Reponer el prestigio

Se trata de una tarea ardua porque el deterioro de la imagen de los órganos constitucionales ha llegado a unos niveles desconocidos en tres décadas largas de democracia. Gobierno y PSOE quieren llevar adelante la renovación de los órganos constitucionales pendientes de renovar, algunos tras años de mandatos caducados, con propuestas de personas de “prestigio inapelable” y con el propósito de llegar a acuerdos con la menor pelea posible. Se han comprometido ante el presidente del Congreso, Jesús Posada, a que las propuestas se formalizarán antes del 29 de junio para que en sendos plenos del Congreso y del Senado del mes de julio los miembros de los órganos sean elegidos y se recupere la normalidad perdida.

Se trata de elegir a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, a los 12 del Tribunal de Cuentas, y a los 13 de la Junta Electoral Central, aunque ocho de estos últimos, tienen que ser elegidos entre miembros del Tribunal Supremo por sorteo. Las conversaciones se pusieron en marcha después de que a últimos del mes de mayo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, decidieran desbloquear las negociaciones, tras la queja formal, alta y contundente, de los miembros del Tribunal Constitucional. Estos amenazaron con adoptar “medidas drásticas”, si los grupos políticos no se ponían de acuerdo para renovar a los tres magistrados, cuyo mandato terminó hace año y medio, junto a una cuarta plaza que correspondió a un magistrado que murió hace cuatro años.

Una vez constatada la ruptura total para la elección del presidente de RTVE, al cambiar el Gobierno la ley para no necesitar al PSOE, sí parece que hay voluntad de ir adelante con el resto de los órganos, según aseguran en los dos partidos. Las conversaciones las llevan de entrada la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. Ambas son conscientes de que tienen que hacer un esfuerzo para no añadir más descrédito al que ya tienen órganos que debían gozar del respeto general. La evidencia de la politización absoluta de todos los órganos y el bloqueo de su renovación como prueba evidente de la misma va a conducir a los negociadoras a tratar de mejorar la imagen de los mismos.

¿Se suprimirán las cuotas, se cambiará la ley? No, de momento, responden en los dos ámbitos. La recuperación de la imagen la pretenden hacer el Gobierno y el PSOE con propuestas de personas de “inapelable prestigio”, aunque sean de adscripción política o ideológica conocida. A este mismo fin quiere contribuir CiU, cuyo portavoz, Josep Antoni Duran Lleida ha mantenido varias reuniones con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y cuyo resultado es la propuesta de tres nombres que ha registrado ya en el Congreso de los Diputados. El grupo catalán ha propuesta al catedrático de Derecho Constitucional Antoni Rovira, con un dilatado currículum académico y profesional, que empezó en Barcelona pero ha continuado en Madrid. En el caso de Rovira se cumple el objetivo de prestigio y reconocimiento general. Esta guía de aprecio intelectual y académico la ha seguido CiU al proponer también a Juan Manuel Trayter para la Junta Electoral Central y a Francesc de Paula Caminal.

Con estas propuestas, en principio bien vistas por el Gobierno, quedan por elegir a tres miembros del Tribunal Constitucional, a 11 del Tribunal de Cuentas y a cuatro de la Junta Electoral Central. El método elegido no es de intercambio de nombres sino que cada uno propone a los suyos, en la seguridad de que ninguno de ellos tendrá el veto del contrario.

A pesar de la exhibición de buena voluntad que hacen ambas partes se reconoce que aún falta por acordar el número que corresponde a cada uno. El PSOE mantiene firme la acusación de que durante los años de mandato del Gobierno socialista el PP bloqueó los nombramientos para no dar a los socialistas la mayoría que les correspondía en los órganos pendientes de renovar. Así el Tribunal de Cuentas debía haber sido renovado en 2010 por lo que sus 12 miembros están en funciones desde hace casi dos años. Lo mismo ocurre con la institución del Defensor del Pueblo, cuya titular en funciones, María Luisa Cava de Llano (PP) sustituyó como marca la ley a Enrique Múgica cuando el mandato de este culminó hace más de año y medio. “Tenemos la firme voluntad de hacer un acuerdo con el que se contribuya a recuperar el prestigio de todas las instituciones”, señalan en el PSOE y en el Gobierno con expresiones muy parecidas. No renuncian a personas de partido pero estas serán muy preparadas, aseguran.