Rajoy da el primer paso

El 20 de octubre, Mariano Rajoy calificó de “acontecimiento histórico” el anuncio de ETA de cese definitivo del terrorismo. Rajoy, que con esta actitud avaló la importancia de aquel cese —no una mera tregua— frente a los sectores más radicales de la derecha y de algunas élites de las asociaciones de víctimas, se dejó convencer por el PP vasco. Pero no solo por él. Disponía también de buena información procedente de su antecesor en el Gobierno; del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y de empresarios vascos con los que venía hablando desde hacía tiempo.

Pero ese reconocimiento, avalado por los hechos —en estos seis meses, ha cesado realmente toda actividad de ETA, según confirman las Fuerzas de Seguridad del Estado—, no había generado ninguna iniciativa por parte del Ejecutivo. Lo único, el 22 de febrero, el partido del Gobierno tuvo un gesto, de carácter reactivo, al acordar con los demás grupos parlamentarios su oposición a una iniciativa de Rosa Díez para ilegalizar a Amaiur, la marca con que la izquierda abertzale se presentó a las elecciones generales del 20-N.

El texto, acordado por el PP y la práctica totalidad de los partidos, se comprometía a propiciar la convivencia social sobre los principios que sustenta el Estado de derecho, un eufemismo que se refería al abordaje de la reinserción de los presos etarras, una vez constatado el final definitivo de la violencia.

Desde entonces, el PNV y el PSE, sobre todo el lehendakari Patxi López, han apremiado al PP vasco y a Rajoy a que avancen en una propuesta de reinserción así como en el acercamiento de los presos etarras y la excarcelación de los enfermos para consolidar el final de ETA.

El apremio se ha intensificado al cumplirse, la pasada semana, el sexto mes del cese definitivo de ETA y cuando, además, la izquierda abertzale había pedido a los presos etarras, sumidos en un debate, que se acojan a la legalidad para facilitar su salida.

La presión del PNV y PSE ya tuvo un primer efecto con la introducción en la ponencia del PP vasco, con motivo del congreso que celebrará en mayo, de un apartado en el que se aboga por la agilidad de la política penitenciaria, dentro de la legalidad.

La novedad del plan de reinserción individual que ayer anunció el ministro del Interior, Jorge Fernández, estriba en que los presos etarras, y otros condenados por terrorismo y crimen organizado, no tendrán que pedir perdón ni comprometerse a colaborar con la justicia para poder ser trasladados a cárceles vascas. Tendrán que renunciar a la violencia y desvincularse de la organización armada. Es decir, da un paso en la flexibilización de la política penitenciaria.

El plan, en la versión del ministro, origina un elemento de confusión al poner condiciones para acercar presos etarras a las cárceles del País Vasco. El acercamiento es una potestad del Gobierno que no requiere ninguna condición para los reclusos, como puso de relieve José María Aznar cuando en la tregua de ETA de 1999 realizó el traslado de más de un centenar de etarras como gesto de distensión.

Pero pese a las limitaciones de esta primera iniciativa del Gobierno para consolidar el final de ETA, resulta importante porque manda el mensaje nítido a la sociedad de que va a abordar la reinserción de los presos de la banda para tratar de consolidar su final. Rajoy trata de ser coherente con su declaración del 20 de octubre. Su iniciativa, previsiblemente, tendrá continuidad con otros pasos.

También dirige el mensaje a los sectores más radicales de la derecha —una vez más Jaime Mayor encabeza el inmovilismo—, y a las élites de las asociaciones de víctimas, de que la política antiterrorista la dirige el Gobierno y no otras instancias. Trata, asimismo, de tomar la iniciativa y de condicionar a la izquierda abertzale en el debate que han abierto los presos.

Es también reseñable que el Gobierno haya logrado el apoyo de los principales partidos —PSOE, PNV, CiU...—, y eso que el ministro no había acordado su iniciativa con ninguno de ellos. La oposición da así un ejemplo al PP al no utilizar el terrorismo como arma política, en contraste con lo que este hizo con los Gobiernos socialistas.