La clave está en los presos

ETA está bajo mínimos y ni al Ministerio ni a la Consejeria de Interior del Gobierno vasco les consta que vaya a volver a cometer atentados. Pero la clave de la consolidación del final de ETA, cuyo anuncio de cese definitivo se confirma, no está tanto en las detenciones que las Fuerzas de Seguridad puedan lograr en las próximas semanas entre lo que queda de una banda terrorista muy desestructurada, sino en encauzar la situación de las cárceles, donde está el grueso de la organización, más de 700 militantes entre España y Francia, y la inmensa mayoría de sus líderes históricos.

Por más que se le dé vueltas, mientras no se encauce la situación de los presos de ETA la consolidación del final de la violencia no será posible en Euskadi, aunque Interior lograra detener a lo poco que queda de la banda. Esta cuestión se entiende bien en el País Vasco y bastante menos en el resto de España, donde la gravedad de la situación económica consume todas las energías, incluidas las de los principales responsables políticos, que no están como para perderlas en dedicar un minuto a quienes quisieron desestabilizar con centenares de asesinatos la democracia.

Así las cosas, el colectivo de presos de ETA, que abarca a la inmensa mayoría de los 700 encarcelados, al hilo de la declaración de cese definitivo de la banda, abrió en otoño un debate sobre la posibilidad de aceptar la legalidad penitenciaria o no. La izquierda abertzale trató de influir con un llamamiento a los presos a que aceptaran la legalidad penitenciaria y la reinserción individual para facilitar su salida de prisión, del mismo modo que ella asumió la Ley de Partidos para volver a participar en la vida política institucional.

La consolidación del fin de ETA no será posible sin un cauce con sus reclusos

El debate culminó con un fiasco hace 15 días. El núcleo duro de ETA en las cárceles —unos 70 u 80 presos—, espoleado por abogados radicales y de gestoras pro amnistía, se impuso sobre la mayoría del colectivo, que, para evitar la ruptura, se doblegó y no asumió la legalidad penitenciaria en las conclusiones.

En estos momentos, entre los presos de ETA hay una minoría irreductible, 70 u 80, y otra minoría, más reducida aún, los de la vía Nanclares, que ha asumido la legalidad penitenciaria. Y una gran mayoría, repartida entre presos desorientados y los dispuestos a asumir una reinserción individual, pero sin humillaciones como la delación. Pero para dar el paso necesitan un estímulo.

Esta cuestión está sometida a debate entre los partidos que cuentan en esta cuestión y que creen que se está ante una oportunidad inédita. El PNV y el PSE defienden que si el Gobierno del PP, que tiene la competencia en política penitenciaria, visualiza las ventajas de la reinserción individual con incentivos —como podría ser un acercamiento selectivo de reclusos predispuestos a asumir la legalidad—, rompería el bloque monolítico del colectivo.

En los años ochenta, ambos partidos, PSOE y PNV, protagonizaron con cierto éxito la política de dispersión de presos por las cárceles porque debilitó la influencia del núcleo duro sobre el colectivo. La consecuencia fue que más de un centenar de presos de ETA se reinsertaron.

Ahora, la cercanía a las cárceles vascas de los presos reinsertables les facilitaría el paso al alejarles de los irreductibles. En Euskadi, en contraste con el pasado, se vive un clima de fin de violencia del que participan una mayoría de la izquierda abertzale y muchos familiares de presos, cuya proximidad podría catalizar el paso de su reinserción individual.

El Gobierno del PP, que ha recibido mensajes del PNV, del PSE y del Gobierno vasco en esta dirección, duda. La presión la tiene en dirección contraria: de parte de la derecha mediática y de élites de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo en las que prima la venganza sobre el criterio constitucional de la reinserción.

Pero en este terreno también las cosas están cambiando por la base. Los encuentros reconciliatorios desde hace cinco años entre 27 víctimas de ETA y de los GAL, organizados por la Oficina de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, desvelados este fin de semana, casan mucho más con el actual clima político y social de Euskadi que con los deseos de venganza de algunos profesionales del antiterrorismo etarra.