El juzgado archiva la petición de una anciana de exhumar a su madre

María Martín, de 81 años, acaba de recibir otro revés de la Justicia. El pasado uno de febrero relató entre las togas del Tribunal Supremo cómo un grupo de falangistas había fusilado a su madre el 21 de septiembre de 1936 y cómo desde entonces nadie la había ayudado a recuperar los restos y darles una sepultura digna. En el banquillo estaba sentado Baltasar Garzón, acusado de prevaricar por pretender investigar crímenes como aquel. Garzón quedó apartado de la judicatura y el Supremo dictó que la competencia sobre las fosas del franquismo era de los juzgados territoriales. Así que María acudió a ellos.

El pasado 4 de abril presentó junto a Fernando de León, hijo de otro fusilado ese mismo día, una denuncia en el juzgado de instrucción número dos de Arenas de San Pedro pidiendo ayuda para exhumar los restos de su madre.Dicho juzgado acaba de dictar el sobreseimiento y archivo de la denuncia por considerar que los hechos denunciados "han dejado de tener relevancia penal".

En su denuncia, María Martín y Fernando de León, habían citado el auto del Tribunal Supremo del pasado 28 de marzo que establece que la competencia de las fosas es de los juzgados territoriales. En el auto, la juez expone que el Alto Tribunal "ha cerrado el acceso a la jurisdicción penal como vía de investigación" ya que los delitos habrían prescrito. "Aunque se admitiese que los familiares de los asesinados no tuvieron la posibilidad de instar la persecución de esos delitos durante la dictadura y hubiese que iniciar el cómputo de la prescripción a la entrada en vigor de la Constitución, el plazo de los 20 años habría transcurrido en todo caso", prosigue la juez. 

El auto del Supremo, recuerda el juzgado de Arenas de San Pedro, "excluye expresamente la posibilidad de enjuiciamiento penal de los autores de los crímenes del franquismo (...) sin embargo eso no será obstáculo para que, en presencia de indicios de restos de posibles víctimas de delitos susceptibles de localización (que no se aportan en el presente caso) pueda instarse del juez de instrucción competente la práctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y si fuera necesario, a la identificación de los afectados". Lo que pedía esta anciana de 81 años era precisamente ayuda para localizar la fosa donde se encuentra su madre y poder recuperar los restos. El juzgado la remite a la ley de memoria histórica.

"¿Y entonces dónde tenemos que ir? A la Audiencia Nacional nos han dicho que no, y ahora a los juzgados territoriales, tampoco. ¡Vamos hacia atrás!", se queja el abogado Fernando Magán. "Vamos a recurrirlo, por lo menos, para que nos diga dónde tenemos que ir para que le den a las víctimas tutela judicial". 

Desde que el Supremo estableció que la competencia sobre las fosas del franquismo es de los juzgados territoriales, se han llevado a cabo dos exhumaciones en Burgos y Soria en las que se han recuperado los restos de 22 fusilados con signos evidentes de muerte violenta, como cráneos con agujero de bala. Ningún juez se acercó a la fosa. El magistrado retirado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín anima a los afectados a querellarse contra todos jueces que no acudan a las fosas del franquismo: "Están prevaricando", asegura.