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Las escuchas del 'caso Gürtel'

El Supremo da luz verde a la tercera causa contra el juez en el alto tribunal

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El caso

Baltasar Garzón instruyó desde la Audiencia Nacional el denominado caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al Partido Popular, que después desgajó en tres partes que envió a los tribunales superiores de justicia de Madrid y de Valencia y al Tribunal Supremo respectivamente pues en él aparecían imputados diputados regionales y nacionales así como miembros del Senado. Durante la instrucción, Garzón ordenó, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, intervenir las conversaciones que los principales dirigentes de la trama mantuvieron en prisión con algunos de sus abogados al considerar que podría existir connivencia con sus clientes para esquivar del alcance de la justicia española "millones de euros" ocultados en el extranjero. Ignacio Peláez, abogado del constructor e imputado en la trama José Luis Ulibarri presentó una querella por estos hechos y, pese a contar con la oposición de la fiscalía, la Sala de lo Penal del Supremo la ha admitido a trámite. Poco después, la Sala de lo Penal del alto tribunal admitió la personación del cabecilla de la trama, Francisco Correa, en la misma querella, lo que ha convertido al acusado en acusador. La ofensiva contra estas escuchas se siguió además en otro de los tribunales que instruye la trama Gürtel, el Superior de Justicia de Madrid. Allí, los implicados en la investigación consiguieron que la Sala de lo Penal anulara todas las intervenciones ordenadas por Garzón, por lo que las pruebas fueron eliminadas del sumario que se hizo público el pasado el 6 de abril.

Quién denuncia

La querella fue presentada por Ignacio Peláez, el abogado del empresario José Luis Ulibarri, que no llegó a ingresar en prisión, pero que está presuntamente implicado en la trama. Este abogado visitó en prisión a otros presuntos implicados para preparar la defensa de su cliente, donde fue grabado. Antes de ejercer de abogado, Peláez fue fiscal de la Audiencia Nacional y por tanto, compañero de Garzón. Desde que migró a la abogacía, su trayectoria no ha pasado desapercibida. Hace unos meses fue juzgado junto a sus clientes, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos, por el caso de la carta falsa con la que la pareja de empresarios intentó contrarrestar la condena del caso Urbanor, finalmente extinguida por prescripción. El tribunal que les juzgó en octubre expresó su "sorpresa" por la contratación de Peláez por Los Albertos, pero no encontró "prueba suficiente" que demostrara que conocía la falsedad de la carta. Peláez salió absuelto y Los Albertos, condenados a cuatro meses. Hace unas semanas, Peláez fue investigado por la Audiencia Nacional por ayudar a entrar, sin permiso, a un periodista holandés y a la mujer de un preso en los calabozos del edificio. A los policías de servicio les dijo que sus acompañantes eran compañeros del despacho, pero los agentes desconfiaron y descubrieron que uno era periodista y la mujer era la esposa del recluso.

Quién instruye la causa

El juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, miembro de Jueces para la Democracia que accedió al cargo hace ahora un año desde la presidencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de juzgar, entre otros, el llamado caso del ácido bórico en el que se dirimía la actuación de cuatro altos mandos de la Policía por la supuesta manipulación de un informe de tres subordinados suyos en el que vinculaban a ETA con el 11-M.

Qué dice la fiscalía

La Fiscalía del Supremo se ha pronunciado contra esta causa en varias ocasiones. En febrero de 2010 el Ministerio Público calificaba de "fraude de ley" la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez. Pese a este escrito, la Sala admitía la denuncia a trámite, decisión contra la que la propia Fiscalía del alto tribunal ha presentado un recurso de súplica hoy mismo ha sido rechazado. En dicho recurso, el fiscal aseguraba que las intervenciones contaron en todo momento con la autorización judicial necesaria y además proporcionaron datos claves sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.

Qué opinan otros tribunales

Por su naturaleza, dividido en varios sumarios, el caso se investiga en varios tribunales, no sólo en el Supremo. En un auto dictado el pasado mes de enero, el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, justifica las escuchas ordenadas por Garzón y pedía “cordura” ante la posibilidad de condenar un sumario de más de 60.000 folios. Contra este auto, como ya se ha dicho, los abogados de los imputados en la trama presentaron más de 60 recursos ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que finalmente descartó las escuchas.

Qué delitos se le imputan

Prevaricación: Dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho, lo que podría suponerle una inhabilitación de 12 a 20 años.
Contra las garantías de la intimidad: La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.