Las excepciones empañan la norma

El anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, uno de los proyectos estrella del Gobierno del PP, corre el riesgo de convertirse en un papel más, sin capacidad para evitar que España deje de ser uno de los países más opacos de Europa.

Uno de los problemas es que la definición de la futura ley está cargada de excepciones. En el artículo 9 del anteproyecto se dice que “se entiende por información pública los contenidos o documentos” de carácter público “siempre y cuando estos no perjudiquen a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”.

La potestad de decidir si se cumple alguna de esas excepciones es del Gobierno. Por ejemplo, las peticiones hechas por los investigadores Álvaro Jiménez Millán y Carlos Sanz Díaz podrían ser denegadas nuevamente bajo el amparo de la nueva ley. El Gobierno podría alegar que sus solicitudes de acceder a los documentos sobre las relaciones de España, Japón y Filipinas entre 1975 y 1982 o las relaciones hispanoárabes entre 1970 y 1982 perjudican a las relaciones exteriores del Estado. Con la ley en la mano, los investigadores ni siquiera podrían tramitar un recurso.

La definición de la ley ha sido criticada por la Coalición pro Acceso, una plataforma que integra a 54 organizaciones, y por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). En un informe publicado en abril, la OSCE recomendaba redactar la definición de nuevo siguiendo “el principio de máxima divulgación y eliminando los límites enunciados”.

Las asociaciones que han seguido el tema de cerca entienden que haya ciertas restricciones en el acceso a la información pero exigen que esos límites puedan al menos ser recurridos. “Tal como está redactada, los ciudadanos no podrán recurrir muchos asuntos”, señala Helen Darbishire, directora de la ONG Access Info Europe.

El texto del anteproyecto solo permite recurrir aquello que quede fuera de la definición. Un organismo de nueva creación, la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, será el que determine si la información ha de facilitarse para satisfacer el interés público. La Coalición Pro Acceso ha pedido en varias ocasiones que esta agencia sea independiente pero, finalmente —salvo que el anteproyecto de ley sufra modificaciones—, la agencia dependerá del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Es decir, será un organismo del Gobierno el que decida si una información es de interés público o no.

Según la Coalición Pro Acceso, la tramitación de la Ley de Transparencia está caracterizándose por una absoluta falta de transparencia. Para empezar, el Consejo de Ministros decidió dar luz verde al anteproyecto a mediados del mes pasado, antes de que una comisión de 38 expertos designada por el Ministerio de la Presidencia para debatir la ley finalizara las conversaciones.

La semana pasada se celebró la cuarta sesión de la Comisión de Expertos. El título de la reunión era “Propuestas de la sociedad civil” y los asistentes acudieron con la esperanza de conocer las 3.600 sugerencias que los ciudadanos habían hecho a la ley en una consulta pública en Internet que el gobierno llevó a cabo durante dos semanas de abril. Pero ninguna de esas propuestas se hizo pública.

Cuando los expertos preguntaron a la representante del Ministerio de la Presidencia cuándo se darían a conocer los comentarios de los ciudadanos, esta contestó que no lo sabía, “que no tenía la información”, señala Helen Darbishire, de Access Info, una de las organizaciones que forma parte de la Comisión.

Las propuestas no se han hecho públicas porque el Gobierno ha considerado que son correspondencia y que podría infringir leyes como la de Protección de Datos, según publicó el diario El Mundo el pasado viernes citando a fuentes del Ministero de la Presidencia.

Mientras tanto, y a la espera de que el Gobierno apruebe la ley, los ciudadanos han empezado a enviar preguntas a las administraciones. La web tuderechoasaber.es ha recogido más de 400 solicitudes en poco más de dos meses. Según un portavoz de la web, un tercio han sido ya contestadas, aunque no siempre de manera exitosa.