El exjuez Urquía se libra de la cárcel pese a la pena por soborno

Los planetas se han vuelto a alinear a favor del exmagistrado de Marbella (Málaga) Francisco Javier de Urquía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha librado de entrar en prisión para cumplir una condena de dos años de prisión por cobrar 60.000 euros a cambio de dejar en libertad a tres imputados del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales, que él mismo instruía cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella en 2007. La resolución se le notificará el próximo miércoles.

El exjuez, hijo del magistrado Faustino de Urquía, que presidió la Audiencia de Alicante, cumple con los requisitos mínimos que el Código Penal establece en el artículo 81 para que su pena de cárcel no se ejecute, pero la última palabra la tenía el tribunal que lo sentenció en primera instancia. Para mantenerle libre, el TSJA le ha puesto como condición que no vuelva a delinquir en los próximos tres años. Urquía ha podido beneficiarse de esta medida porque su pena no supera los dos años y carece de antecedentes penales computables. Otro de los requisitos era satisfacer las responsabilidades civiles, y en este caso no las hay.

El pasado 28 de febrero, el Tribunal Supremo confirmó casi en su integridad la condena por prevaricación y cohecho que impuso a Urquía el TSJA en junio de 2010 por los sobornos del caso Hidalgo. Conocida la sentencia del alto tribunal, el exjuez solicitó que se le eximiera de la cárcel después de comenzar a cumplir con el resto de la condena impuesta en esta causa. La pena se completaba con una multa de 69.000 euros, que ya ha pagado, y 17 años de inhabilitación especial como magistrado, que empezaron a contar a finales de febrero, cuando el Consejo General del Poder Judicial formalizó su expulsión de la carrera.

Los otros dos condenados en esta causa —el empresario implicado en el caso Hidalgo Azan Khan y Arnaud Albouhair, antiguo amigo de Urquía— tampoco cumplirán sus penas de prisión, de uno y dos años respectivamente. En su caso, el TSJA también ha supeditado su decisión a que no vuelvan a delinquir en los próximos dos y tres años, respectivamente.

El tribunal andaluz también les ha permitido pagar a plazos las multas de 50.000 y 60.000 euros a las que fueron condenados. A partir del próximo junio, Albouhair comenzará a ingresar cuatro cuotas trimestrales de 15.000 euros y Khan tendrá que formalizar cinco entregas de 10.000 euros. En caso de que no satisfagan la multa deberán ingresar en prisión durante un mes.

Los hechos por los que Urquía fue condenado fueron los siguientes: en abril de 2007, el entonces juez cobró 60.000 euros de Azan Khan, un imputado en el caso Hidalgo de blanqueo, a cambio de dejarle en libertad bajo fianza tanto a él como a su esposa y a su hijo. Según la sentencia, Arnaud Albouhair recibió el dinero de manos de un sobrino de Khan llamado Tariq cuando aquel ya estaba en prisión, donde ingresó el 20 de abril de 2007.

Tras el pago, el 2 de mayo de 2007, Urquía revocó los autos de prisión dictados 15 días antes con el argumento de que Khan iba a ser juzgado por los mismos hechos en Bélgica, su país de residencia. La sentencia del TSJA consideró prevaricatorio el auto de libertad provisional bajo fianza porque Urquía no comprobó ni acreditó en ningún momento que los hechos imputados —el blanqueo de 136 millones de euros— fueran idénticos en ambos países.

El exjuez fue condenado por cohecho y prevaricación. La sentencia no se ha ejecutado hasta ahora porque la recurrió al Tribunal Supremo, que confirmó en todos sus términos la condena por cohecho, que llevaba aparejada la pena de prisión, pero le rebajó de 54.000 a 9.000 euros la multa por el delito de prevaricación, al entender que no era de carácter continuado.

Esta es la segunda causa por la que el exmagistrado se ha sentado en el banquillo. Urquía también ha sido condenado en firme por aceptar un soborno de 73.800 euros del supuesto cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, a cambio de prohibir la emisión de un programa de televisión que indagaba en su patrimonio.