Las ONG reclaman a Interior que dote a los CIE mejor que a las cárceles

La Ley General Penitenciaria, en su artículo 13, contiene un catálogo de instalaciones con las que deben contar las cárceles, como dormitorios individuales, enfermería, escuelas, bibliotecas, instalaciones deportivas, talleres, peluquería, cocina… El anteproyecto del reglamento de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) contempla para esos recintos –en los que ingresan los inmigrantes no por cometer delitos, sino por la falta administrativa de residir en España sin documentación- unas dotaciones mucho menores.

Es una de las principales observaciones de las ONG de inmigración sobre el texto del Gobierno, al que critican por perpetuar el modelo policial en los centros, dejando en manos de los agentes no solo la seguridad, sino los servicios sociales y sanitarios de estas instalaciones. El Defensor del Pueblo y tres jueces de Madrid encargados de estos centros han advertido de sus condiciones de hacinamiento y la insuficiencia de sus instalaciones, así como de las carencias de sus servicios médicos. Ahora, las ONG proponen el listado de medios de que estos centros deben disponer. Piden, por ejemplo, instalaciones tan básicas como taquillas para que los internos guarden sus pertenencias o baños accesibles las 24 horas del día (un juez constató que en el CIE de Madrid no se permitía el acceso por la noche).

Pero también consultas médicas y salas de enfermería dependientes de los servicios autonómicos de salud, no de la policía como establece el texto. El Defensor del Pueblo llegó la conclusión en enero de que la muerte de un interno guineano en el CIE de Barcelona pudo haberse evitado resolviendo las muy graves carencias del servicio sanitario del recinto. Un juez de Madrid también alertó de esos fallos tras el fallecimiento de una congoleña en el centro madrileño después de que el personal descartara hasta nueve veces que estuviera grave.

Por eso, los colectivos sociales reclaman que, en situaciones de urgencia, la atención médica se dispense a los enfermos en los centros hospitalarios correspondientes al área de salud donde se encuentre el CIE. También piden que se les examine antes de ingresar en el centro -en el que pueden permanecer encerrados hasta 60 días- para determinar si el internamiento supone un riesgo para su salud y que el informe correspondiente sea enviado, no solo al director, sino también al juez que ordenó esa medida y al que controle el CIE.

Además, proponen que no se permita en ningún caso el internamiento de mujeres embarazadas y que se cree un sistema de protección para las personas gravemente enfermas que requieran asistencia sanitaria especializada o un tratamiento de imposible acceso en su país, lo que podría poner en peligro su vida en caso de que se consume la expulsión.

El informe de las ONG también pide que los extranjeros sean avisados con al menos 48 horas de adelanto de las condiciones de su expulsión y, entre ellas, especialmente, la ciudad de destino y el número de vuelo. También reclaman que se dé información del paradero del inmigrante a sus familiares y amigos cuando haya sido trasladado, liberado o deportado. En este último caso también deberán revelares el lugar al que haya sido deportado para evitar situaciones de angustia.

El anteproyecto pone también bajo la dependencia directa del director del CIE la coordinación de los servicios sociales, algo con lo que las ONG discrepan igualmente. “No creemos que un funcionario policial sea el más adecuado para valorar el contenido y alcance de estos servicios ni para concretar su prestación”, explica su informe. Los colectivos se quejan de la parquedad con la que el documento de Interior describe la función de estos servicios, que “se orientarán a la resolución de los problemas surgidos a los extranjeros ingresados y, en su caso, a sus familias”. Las organizaciones recuerdan que el interno en un CIE “necesita de la colaboración de la Administración para el ejercicio de derechos básicos y la función de esos servicios [sociales] es facilitar el ejercicio de esos derechos”.

Por eso exigen que se especifiquen como funciones de esos servicios la información a los extranjeros de las causas por las que se encuentran internados y las resoluciones administrativas o judiciales que les afecten, la detección de posibles refugiados, víctimas de trata o de violencia de género y de personas de especial vulnerabilidad y que sea el responsable de este servicio y no la policía, la que ponga en conocimiento del fiscal o de la Comisaría General de Extranjería estas situaciones. Los servicios sociales, además, deben facilitar el contacto de los internos con sus abogados y familiares u otras personas con las que quieran contactar así como proporcionar asistencia psicológica.

Las personas que han pasado por este tipo de centros se quejan reiteradamente de que se les identifique por un número. Ahora, las organizaciones reclaman que el reglamento recoja expresamente el derecho a que sean llamados por su propio nombre. La norma será presentada mañana por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que visitará el CIE de Barcelona. Será la primera vez que los medios de comunicación obtengan permiso para acceder a un centro de este tipo.

El informe ha sido realizado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Andalucía Acoge, Convivir sin Racismo, Sos Racismo, Foro Galego de Inmigración, Grupo Inmigrapenal, Karibu, Médicos del Mundo, Migreurop, Mugak, Plataforma de solidaridad con los/las inmigrantes, Pueblos Unidos, Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos la parroquia de San Carlos Borromeo.