De la angustia al desamparo

Primero fue de la preocupación a la angustia. Ahora, de la angustia a la sensación de desamparo. Ese es el camino que en estos últimos meses ha recorrido el estado de ánimo ciudadano. En un momento en el que, mayoritariamente, los españoles dicen sentirse angustiados por la situación económica —del país y la suya personal— y pesimistas con respecto a la evolución esperable de los acontecimientos, ni las principales instituciones nacionales ni la clase política en su conjunto están sabiendo transmitirles seguridad y sosiego. Por un lado, y según el sondeo de Metroscopia, dos de cada tres españoles afirman que, en conjunto, nuestras principales instituciones no están sabiendo dar la talla en la actual coyuntura. Esto podría no resultar excesivamente inquietante, ya que la experiencia acumulada enseña que cuando el estado de ánimo ciudadano decae —y ahora se encuentra bajo mínimos— lo primero que queda afectado es la confianza en las instituciones. En todas las instituciones, aunque con matices según los casos. Lo novedoso, y por ello particularmente alarmante, es que ahora este desplome de la confianza institucional se presenta acompañada de una masiva (73%) sensación de desprotección y desamparo. No solo decrece la confianza institucional, sino que aumenta la sensación de que las instituciones incumplen su principal función, que es articular, organizar y encauzar la vida social, es decir, amparar y proteger su adecuado desenvolvimiento. A medio plazo, nada puede ser más corrosivo para la buena salud de una democracia que esta creciente sensación de ineficiencia de las instituciones. De ahí a pensar que pueden ser irrelevantes y aun prescindibles solo hay un paso, un peligroso paso cada vez más cercano.

Nuestra sociedad se encuentra huérfana de liderazgo político, económico y social precisamente en medio de la peor crisis que se recuerda. Instituciones que por su carácter altruista y protector, es decir, por defender y promover el interés público y no intereses sectoriales, deberían merecer una favorable evaluación ciudadana están viendo seriamente mellado su crédito social. Es el caso, por poner un particularmente obvio ejemplo, de la justicia, que nunca ha tenido una imagen ciudadana tan negativa como ahora. Por no hablar de la Iglesia (a la cola de una lista de más de 60 instituciones) o, incluso, de la Corona, que ha visto afectado de forma sustancial en estos últimos dos años su tradicionalmente amplio prestigio. Pero el deterioro es especialmente profundo y grave en el caso de la clase política: ocho de cada diez españoles (y sin diferencias según se trate de votantes de uno u otro partido) consideran que, en conjunto, no está sabiendo estar a la altura del momento actual, ni dar la talla que requieren las actuales circunstancias. En este contexto, quienes por sus especiales responsabilidades en la gestión de los asuntos colectivos deberían ser capaces de una redoblada —y socialmente tranquilizadora— capacidad de liderazgo que a ojos de sus conciudadanos les hiciera aparecer como timoneles competentes y confiables de nuestra zozobrante nave —a saber: el presidente del Gobierno y el principal líder de la oposición—, solo están consiguiendo en cambio, semana a semana, transmitir a la ciudadanía crecientes dosis de desconfianza y recelo.

Cuando una sociedad empieza a decir que se siente desamparada, lo inaplazable es propiciar con urgencia su regeneración cívica e institucional. Urgen actitudes ejemplares y ejemplificantes. Urge que quienes detentan posiciones de responsabilidad —en el ámbito público o privado— ejerzan de forma clara la parte de liderazgo que les corresponde.

Urge que de una vez por todas se deslinden y pidan las responsabilidades de quienes hayan incurrido en ellas y se acabe con la actual sensación de que da igual lo que se haga o como se haga pues no pasa nada. Urge que una ciudadanía como la nuestra, por tantos puntos admirable, encuentre ejemplos en los que mirarse, líderes en los que reconocerse e instituciones de las que sentir amparo. Porque este profundo malestar cívico no es algo que pueda medir o reflejar prima de riesgo alguna, pero sin duda puede acabar teniendo efectos más nocivos y perdurables que aquella.

José Juan Toharia y José Pablo Ferrándiz son presidente y vicepresidente, respectivamente, de Metroscopia.