El indulto de Garzón, una patata caliente para Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que siempre ha tenido buenas palabras para el hoy exjuez Baltasar Garzón, que nunca (ni en los momentos de mayor enfrentamiento del magistrado con el PP por el caso Gürtel) criticó su actuación —al contrario que otros dirigentes de su partido—, va a tener que manejar en los próximos meses una patata caliente: decidir sobre su indulto.

La asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel), en representación de unos 15.000 jueces y fiscales de países miembros de la UE, ha presentado a última hora de la mañana de hoy ante el Ministerio de Justicia la petición de clemencia para que se devuelva al exmagistrado la condición de juez que perdió tras ser condenado por prevaricar en la instrucción del caso Gürtel. Lo hacen porque consideran de una “severidad desproporcionada, indiscriminada y extraordinaria” la pena de 11 años de inhabilitación que impuso el Tribunal Supremo a Garzón el pasado febrero. E insisten en que, cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional ordenó grabar las conversaciones de los cabecillas de Gürtel con sus abogados en la cárcel, su motivación no respondía a ninguna “perversion ética” sino al intento de frenar la actividad delictiva de la trama.

La iniciativa ha sido aprobada, sin ningún voto en contra, por las asociaciones que conforman Medel, entre ellas las españolas Unión Progresista de Fiscales —que ha apoyado el texto— y Jueces para la Democracia —que se ha abstenido—, según informa Europa Press. Jueces por la Democracia, sin embargo, ha enviado esta mañana un comunicado asegurando que la asociación no ha sido "consultada ni informada" de la decisión de presentar la solicitud de indulto, y sin aclarar si la respalda o no.

El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena aseguró ayer jueves, en el Círculo de Corresponsales Extranjeros, que la petición de indulto se hace en nombre de Garzón, con su consentimiento, aunque no en su representación. “Tiene que quedar claro que Garzón no pide el indulto. No ha habido diálogo personal con él, sino a través de terceras personas", dijo. También recordó Mena que un Gobierno del PP —el de José María Aznar— indultó a un juez condenado por prevaricación (Javier Gómez de Liaño) y que en los últimos años se han visto indultos “escandalosos”, como el del consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz (lo indultó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero) o el de los dos condenados por el caso Yak-42 (recién indultados por el Gobierno de Mariano Rajoy).

Los juristas de Medel subrayan la “abrumadora" actividad al servicio de la Justicia del que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia económica y los crímenes de lesa humanidad, y en la defensa de los derechos humanos. Sus "ingentes servicios prestados" al "prestigio internacional" de la Justicia, dicen, se demostraron a lo largo de "1.000 casos con más de 8.000 imputados". El presidente de Medel, Antonio Cluny, explicó que la asociación ha decidido intervenir porque “no es un asunto interno de España”, sino que afecta a “un juez que es un paradigma que ha influido en la manera de trabajar de muchos países y ha proporcionado avances significativos en materia de derechos humanos".

La tramitación del indulto puede llevar meses. El ministerio tendrá que pedir ahora los informes pertinentes a la sala del Supremo que dictó la sentencia de inhabilitación (que previsiblemente se mostrará en contra del indulto) y a la fiscalía (que previsiblemente se mostrará a favor, porque durante el juicio reclamó la absolución de Garzón), y con todo eso decidirá. En los últimos meses Justicia ha concedido indultos con todos los informes a favor, con algunos a favor y otros en contra o incluso con todos en contra.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha eludido revelar si el Gobierno admitirá el indulto, con la excusa de que, según el Ministerio de Justicia, todavía no ha sido registrada ninguna petición.