Hacia la normalización en Euskadi

Han pasado más de 16 meses desde que Sortu, el partido de la izquierda abertzale, fue presentado en sociedad en un acto público en Bilbao. Y este plazo ha servido para confirmar la voluntad expresada el día de su presentación, el 8 de febrero de 2011, por el dirigente de la izquierda radical Rufi Etxeberria y el abogado Iñigo Iruin, arropados por históricos dirigentes de la antigua Batasuna, de apuesta exclusiva de las vías políticas, de rechazo expreso a la violencia de ETA y de asunción de las premisas de la Ley de Partidos, como rezan sus estatutos.

En estos más de 16 meses, la izquierda abertzale ha cumplido esos compromisos. Algún atisbo de kale borroka ha sido inequívocamente condenado por los representantes de la izquierda radical. Su regreso a las instituciones, a través de la coalición Bildu con otros partidos independentistas legales, le ha permitido recobrar, de forma muy notable, su presencia en los Ayuntamientos, en las Juntas Generales y en la Diputación de Gipuzkoa, y con la coalición Amaiur ha recuperado su participación en el Congreso y el Senado.

Con su presencia relevante —un 25% de los votos en las elecciones generales en Euskadi— y su actitud institucional, estos meses ha confirmado su apuesta por la normalidad política.

Todas las encuestas de Euskadi coinciden en que una amplia mayoría de vascos deseaba su legalización. Ayer mismo, el lehendakari, Patxi López, antes de que se anunciara la noticia, manifestó su deseo de que fuera legal. Se daban, por tanto, todas las condiciones, legales y políticas, para que Sortu fuera legal.

Con la legalización de la izquierda abertzale como partido culmina el cumplimiento de un antiguo sueño mayoritario en el País Vasco en los años de plomo, el de que el terrorismo de ETA desapareciera y el independentismo defendiera sus ideas legalmente; el sueño de la normalización política.

Este sueño culmina hoy con la legalización de la izquierda abertzale. Pero empezó su andadura cuando la izquierda radical presentó, en noviembre de 2009, la ponencia Zutik Euskal Herria, en la que defendía la apuesta por las vías políticas y rechazaba la violencia. Una ponencia que, cuatro meses después, fue votada por las bases de la izquierda abertzale, y que Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberria forzaron a ETA a que la asumiera, lo que hizo el 20 de octubre del pasado año con el anuncio del cese definitivo de la violencia.

Es también verdad que, antes, en 2002, la izquierda abertzale tuvo que ser ilegalizada por los tribunales por ser el brazo político de ETA y que esa travesía del desierto le empujó a comprometerse en favor de las vías políticas y rechazar la violencia de ETA.

La decisión es un importante acierto en clave política porque demuestra la grandeza de la democracia al reconocer a quienes cumplen con sus reglas —la de la Ley de Partidos y la del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo—, aunque en el pasado las hayan vulnerado gravemente.

Sirve, asimismo, como pedagogía en el propio mundo del nacionalismo radical, en el sentido de que la democracia española sabe ser generosa con quienes cumplen con sus normas, sea cual sea su pasado. Lo que, a su vez, elimina argumentos victimistas a la izquierda abertzale. Y desautoriza a quienes pretenden utilizar las instituciones para dar rienda suelta a sus deseos de venganza.

En este último sentido, la legalización de Sortu es un avance hacia la normalidad y la convivencia en el País Vasco que ayuda a la consolidación del final de ETA. La izquierda abertzale tiene, ahora, más argumentos ante una hipotética tentación de sus sectores más radicales de romper con las reglas de juego.

Esta decisión judicial deja al descubierto un contrasentido como es la permanencia en prisión de Arnaldo Otegi, por pertenencia a banda terrorista, cuando fue el líder de la izquierda independentista que impulsó el camino de esta por las vías políticas que ayer fue reconocido por los tribunales.

Por último, la legalización de Sortu debía de servir de acicate a los presos de ETA para que, igual que la izquierda abertzale, asuman la legalidad. Y de ese modo facilitar su propia salida de prisión con su voluntad de reinserción individual y de cumplimiento de la justicia, lo que serviría para consolidar el final de la violencia en Euskadi.