El PP señala a Costa como responsable en la causa de la financiación ilegal

La dirección del PP valenciano ha señalado ante el juez que instruye la causa de financiación ilegal de la formación, enmarcada en el caso Gürtel, a su ex secretario general Ricardo Costa como responsable total de la gestión del partido en el periodo investigado: 2004-2009. El escrito remitido al magistrado José Ceres por la formación que preside Alberto Fabra señala que al secretario general le correspondía “la coordinación, a través de los vicesecretarios generales y vicesecretarios ejecutivos, de las áreas de actividad del partido”, así como “la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal”, tal como indicaban los estatutos vigentes en aquel momento.

El ‘ex número dos’ del PP valenciano intentó salpicar a la dirección regional

Costa, que sigue siendo diputado autonómico, está imputado junto a otros destacados miembros del PPCV y de la Generalitat por presunta financiación ilegal —delito electoral— y falsificación mercantil en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008. Según la investigación, ocho empresas constructoras que habían recibido millonarias adjudicaciones de obra civil del Gobierno valenciano sufragaron diversos actos electorales. Dichas aportaciones habrían sido camufladas a través de Orange Market, la empresa de la trama Gürtel en Valencia al frente de la cual estaba Álvaro Pérez, El Bigotes. Los actos electorales del PP los hacía Orange Market, pero en vez de pagarlos el partido los cobraba de las constructoras emitiendo para ello facturas por servicios ficticios, según considera acreditado la Fiscalía Anticorrupción.

El escrito de la dirección regional contiene consideraciones duras hacia quien fuera su número dos. Y responde a uno anterior presentado por Costa ante el juez, en el que solicitaba que se llamara a declarar en calidad de testigo al actual secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y que se requiriera al partido una batería de documentos que podrían servir para exculparlo. El magistrado denegó la citación de Clemente, pero accedió a reclamar la documentación.

Uno de los puntos solicitados por Costa consistía en que la dirección regional indicara “las tareas concretas que desarrolla en la actualidad la persona encargada de la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, así como su identificación”.

La respuesta de la dirección, que firma Antonio Clemente, da idea de la tensión que acumula el partido en Valencia: “Cabe en primer lugar preguntarse qué es lo que debe entenderse por ‘gestión ordinaria de la tesorería’, al ser este un concepto jurídico indeterminado”, arranca la contestación.

A continuación, el PPCV señala que las operaciones “de cobros y pagos” de la formación se realizan a través de una cuenta bancaria del partido en la que actualmente figuran cuatro personas como autorizadas, entre las que se cuenta el secretario general, que es el cargo que ocupaba Costa en el periodo investigado. El escrito señala que bastan “dos firmas indistintas de cualesquiera de ellos” para efectuar una operación.

Entre los autorizados hoy se hallan igualmente otros dos responsables del PPCV imputados en la misma causa de financiación ilegal: Yolanda García, que es tesorera y diputada, y Cristina Ibáñez, administradora. A la dirección no le constan, en cambio, “cuentas autorizadas con su firma por Ricardo Costa” entre 2004 y 2008.

El juez también ha recibido, sin embargo, una comunicación del Santander en la que el banco indica que Costa era apoderado con firma mancomunada (eran necesarias dos) para operar en una cuenta del PP valenciano en los años 2007 y 2008.