El comisionado para la paz ve posible un pacto ciudadano hacia el verano

El lehendakari Patxi López encargó el 20 de marzo al comisionado para la Convivencia y la Memoria, Jesús Loza, que tratara de alcanzar un pacto ciudadano entre organismos sociales y políticos, “abierto a todo el mundo”, sobre la hoja de ruta del final de ETA. Le pidió que lo hiciera con especial incidencia en la convivencia, la memoria de las víctimas y la reintegración en la sociedad de quienes lucharon contra la democracia, incluso los presos de la banda. Con esta misión, el comisionado pretende contribuir a poner las bases para consolidar el cese definitivo de ETA, anunciado ahora hace seis meses.

Loza ya ha realizado una primera toma de contacto con numerosas organizaciones de la sociedad civil en Euskadi y fuera de ella, como fundaciones y asociaciones de víctimas del terrorismo, la Iglesia católica, Gesto por la Paz, Lokarri, Baketik, el Ararteko, sindicatos y organizaciones empresariales. También ha conectado con Diputaciones, grupos parlamentarios y partidos, incluida la izquierda abertzale.

El comisionado ve posibilidades de alcanzar ese acuerdo antes del verano, al encontrar una “voluntad mayoritaria” en los grupos políticos y sociales acerca de que la etapa de la violencia ya ha culminado y ahora se trata de consolidarla con un “pacto ciudadano por la convivencia”. Esa “voluntad mayoritaria” no es óbice para que existan “obstáculos importantes”, procedentes de “posiciones ultraortodoxas de algunas élites de las asociaciones de víctimas de ETA”. Pero Loza pretende “seguir avanzando” hacia el consenso.

El lunes se constituirá en el Parlamento vasco la ponencia sobre la convivencia. El comisionado acudirá a ella para realizar un primer balance de sus gestiones. Dirá que tras estos primeros contactos, cree que es posible un pacto “sencillo y claro”, basado en el rechazo a la violencia para la obtención de objetivos políticos, la memoria inclusiva, y el reconocimiento del daño causado: la integración en la democracia de los que lucharon contra ella, sobre la base del respeto al Estado de derecho y la legitimidad de pactos de convivencia como la Constitución y el Estatuto, susceptibles de modificarse.

“Tendremos convivencia cuando podamos dar cualquier opinión en un bar del País Vasco sin miedo y se respeten las opiniones de los otros. Y, también, cuando no haya vascos de primera y de segunda”, resume Loza.

La principal dificultad con la que se encuentra el comisionado del lehendakari es la de conjugar en un amplio acuerdo las posiciones de la izquierda abertzale y las de las de algunas asociaciones de víctimas.

Loza ya ha mantenido un contacto con una representación legal e institucional de la izquierda abertzale. “Les dije que estábamos dispuestos a ayudarles a que den los pasos necesarios para integrarse en la sociedad y el Estado democrático e, incluso, a acercar a los victimarios a las víctimas”.

Esta disposición vino precedida de una crítica a la “insuficiencia” de los pasos dados por la izquierda abertzale para avanzar en el final de ETA. En esta línea, Loza censuró también cómo el discurso del Kursaal de San Sebastián, en febrero pasado, que tantas expectativas había levantado, se vio defraudado por su ambigüedad en el reconocimiento del daño causado por la violencia, al mezclarse con otras violencias y por no dar ningún paso en la reclamación a ETA para su disolución. Paralelamente, Loza les expuso cómo el Gobierno vasco había avanzado al reconocer tanto a las víctimas de los GAL y de la extrema derecha como a las de los abusos policiales en la etapa de la Transición. La representación de la izquierda abertzale se comprometió a trasladar esa opinión a su dirección política.

Los contactos de Loza con las asociaciones de víctimas del terrorismo han sido dispares. Las asociaciones autonómicas —la catalana, la andaluza....— han respaldado las propuestas del comisionado: rechazo a la violencia y a la negociación política, cumplimiento de los requisitos que marca el Estado de derecho para la reinserción de los presos de ETA y trato digno a las víctimas de la banda.

No ha sucedido lo mismo con la AVT —que ni acudió a la reunión—, Covite y la Fundación de Víctimas, esta última representada por Maite Pagazaurtundua. “Es una lástima que desconfíen del Estado de derecho, precisamente cuando ETA se ha visto obligada a abandonar el terrorismo por la presión de la democracia”, señala Loza.

Este mismo grupo es reticente a la aplicación de las políticas de reinserción individual de etarras que marca la ley, y que exigen un previo rechazo de la violencia, el reconocimiento del daño causado y responsabilidades pecuniarias.

Pero el comisionado está dispuesto a seguir adelante con su mandato de lograr un pacto por la convivencia en los próximos meses. “Las víctimas tienen que ser escuchadas. Pero también tenemos claro que la política penitencia la deben decidir los Parlamentos y los Gobiernos”.