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Interior concede su segundo tercer grado a un preso de la vía Nanclares

Prisiones también aleja del País Vasco a un recluso de la banda por no rechazar la violencia

El Gobierno insiste en que no habrá ningún tipo de beneficio penitenciario sin autocrítica

El Gobierno ha concedido el segundo tercer grado en menos de dos meses a un preso disidente de ETA recluido en la cárcel alavesa de Zaballa (que ha sustituido a la antigua prisión de Nanclares de Oca). Se trata de Joseba Andoni Díaz Urrutia, condenado a seis años de cárcel por pertenecer al entramado de la banda, sin delitos de sangre. En noviembre de 2011 el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ya le aplicó el artículo 100.2 del reglamento penitenciario para permitirle salir cada día de prisión por haber cumplido con todos los requisitos que exige la ley a los presos por terrorismo: pedir perdón a las víctimas, rechazar la violencia y comenzar a hacer frente a las indemnizaciones. El paso dado por Prisiones le permitirá además iniciar los trámites para obtener la libertad condicional.

Se trata del tercer preso disidente de ETA que alcanza esta situación en los últimos meses. Los otros son Fernando de Luis de Astarloa, que accedió al tercer grado con el Gobierno socialista, y Juan Manuel Fernández Pérez, primer recluso al que el Ejecutivo de Mariano Rajoy concedió esta medida, ambos acogidos a la vía Nanclares de rechazo individual de la violencia. El colectivo oficial de presos de ETA no acepta esta vía. Con decisiones como esta el Gobierno quiere dejar claro que es el único camino posible para acogerse a beneficios.

Interior también ha trasladado desde Zaballa a la prisión de Topas (Salamanca) a Ekaitz Samaniego, miembro de Segi arrestado el pasado enero y condenado por el Supremo a seis años de cárcel por atacar una parada del tranvía de Vitoria en 2009. El alejamiento de Euskadi obedece a su no rechazo a la violencia.

El palo y la zanahoria

La idea que pretende transmitir el Gobierno es clara: no habrá acercamientos a Euskadi, ni siquiera en los casos de delitos menos graves, sin renuncia explícita del terrorismo. Pero la aplicación de la ley será generosa con los que abandonen las directrices de la banda. La misma línea de palo y zanahoria que estableció el anterior Gobierno socialista, aunque ahora, tras el comunicado del fin de la violencia, el PSE y el PNV piden al Ejecutivo del PP algún paso más.

El Gobierno asegura que no hará nada más antes de que ETA se disuelva. Pero sí tuvo, la semana pasada, un tímido gesto hacia los presos del colectivo oficial trasladando a Basauri (Bizkaia) a un recluso con una grave enfermedad mental. Desde el ministerio se insiste en que eso no supone más que cumplir con la ley y que la cuestión de los enfermos se estudiará caso por caso.

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