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EL ÚLTIMO RECURSO

197 años de historia y tres de Dívar

Nunca antes el Supremo había tenido una imagen tan deteriorada

Placa conmemorativa en la primera sede del Supremo, en Cádiz. Ampliar foto
Placa conmemorativa en la primera sede del Supremo, en Cádiz.

El Tribunal Supremo celebra hoy con pompa y boato el bicentenario de su creación con su presidente, Carlos Dívar, en entredicho. Seguramente, en esos 200 años de historia, el tribunal ha vivido momentos más convulsos, en periodos de guerra o dictaduras, sin embargo, ni los más viejos del lugar recuerdan un momento de tanto desprestigio del tribunal y de falta de confianza de los ciudadanos en la justicia.

A todo ello no ha sido ajeno el hecho de que el presidente de la institución, en tiempos de crisis y con más de cinco millones de parados en el país, se haya marchado hasta 32 veces de fines de semana caribeños, de cuatro días o más, 20 de ellos a Puerto Banús, haya cargado alrededor de 30.000 euros a los bolsillos ya exhaustos de los españoles y haya intentado hacernos creer que eran gastos de servicio por asuntos oficiales, cuando no eran más que jornadas de turismo y relax.

Que alguien abuse de los recursos del cargo y que se resista a dejarlo aunque se lo hayan reclamado todas las asociaciones judiciales, 17 jueces decanos y más de 20.000 personas es algo que el público comprende. Pero lo que no comprende es que 11 de los 15 hombres justos de la Sala Penal del Supremo —por cierto, ¿tan malas son las mujeres que ni una sola puede integrar esa sala?— decidan no investigar los hechos. Porque la doctrina señala que para admitir una querella e iniciar una investigación solo hace falta una descripción de conductas que tengan visos de ser delito. Y lo podrán calificar como quieran, pero hacer pasar por gastos de servicio facturas que no lo son tiene todo el aspecto de falsedad documental, y en la sentencia sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior ya se estableció que utilizar para fines propios los recursos que por el cargo se disponen constituye un delito, aunque esos fondos por su propia naturaleza no tengan que estar sujetos a control. Es decir, una cosa es que sean reservados y otra que te los puedas quedar, o, lo que es lo mismo, los gastos de protocolo tienen como finalidad agasajar a otras autoridades por actos oficiales, no que te regales vacaciones en Puerto Banús, Mallorca, La Toja, Santillana del Mar, etc.

A raíz de la absolución del expresidente valenciano Francisco Camps por el asunto de los trajes, uno de los comentarios más extendidos entre los jueces era que este no habría sido absuelto si, en lugar de por un jurado popular, hubiera sido juzgado por magistrados profesionales. Nunca lo sabremos, como tampoco sabremos si un jurado popular hubiera llegado a condenar a Dívar por los viajes de lujo de fines de semana caribeños, en lugar del respaldo que 11 de sus 15 colegas le han brindado al archivar la querella contra él. ¿Habrá que cambiar la ley para que a los jueces les juzgue un jurado popular y no ellos mismos?

El caso es que el Supremo se ha desgastado en decisiones polémicas, como la absolución de Botín y la condena de Atutxa, por una interpretación diferente del mismo precepto legal. Seguramente no tiene nada que ver, pero entre uno y otro caso existía la sutil diferencia de que el patrón del Santander patrocina muchos de los cursos en los que participan los magistrados del Supremo, mientras que el expresidente del Parlamento Vasco había desafiado a tan excelsos próceres, ya que se había negado a cumplir la orden de disolver el grupo parlamentario afín a Batasuna.

Y este año, el alto tribunal ha consumado su divorcio del sentir de la ciudadanía tras arrastrar por el fango al juez Garzón, en tres procesos, y en el que le ha condenado por las escuchas de la Gürtel, un caso de corrupción que ha afectado a varios altos cargos y a la financiación del Partido Popular. Con gran mensaje: cuando todavía no se ha juzgado la trama de corrupción, ya se ha expulsado de la carrera al juez que la investigó.

El caso es que hoy, 45 presidentes después de que Ramón Posada-Soto liderara el primer Tribunal Supremo en 1812, veremos al frente de la celebración a un personaje a punto de la dimisión por indignidad, pero que todavía se empecina en sostener que todo lo ha hecho bien y ni siquiera ha sido capaz de decir “Lo siento. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”, lo que hubiera marcado el primer síntoma real de arrepentimiento. Un tipo que pretendía hacernos creer que fue a Cantabria invitado a un acto oficial y que resulta que fue él quien llamó para pedir entradas gratis para visitar la gruta de El Soplao, porque los gastos del viaje nos los endosó a todos.

Ya ven, un bicentenario: 197 años de historia y tres de presidencia de Dívar.

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