El Gobierno de Aguirre gastó más de 60.000 euros en los espías

Al menos 60.000 euros de dinero público, según cálculos basados en el sumario del caso, se gastó el Gobierno de Esperanza Aguirre en las nóminas de los cinco supuestos agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid que espiaron al exconsejero de Justicia Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo durante abril y mayo de 2008.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la juez Carmen Valcarce, que archivó el caso del espionaje político a cargos del PP, que recabe datos sobre el consumo de combustible de los coches utilizados por los espías, así como el gasto de sus teléfonos móviles durante marzo, abril y mayo de 2008. La Audiencia Provincial, que ve indicios de malversación de fondos en el caso del espionaje político a cargos del PP, recuerda que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, "considerando grave perjuicio para la causa pública la utilización de un teléfono móvil por un importe de 5.233 euros".

La Audiencia cree las respuestas de los espías "vagas e imprecisas"

"La supuesta dificultad en la fijación del importe de lo defraudado", señala la Audiencia, "no puede querer decir impunidad... como tampoco es descartable hacer evaluación del perjuicio a través de las nóminas abonadas en los días acreditados de los seguimientos".Los partes del espionaje, escritos a máquinas y con anotaciones manuscritas que los peritos de la policía han atribuido a uno de los imputados, revelan que los agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid siguieron durante la inmensa mayoría de los días laborables de abril y mayo al exconsejero Alfredo Prada o al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y en ocasiones, a ambos.

Muchas veces, los asesores de la Comunidad de Madrid no acudían a su oficina de la Dirección General de Seguridad por las mañanas sino que se trasladaban directamente desde sus lugares de residencia (municipios de la periferia de Madrid) hasta las zonas de trabajo del vicealcalde de Madrid, en la plaza de Cibeles, y del entonces consejero de Justicia de la Comunidad, en la calle de Miguel Ángel de Madrid.

Hay dos partes de seguimientos fechados en marzo que, en realidad, corresponden a abril pues hay errores en el mes, pero no en el día ya que reflejan actividades que realmente hicieron los dos espiados esa fecha pero no ese mes, según pudo comprobar la investigación.

Por tanto, para evaluar el daño patrimonial no habría que considerar tres meses, como indica el auto de la Audiencia Provincial, sino los dos en que, efectivamente, los agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid imputados en esta causa se dedicaron mañana, tarde y noche al seguimiento de los cargos del PP. Hasta el punto de que, en alguna ocasión, el espionaje se prolongó hasta la madrugada a las puertas de un restaurante donde el exconsejero Prada había acudido con su hija.

De los cinco imputados, uno de ellos, el jefe Sergio Gamón, tenía una nómina de 90.000 euros al año; los tres asesores del consejero de Interior Francisco Granados cobraban casi 60.000 euros (y lo siguen haciendo porque no han sido despedidos), mientras el empleado de la Dirección General de Seguridad José Manuel Pinto ingresaba unos 40.000, según la investigación. De media, los agentes cobraban algo más de 60.000 euros al año (5.000 al mes), lo que quiere decir que los cinco imputados costaron 60.000 euros a la Administración durante abril y mayo de 2008, cuando dedicaron su trabajo a seguir a dos cargos del PP contrarios a Aguirre. Los partes del espionaje acreditan que los agentes siguieron a veces a los cargos del PP en moto. La Consejería de Interior compró unos meses antes de que comenzaran los seguimientos dos potentes motos capaces de sobrepasar los 238 kilómetros por hora valoradas en 14.000 euros. El consejero Granados aseguró que se utilizaban para "el traslado de correspondencia".

Cuando este periódico descubrió las ocupaciones de los asesores de Granados y de su jefe, Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre, todos ellos negaron ante la policía que hubieran hecho seguimientos a Prada o a Cobo en abril y mayo de 2008. Cuando la investigación judicial descubrió a través de los posicionamientos de sus teléfonos móviles que habían seguido a Prada y Cobo, los supuestos espías cambiaron su versión de los hechos ante la juez y explicaron que estaban haciendo solo contravigilancias.

La Audiencia considera las respuestas de los espías "imprecisas, vagas y ausentes de credibilidad". Los tres magistrados concluyen: "El bien jurídico de estos delitos no tiene solo un contenido puramente económico sino que incluye la garantía de la confianza que se deposita en el recto actuar de la Administración pública y en la legalidad de su actuación".

Declaración de Sergio Gamón, jefe de los presuntos espías de Madrid (Parte 1 de 4)