Dívar deja en evidencia a Gallardón

En las seis semanas que ha durado el caso Dívar —desde que salió a la luz que la máxima autoridad judicial de España usó dinero público en viajes supuestamente privados hasta su dimisión anunciada esta mañana—, al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no se le ha escuchado ni una sola palabra de reprobación. Es más, aprovechó el archivo inicial de la denuncia por parte de la fiscalía, el pasado 21 de mayo, para felicitar públicamente al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar: “Sale fortalecida la institución, el presidente y por lo tanto el Estado de Derecho”, dijo.

Dívar no salió fortalecido: todo siguió torciéndose para él y ha acabado dimitiendo. Y, de todo el Gobierno, el ministro más expuesto y que, por tanto, puede salir más debilitado del caso es, precisamente, Gallardón. Después de dar a Dívar por “fortalecido” se opuso a que compareciera en el Congreso como pedía la oposición, y siguió aplaudiendo la “muestra de responsabilidad” del Consejo General del Poder Judicial tras la reunión del 31 de mayo en la que la institución no forzó la dimisión de su presidente pero acordó cambiar el reglamento de gastos.

Si el ministro de Justicia ha actuado así por convicción propia o recibió el encargo del presidente Mariano Rajoy de intentar sostener a Dívar en el cargo el máximo tiempo posible para evitar la guinda de este escándalo en plena convulsión nacional por el rescate financiero, solo ellos lo saben. “El Ejecutivo ha querido evitar otra crisis en las semanas más delicadas para España de los últimos años, cuando transmitir confianza como país era fundamental. El titular de ‘dimite el presidente del Supremo español’ en toda la prensa internacional en este momento es muy perjudicial”, señalan fuentes del ministerio. Sin embargo, estos responsables niegan tajantemente que Gallardón presionara a los vocales del Poder Judicial para que mantuvieran a Dívar; algún vocal, como Margarita Uría, del PNV, ha denunciado que altos cargos del Gobierno lo hicieron, y fuentes del Consejo aseguran que Uría apuntó a la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Cuando estalló el caso Dívar, tras la denuncia presentada contra él por el vocal José Manuel Gómez Benítez (elegido a propuesta del PSOE), el Gobierno lo interpretó como una vendetta del sector progresista contra el presidente del Supremo —aunque este lo era por consenso de PSOE y PP— como respuesta a los juicios contra el juez Baltasar Garzón. “Parecía una maniobra, un ataque en clave política”, alegan fuentes del Ejecutivo. Luego empezaron a salir las facturas de los viajes, la relación de los gastos sin justificar de Dívar, sus coartadas y los desmentidos a sus coartadas —como el del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que acusó directamente al presidente del Supremo de “mentir”—... Pero aun así el Gobierno no llegó a censurar a Dívar.

Tampoco lo hizo, durante muchos días, el PSOE —Dívar fue elegido presidente del Poder Judicial y del Supremo en 2008 a propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero—, aunque finalmente los socialistas sí exigieron su dimisión la semana pasada.

El Ministerio de Justicia está preparando una reforma de la ley que regula el Poder Judicial para que entre en vigor en otoño de 2013, cuando toca renovar el Consejo. Fuentes del Gobierno filtraron hace siete días, con Dívar ya en caída libre, un aspecto de esa reforma: si se lleva a cabo, solo cinco de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces cobrarán el sueldo íntegro que ahora perciben los 20 (unos 112.000 euros brutos anuales, bastante más que el presidente del Gobierno); el resto de consejeros, sin dedicación exclusiva, cobrarían únicamente dietas por acudir a los plenos. La dimisión de Dívar y la crisis del Poder Judicial, paradójicamente, podrían ayudar a Ruiz-Gallardón a dar un baño de popularidad a esa reforma.