Sortu, que fija una serie de conductas que pueden llevar a su ilegalización. Entre ellas figura “el ensalzamiento de los autores de acciones terroristas, o su presentación como víctimas o héroes”, especialmente si es autorizado o tolerado por una institución. “No nos va a temblar el pulso” para pedir que esos fundamentos se establezcan también para Bildu, asegura el ministro en una nota oficial que su departamento difundió menos de dos horas después de que el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, apuntase en esa misma dirección en una entrevista en ETB.

Para el ministro del Interior, "Bildu puede estar incumpliendo ese fundamento de la sentencia que establece claramente las conductas por las que se puede ilegalizar un partido político. No lo vamos a permitir. La sentencia hay que acatarla en su totalidad y no nos va a temblar el pulso para pedir que esos fundamentos jurídicos elaborados para Sortu se establezcan también para Bildu", ha zanjado Fernández Díaz.

“De momento es un toque de atención y una advertencia para que se tienten la ropa y marcarles las líneas rojas”, coinciden fuentes de Interior, de los populares vascos y de la dirección de Génova. Es decir, no hay intención de poner ya en marcha un proceso de ilegalización contra Bildu, pero se van acumulando pruebas para que un momento determinado pudiese, en su caso, actuar la fiscalía. De entrada, el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, ya ordenó el mismo viernes a la Abogacía del Estado que recurra por la vía de lo Contencioso el acuerdo de conceder la ayuda.

Otras fuentes populares incidieron en que la subvención podría vulnerar también la ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo y la propia sentencia del Constitucional que legalizó a Bildu en mayo del año pasado y permitió su presentación a las elecciones municipales y forales de ese mes.

Izagirre ha recurrido para la subvención, de la que el 70% se pagaría de inmediato y el resto, tras justificar documentalmente en la primera quincena de octubre la realización del filme y varios aspectos del proyecto, a una partida del presupuesto local que permite subvencionar eventos culturales extraordinarios. Al tener este carácter y ser además nominal, la asociación cinematográfica Zinez, responsable del filme, no ha tenido que presentarse a una convocatoria pública para lograr la subvención.

Dos fuentes de la oposición municipal indicaron que el alcalde intentó en un primer momento tener “el paraguas” para la ayuda de la comisión municipal de Derechos Humanos, optando al final por defenderla por su promoción de la cultura y del euskera.

Izagirre consideró este lunes“totalmente exagerada y fuera de lugar” la reacción de Interior y recalcó su intención de mantener la ayuda. “Se está saliendo de madre un asunto que no tiene mayor importancia”, añadió.

Barrura begiratzeko lehioak (“Ventanas al interior” en castellano), título del proyecto, es un largometraje documental realizado por cinco directores (Mireia Gabilondo, Enara Goikoetxea, Txabe Larreategi, Josu Martinez y Eneko Olasagasti) sobre otros tantos reclusos de la banda, calificados por el alcalde en el texto del acuerdo para la concesión de la subvención como “presos políticos”.

Cuando sus promotores lo presentaron en diciembre pasado, no concretaron los nombres de los presos y es dicho texto del acuerdo el que especifica que uno de ellos es Mikel Albisu, Mikel Antza, máximo dirigente político de ETA cuando fue detenido en Francia en octubre de 2004. En el país vecino cumple una condena de 20 años como dirigente de una banda terrorista. ETA le designó hace dos meses uno de los seis miembros de su colectivo oficial de presos (EPPK), que serían responsables de una hipotética negociación con España y Francia.