Fernández: “Es de justicia que los que huyeron por ETA puedan votar”

“El Gobierno quiere reparar el daño causado por ETA durante todos estos años, y una de estas dimensiones es la mutilación de los derechos políticos de los que se vieron obligados a salir de Euskadi por la violencia, la amenaza y la coacción”. Así ha comenzado esta mañana el ministro del Interior, Jorge Fernández, su explicación de por qué ha encargado a un grupo de juristas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que analicen las posibilidades legales de que aquellos vascos que se marcharon por la violencia terrorista puedan votar en las elecciones autonómicas y locales a pesar de que no estar empadronados en Euskadi. “Se trata de un debate de hondo calado. Un tema de justicia y de reparación”.

Las preguntas que plantea esta cuestión son innumerables. ¿Quiénes podrían votar? ¿Los directamente amenazados o cualquiera que se marchó por la situación política vasca? ¿Solo los directamente afectados o también sus descendientes? ¿Cómo prueba alguien que abandonó Euskadi por la presión del terrorismo y su entorno cuando muchas veces no hay ninguna denuncia de por medio? ¿Por cuánto tiempo, o por cuántas generaciones, se podría ejercer el derecho al voto? ¿Tiene sentido una medida de este tipo precisamente ahora, cuando ETA ha dejado de matar? El ministro ha sido extremadamente cauto en sus respuestas.

Los expertos en principio se acogen a la fórmula de que puedan ejercitar ese derecho todos los que salieron en el pasado del País Vasco y Navarra, sin distinción de causas (económicas, políticas, familiares...) debido a la dificultad para probar los motivos por los que se marcharon. Para ejercer ese voto, tendrían que cambiar su domicilio censal. Quienes soliciten el cambio serán incluidos en la sección del Censo correspondiente en su último domicilio acreditado en el País Vasco o Navarra, "con la correspondiente baja en la sección censal de su domicilio actual y con validez para todos los procesos electorales". Dicho cambio sería irrevocable de cara al futuro, según informa Europa Press.

“Son cuestiones que precisamente tendrán que abordar los juristas que hoy comienzan a analizar este tema. Soy plenamente consciente de que se trata de un asunto de cierta complejidad jurídico-constitucional, que debe tratarse desde la reflexión jurídica y el máximo rigor científico, y sin apasionamiento”. Por ello, aseguró que se le dedicará “todo el tiempo que sea necesario”, y que en ningún momento el Gobierno está pensando en que la medida sea efectiva durante las próximas elecciones autonómicas vascas. “Tratar de lograr réditos electorales con este tema sería una frivolidad”, ha asegurado.

Uno de los puntos que más polémica ha levantado es el número de personas que el Gobierno calcula podrían acogerse a esta medida. Hay quien ha llegado a hablar de 300.000 personas, lo que ha sido fuertemente criticado desde algunos sectores. El ministro no ha querido entrar en el debate, ni dar ninguna cifra que después tenga que explicar. "Se trata de una cuestión cualitativa, no cuantitativa", ha respondido ante la pregunta de una periodista. "Lo que sabemos por ahora es que mucha gente tuvo que salir del País Vasco y que esa era, además, una de las pretensiones de ETA: crear un clima social que hiciera invivible la vida en libertad".

Fernández ha insistido varias veces en la dificultad de llevar a la práctica esta idea. “Pero que no sea fácil no significa que no deba intentarse”. Aseguró, eso sí, que si el grupo de expertos —que incluye a catedráticos y profesores de Universidad y magistrados de distintas tendencias políticas— concluye que no es posible, “el Gobierno no seguirá adelante”. Hoy ha dado comienzo la primera reunión del grupo de expertos, que proseguirá esta tarde.

Tan solo dos días antes de que distintas asociaciones de víctimas del terrorismo se manifiesten en Madrid para protestar contra el plan de reinserción de presos de ETA presentado por el Gobierno a finales de abril, el ministro ha aprovechado para hacer una encendida defensa de su programa. “La reinserción no es alternativa al cumplimiento de la pena. Son dos caras de la misma moneda. Y es mejor que un preso de ETA salga de la cárcel rechazando la violencia a que siga con sus mismos planteamientos ¿no?”.

Sobre los encuentros entre víctimas de ETA y presos, que el ministerio impulsará de nuevo este mes —aunque bajo un nuevo modelo aún no concretado—, Fernández aseguró que “forman parte de la normalidad penitenciaria” y que las dos víctimas que lo han solicitado recibirán ayuda psicológica para preparar los encuentros.