Rajoy intenta acelerar la renovación del Constitucional antes del fallo sobre Sortu

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró ayer en París que estaba “convencido” de que “en breve” llegará a un acuerdo con el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, con quien se reunirá mañana, sobre la renovación de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional. Esa declaración del presidente disparó ayer las hipótesis sobre la suerte que puede correr la sentencia sobre la legalización de Sortu, el partido de la izquierda independentista vasca, que ya está en el orden del día del pleno de esta semana, aunque todavía no ha empezado a ser debatida.

De producirse de inmediato la renovación del Constitucional, el equilibrio de fuerzas resultante podría dar la vuelta al sentido de la sentencia sobre la legalización de la formación abertzale.

“El viernes me reúno con el jefe de la oposición y estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo” sobre la renovación del Constitucional, aseguró Rajoy en París, donde almorzó con el presidente francés, François Hollande. “Conozco la petición del Constitucional, como no podía ser de otra manera, de que han pedido por unanimidad que se renueven a sus miembros. Creo que tienen razón”, dijo el presidente.

El pasado martes, coincidiendo con el inicio del pleno del Constitucional en cuyo orden del día está el debate sobre el recurso contra la ilegalización de Sortu por el Supremo, el alto tribunal amenazó al PP y al PSOE con tomar “las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean”, si los dos grandes partidos siguen sin alcanzar un acuerdo para renovar el tribunal. A esta declaración siguió ayer una vuelta de tuerca del presidente de la institución, Pascual Sala, que en la memoria correspondiente a 2011, daba a entender que podría aceptar las dimisiones que le presentaron hace un año los tres magistrados que tenían que haber sido renovados en noviembre de 2010. Según escribe Sala en la memoria, hace un año se vio obligado a “no aceptar las dimisiones” de los tres magistrados, aunque “la situación actual no puede prolongarse indefinidamente”.

La situación de tensión entre el Constitucional y el Congreso y la toma de posición de Rajoy en el sentido de que está “convencido” de llegar a un acuerdo con Rubalcaba mañana mismo dispararon ayer las elucubraciones en torno al tribunal y a lo que podría suceder en el caso de una renovación inmediata, antes de que la sentencia de Sortu sea votada por el pleno. Y el resultado es que, de producirse la renovación y aun en el caso de que el PP aceptase dar al PSOE dos de los cuatro magistrados que deben ser nombrados, la nueva mayoría podría afectar a la sentencia de Sortu y a la ponencia que está sobre la mesa, favorable a la legalización.

La renovación afecta a dos magistrados del sector progresista, el vicepresidente Eugeni Gay y la catedrática Elisa Pérez Vera, y a uno del sector conservador, el expresidente del Tribunal Supremo Javier Delgado Barrio. Pero el Congreso tiene que cubrir además la vacante del fallecido magistrado conservador Roberto García Calvo.

La correlación actual de fuerzas en el tribunal es de siete magistrados del denominado bloque progresista, frente a cuatro del sector conservador. Sin embargo, esa correlación de fuerzas se reduciría —siempre hablando en hipótesis— a un seis a cinco en el caso de la sentencia de Sortu, dado que el magistrado Manuel Aragón, designado a propuesta del PSOE, votó con el sector conservador en la sentencia de la coalición electoral Bildu, lo que en pura lógica le llevaría a votar en contra de la legalización del partido abertzale Sortu.

En este momento en que aún no se ha producido la renovación y con la actual correlación de fuerzas, sería factible trasladar la votación de Bildu al recurso de Sortu, de forma que la sentencia podría ser estimatoria por seis votos a cinco. Pero si antes de que se vote la sentencia se produce la renovación, los conservadores ganarían el puesto vacante del fallecido García-Calvo. En tal caso, aunque la correlación general de fuerzas quedaría en siete a cinco, para el caso específico de la sentencia de Sortu, en la que Aragón votaría con los conservadores, el resultado quedaría en empate a seis.

En el tribunal, las situaciones de empate se dirimen mediante el voto de calidad del presidente. El actual, Pascual Sala, del sector progresista, podría en hipótesis inclinar la balanza hacia la legalización de Sortu con su voto de calidad. Sin embargo, al producirse la renovación, los nuevos magistrados podrían reclamar que se celebre una votación para elegir presidente, según establece el artículo 9 de la ley orgánica del tribunal. En primera votación se requiere mayoría absoluta; si no se alcanzase, en la segunda vuelta resultaría elegido el que tuviera mayor número de votos. En caso de empate se celebraría una tercera votación y si en esta también se registrase un empate, sería “propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en el caso de igualdad, el de mayor edad”.

Si, tras la renovación, cada bloque votase a un presidente de su sector, en principio, Pascual Sala seguiría en su cargo, dada la correlación general de fuerzas de siete a cinco. Pero en los nombramientos de los últimos presidentes se han producido todo tipo de situaciones, por lo que una fuga en el sector progresista podría llevar a un empate en la votación final. En tal caso, si se registrase un empate en la última votación, la presidencia —y el voto de calidad del presidente— recaería en el conservador Ramón Rodríguez Arribas, que tiene la misma antigüedad en el cargo que Pascual Sala, pero es unos meses mayor que él en edad. Y la trayectoria de Rodríguez Arribas no deja lugar a dudas sobre su inequívoca postura contraria a la legalización de cualquier formación abertzale, sea coalición electoral o partido.

La ponencia favorable a la legalización sigue sobre la mesa y el pleno del Tribunal Constitucional sigue hoy.