Las fosas de los republicanos fusilados en Mallorca seguirán selladas

En la isla siguen intactas hasta 44 posibles fosas: 24 en cementerios, 12 en cunetas de carreteras, cuatro en pozos y otras cuatro en playas

“La Audiencia de Palma nos ha querido escuchar, como mínimo, en nuestra exigencia de amparo y protección a las víctimas”. Maria Antònia Oliver, portavoz de Memoria de Mallorca, lo dijo el pasado día 13 de junio al salir de la vista de su demanda de auxilio judicial para poder exhumar los cuerpos de cerca de 90 republicanos fusilados a partir de la rebelión de 1936 y que fueron depositados en las dos fosas comunes del cementerio de Porreres. En la isla no ha sido excavado ningún enterramiento de esa época. Y, de momento, los tribunales cierran el camino. La Audiencia ha dicho que no ha lugar a las exhumaciones.

En apenas diez días, los tres magistrados de la Audiencia, en línea con la Fiscalía y reproduciendo los argumentos del Tribunal Supremo sobre la vigencia de la Ley de Amnistía y la estructura legal de la Transición, han rechazado la pretensión de los descendientes de las víctimas. Estos no cejarán. Se preparan para acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Audiencia hace suyos sin más los argumentos del Supremo: “El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y solo tangencialmente puede ser satisfecho”. Los jueces indican que la pretensión de memoria, "aunque razonable, no puede ser dispensada por el sistema penal".

Para los activistas sociales que vindican la dignidad de los asesinados, el Tribunal Supremo, al rechazar la vía de la persecución penal de los autores de los crímenes de 1936 a 1939 y en el primer franquismo, abrió un camino para la ayuda judicial a que los familiares puedan exhumar “los restos de quienes hubiesen sufrido muertes violentas [que] no pueden permanecer en el anonimato, ni fuera de los lugares propios del enterramiento”. El alto tribunal reconoce a los familiares el “gravamen representado por tal clase de situaciones, moral y jurídicamente insostenibles”.

Los paredones del cementerio de Porreres fueron usados por los sublevados contra la República para cometer sus crímenes. Memoria de Mallorca tiene archivados los ADN de decenas de familiares de las víctimas y cuenta con la ayuda de arqueólogos. En la isla se señalaron hasta 44 posibles fosas, 24 en cementerios, 12 en cunetas de carreteras, cuatro en pozos y otras cuatro en playas; una de ellas, en de Sa Coma, lugar del frustrado desembarco republicano del capitán Bayo.

Memoria de Mallorca pretendía que la Audiencia revocase un anterior auto de un juzgado ordinario de Manacor que se manifestó incompetente para indagar los crímenes cometidos a partir de julio de 1936. La fiscalía de Baleares opinó, en ambas instancias, que no había lugar a la pretensión de la entidad cívica.

El abogado de la asociación, Bartolomé Oliver, articuló su alegato sobre un peldaño que halló en el auto de bloqueo del Tribunal Supremo, que, aunque determina la imposibilidad de enjuiciamiento penal de los autores de los crímenes de 1936, observa que los juzgados podrían ayudar a los familiares de los desaparecidos de la guerra a localizar sus restos, exhumarlos y darles una sepultura digna. La Audiencia de Palma responde que la competencia de los juzgados de instrucción, contenciosos o civiles no había sido planteada previamente y que, “por tanto, no son susceptibles de revisión ante la ausencia de pronunciamiento de primera instancia al respecto”, cuando se inició el caso en 2009.

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