Reabierto el caso del espionaje del Gobierno de Aguirre a Cobo y Prada

La Audiencia Provincial ha reabierto el caso del espionaje político a dos cargos del PP pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid y perpetrado por ex guardias civiles y expolicías contratados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. "En el estado actual de las diligencias no existen motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de las mismas. De lo actuado aparecen indicios suficientes de la comisión del delito de malversación de caudales públicos por el que se sigue la causa". La Audiencia revoca el archivo que decretó la juez Carmen Valcarce y que fue recurrido por la acusación popular del PSOE. Los cargos del PP espiados, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, denunciaron los hechos pero no recurrieron porque se lo pidió su partido.

"La dificultad para cifrar lo malversado no puede querer decir impunidad"

"Durante meses los agentes fueron destinados a fines ajenos a su labor"

La Audiencia reprocha a la juez que archivase el caso pese a los sobrados indicios de delito. El espionaje se ejecutó de abril a mayo de 2008 sobre Cobo y Prada, que apoyaban a Mariano Rajoy como líder del PP frente a Aguirre, que sopesaba plantar batalla por el liderazgo del partido en el congreso a celebrar un mes después.

El tribunal desgrana en su auto las pruebas del delito: "Los informes policiales han llegado a determinar la autoría, a nivel indiciario, de los partes de seguimiento. A dicha conclusión se ha llegado tras una laboriosa tarea de investigación y cruce de datos, entre los datos suministrados por la compañía telefónica de los teléfonos de los tres asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid, José Luis Caro, Antonio Coronado y José Oreja, sus posicionamientos y el texto de cada uno de los partes (...). Se ha conseguido establecer la correlación de posicionamientos de los tres asesores con los seguimientos reflejados en los partes. Los posicionamientos son coincidentes en todos y cada uno de los días, incluidos aquellos en los que las personas objeto de seguimiento se han ausentado de Madrid, visitando poblaciones cercanas". Los tres asesores fueron contratados por el consejero de Interior, Francisco Granados. El jefe de los tres asesores, que les daba órdenes, era Sergio Gamón, fichado por Aguirre.

La Audiencia descalifica la justificación que estos tres agentes dieron para explicar sus movimientos tras Prada y Cobo: "Las declaraciones de los tres asesores imputados en la causa por su imprecisión, vaguedad y ausencia de credibilidad juegan como indicio en su contra. Así, los tres asesores negaron rotundamente cualquier relación con los hechos investigados en su declaración en sede policial. Una vez identificados sus teléfonos y sus posicionamientos coincidentes con los partes del seguimiento, alegaron su presencia en los alrededores de Cibeles [sede del vicealcalde Cobo] por la existencia de varias consejerías, dato que, obviamente, no explicaría ni su presencia sistemática en la zona ni, mucho menos, cuando se trata de localidades de fuera de Madrid". El auto rebate que los imputados estuvieran protegiendo -alegaron que estaban haciendo tareas de contravigilancia- a los cargos espiados: "Los seguimientos a localidades de Madrid, explicados como reforzamiento de la seguridad de esas personalidades o esos actos son incompatibles con que dichos movimientos permanecieran ocultos a la seguridad de los mismos y, sobre todo, son incompatibles con el hecho de que en numerosos partes relatan haber perdido al objetivo en determinado punto, así pues, no sabían adónde se dirigían. Es más, en algunos partes, se manifiesta que han perdido el objetivo por falta de medios, pues solo tenían cubiertas dos calles de las tres posibles. Lo cual se aparta de cualquier idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria".

La juez Valcarce había archivado el caso por entender inaplicable el delito de malversación: ni veía ánimo de lucro ni cómo cuantificarlo. El tribunal difiere: "Siempre a título indiciario, se han utilizado varios funcionarios, a los que se estaba pagando su nómina, para destinarlos a fines ajenos a la causa pública. Dichos funcionarios habrían destinado jornadas enteras durante muchos días al mes, al menos durante tres meses, a fines ajenos a la función encomendada estatutariamente. La supuesta dificultad en la fijación del importe de lo defraudado no puede querer decir impunidad. (...) Además el bien jurídico de estos delitos no tiene solo un contenido económico, sino que incluye la garantía de la confianza que se deposita en el recto actuar de la administración pública y en la legalidad de su actuación". La Audiencia pide a la juez que recabe gastos de combustible, teléfono y otros de los imputados para cuantificar lo malversado y que otras pruebas las practique en el juicio.