La RTVE del PP

El modelo de radio televisión pública del Partido Popular es un instrumento de propaganda y proselitismo político a favor del gobierno que sustenta. Lo fue con el Gobierno de Aznar y, todo indica, con las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Rajoy estos días, que lo volverá a ser. Ese modelo de televisión de partido se reproduce en aquellas comunidades autónomas donde gobierna el PP. Claros ejemplos son Telemadrid o Canal 9.

Los populares tienen una enorme dificultad para gobernar sin controlar la radio televisión pública. No saben gobernar sin ella. Necesitan su control. Para ellos es una herramienta clave de gestión de la opinión pública que complementa su acción de gobierno. Forma parte de su cultura política.

La estrategia de los populares ante el actual servicio público de radio televisión heredado es clara. Se desarrolla en torno a dos líneas de acción: la asfixia económica y la mordaza política de RTVE.

El recorte de los 204 millones de euros que ha impuesto el Gobierno en 2012 a la Corporación RTVE va más allá del lógico ajuste presupuestario como consecuencia de la crisis. Esta reducción, en un presupuesto de 1.200 millones de euros, solo puede concretarse a corto plazo en un ajuste del coste de contenidos, ya que se acaba de salir de un ERE que ha afectado a 4.000 trabajadores y en materia de personal debiera haber poco margen. Con esta medida caerá la calidad de RTVE y, con ello, su audiencia, como ya está ocurriendo con los ajustes aplicados hasta el momento: La 1 ha dejado de ser líder este último mes, después de 53 meses consecutivos de liderazgo.

De esta manera, se avanza hacía una televisión pública con un bajo presupuesto, de baja audiencia, que no haga sombra a las privadas y orientada a difundir acontecimientos institucionales. Y se da un gran paso hacía la “eliminación de las televisiones públicas”, como afirmaba un alto dirigente popular antes de llegar al Gobierno. Para el PP el concepto de servicio público de la radio y televisión estatal encomendado a la Corporación RTVE no requiere de espacios que aúnen altas audiencias, ni mantener un público fiel a una programación de información y cultura. Se trata de llegar a una radio televisión pública sin público, lo que se traducirá, antes o después, en un importante ajuste de personal ante la caída en picado de su cuota de audiencia, y con ella la de los informativos, su auténtico objetivo político.

A corto plazo, el reciente real decreto ley aprobado y convalidado establece una mordaza política. Con él se quiebra el amplio consenso político exigido por la ley que regula el servicio público de radio televisión de titularidad estatal en torno a la designación del presidente y Consejo de Administración. Un golpe institucional en toda regla, que significa un paso atrás en la independencia, neutralidad y pluralismo consagrado por las reformas de Zapatero, que nos devuelve a la televisión de Aznar y Urdaci. Se vuelve a gubernamentalizar la radio televisión pública y todo indica que su mayoría les llevará a modificar el papel del Consejo de Informativos y el Mandato Marco dado por el Parlamento.

Durante las últimas semanas, el PP y sus cargos institucionales han realizado una auténtica ofensiva contra la televisión pública. Se trataba de una campaña burda orquestada para legitimar una decisión que ya tenían tomada de antemano y que se ha materializado en uno de sus múltiples “decretazos” que acompañan su acción de gobierno. La mentira y la crisis económica han sido una vez más los argumentos utilizados para justificar su acción. Rajoy y los suyos no han querido negociar la representación en RTVE, lo mismo que posiblemente no harán con el resto de los órganos constitucionales. Su cultura política les impide gobernar con consensos, acuerdos y admitir la crítica. No saben. Para ello es clave controlar la RTVE; y están en ello.

RTVE fue durante mucho tiempo la asignatura pendiente de la democracia española. Después de 30 años de televisión de partido, el Gobierno socialista apostó a partir de 2004 por un servicio público que garantiza la independencia y sostenibilidad económica de la radio y televisión pública de titularidad estatal, siguiendo las pautas de los principales países de Europa, como Reino Unido, Francia, Alemania o Italia. Una reforma basada en la idea de dotarla de una auténtica independencia política y económica.

Los beneficios y la rentabilidad política que puede producir su control han impulsado al PP a dar un paso atrás. Utilizará la RTVE en beneficio propio, como ya hizo antes. Y para ello han contado con el apoyo de CiU, que de esta forma legitima su modelo de televisión pública en Cataluña. Pero con ello no solo pierde la democracia, sino todos los españoles. Se renuncia a la rentabilidad social y a la cohesión social y territorial que proporciona un servicio público de radio televisión como el actual. Se renuncia a más España por más PP.

Juan Luis Gordo Pérez es diputado PSOE por Segovia y portavoz de la Comisión de Control de RTVE del GPS.