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La Audiencia reabre por segunda vez el caso del espionaje del Gobierno Aguirre

Empleados autonómicos siguieron día y noche a los cargos del PP Manuel Cobo y Alfredo Prada

Alfredo Prada (izquierda) y Manuel Cobo (derecha) conversan tras un comité ejecutivo del PP en 2009.
Alfredo Prada (izquierda) y Manuel Cobo (derecha) conversan tras un comité ejecutivo del PP en 2009.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por segunda vez en 14 meses la causa contra agentes de la Comunidad de Madrid que espiaron a dos cargos del PP —Alfredo Prada, entonces vicepresidente autonómico, y Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid—, ambos adversarios de Esperanza Aguirre dentro del partido en la época en que fueron seguidos por al menos tres ex guardias civiles y un ex policía nacional. La Audiencia sostiene que el caso tiene que llegar a juicio mientras que la instructora ya lo ha archivado dos veces.

Las tareas de espionaje político investigadas por la juez se reflejaron en unos partes mecanografiados sobre los que un empleado público de la Comunidad de Madrid escribió distintas anotaciones, según acreditó un informe pericial caligráfico encargado por la juez que instruyó el caso.

El espionaje político tuvo lugar, al menos, entre abril y mayo de 2008, cuando el PP nacional dirimía si el liderazgo seguía en manos de Mariano Rajoy o pasaba a manos de Esperanza Aguirre. Tanto Cobo como Prada, los dos espiados, forman hoy parte de la dirección nacional del PP. Prada fue destituido como vicepresidente autonómico unos meses después de sufrir el espionaje.

Pese a que la investigación recabó numerosas pruebas de los seguimientos a Prada y Cobo, tanto en lugares de trabajo como en actos privados, y que los partes del espionaje recogían notas manuscritas de un empleado público de la Comunidad de Madrid, la juez del caso, Carmen Valcarce, decidió archivar la causa, en la que estaban imputados hasta tres ex guardias civiles fichados por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, un empleado público de la dirección de Seguridad y el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado en su día por la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Audiencia de Madrid ordenó en marzo de 2011 a la juez reabrir el caso, al encontrar “indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos”. Con fondos de la Comunidad de Madrid, según los argumentos de la Audiencia Provincial, se pagaron servicios de espionaje a dos cargos políticos del PP. La juez consideraba imposible calcular el dinero malversado, mientras la Audiencia le explicaba cómo podía descubrir la cifra.

Los seguimientos no se compadecen con reforzamiento de seguridad”

Pese a ello, la juez volvió a archivar en febrero de 2012 la causa, tras algunas diligencias menores, con el argumento de que no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hubieran sido utilizados en los presuntos seguimientos, pese a que todos los informes policiales y periciales así lo concluían de manera determinante.

En el auto de este jueves, la Audiencia vuelve a insistir: “Existen indicios suficientes de delito [de malversación de caudales públicos] (...) basados en las declaraciones de los tres asesores imputados, por su ausencia de credibilidad, en que los seguimientos no se compadecen con la idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria, en la pericial caligráfica que considera a [José Manuel] Pinto [empleado autonómico] autor de las anotaciones manuscritas que aparecen en algunos de los partes de seguimiento, en las declaraciones de los asesores que ponen de relieve que recibían instrucciones de Sergio Gamón, y en que los cinco imputados son funcionarios teniendo a su disposición teléfonos móviles, vehículos, combustible además de gozar de una nómina mensual durante el tiempo que se realizaron los seguimientos”.

Desde que estalló el escándalo del espionaje político en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre, que negó los hechos en todo momento y lo sigue haciendo, ha defenestrado a algunos de los principales sospechosos.

Sergio Gamón, al que Aguirre fichó como director general de Seguridad Ciudadana cuando estaba casado con su secretaria, dimitió de su cargo un año y medio después de estallar el escándalo.

Aguirre forzó esa decisión cuando la ex mujer de Gamón denunció que su marido hablaba con Ignacio González, vicepresidente autonómico, sobre los seguimientos a los cargos del PP. La mujer también fue despedida como secretaria en Telemadrid.

Usaron teléfonos, coches y combustible y tienen nóminas”

Francisco Granados, consejero de Interior que fichó a los tres ex guardias civiles que se encargaron de seguir día y noche a Prada, y en menor medida a Cobo, durante al menos dos meses, también fue defenestrado de su cargo en la Comunidad de Madrid y, posteriormente, de la secretaría general del PP de Madrid.

Ignacio González, sospechoso porque le citó expresamente la mujer de Gamón como el interlocutor de su marido para los seguimientos, permanece en el cargo y muy reforzado tras ser elegido secretario general del PP de Madrid.

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