Rajoy afronta la situación límite con todos los puentes rotos con el PSOE

Los puentes del consenso están rotos. Mariano Rajoy ha decidido, de momento, prescindir del primer partido de la oposición, el PSOE, y renunciar al instrumento de la posible unidad política para encarar la primera situación de emergencia financiera que sufre España desde que gobierna el líder del PP.

Con el paro sin freno, el déficit desbocado, los intereses de la deuda encareciéndose y la prima de riesgo por encima de los 400 puntos, el Gobierno de Mariano Rajoy reaccionó este jueves con un tibio mensaje del ministro de Economía, Luis de Guindos, en el que atribuía el nuevo repunte de la prima de riesgo al “nerviosismo” ante la falta de crecimiento en Europa y opinaba que el Ejecutivo está haciendo lo que debe con las reformas. El Ejecutivo del PP ya ha avanzado que este año seguirá la destrucción de empleo (calculan 600.000 parados más) y la recesión económica.

Pese a todas esas dificultades mayores, el presidente del Gobierno prefiere combatir a los mercados en solitario —tiene mayoría absoluta para sacar adelante cuantas reformas necesite—, sin apoyo del primer partido de la oposición. “No esperamos su ayuda y no la vamos a tener. Pero no nos preocupa”, afirmó Rajoy el pasado miércoles en su visita a Andalucía. El presidente del Gobierno intuye que el PSOE no está por la labor de echar una mano tras comprobar la dura oposición de Alfredo Pérez Rubalcaba a la reforma laboral, el rechazo socialista de la amnistía fiscal y a los Presupuestos de 2012 e incluso a la Ley de Estabilidad, que surge de un pacto previo en agosto pasado entre socialistas y populares.

La intuición de Rajoy tiene que ver con los movimientos del PSOE, muy activo en la denuncia de las políticas económicas del PP. El presidente del Gobierno no ha llamado a Rubalcaba en las últimas semanas. Ni siquiera en los últimos días, cuando arreciaba el ataque de los mercados a España.

“Nada parecido a lo que hizo Zapatero, que en plena crisis de la deuda en agosto llamó a Mariano Rajoy, y al resto de portavoces parlamentarios, por cierto, y pactó con el líder del PP una reforma constitucional para intentar frenar los ataques de los mercados”, recuerda un ex ministro.

“Si Rajoy llama a Alfredo Pérez Rubalcaba para tratar sobre esta situación de emergencia”, señala un portavoz del PSOE, “estamos dispuestos a hablar y escuchar. Pero la iniciativa debe partir del Gobierno, como hizo Zapatero en su día en una situación parecida. Y además de hablar de economía, debería tratar sobre la reforma laboral”.

Zapatero llamó a los portavoces de todos los grupos en la crisis de agosto

El último ataque a la deuda parecido lo sufrió el Gobierno socialista de Zapatero en plenas vacaciones de verano de 2011. El 2 de agosto, como consecuencia de las dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para pagar sus deudas, se desplomaron las Bolsas europeas. Y al día siguiente, la prima de riesgo española superó los 403 puntos —como este jueves, cuando llegó a tocar los 409—. El presidente hizo una ronda con los portavoces parlamentarios en la que trató de justificar la subida de la prima de riesgo por la volatilidad de los mercados en unos días de poco volumen de negocio en el que cualquier elemento podía influir en los precios. A la vez, les pidió ayuda para trasladar un mensaje de confianza en España.

En ese contexto, los dirigentes del PP insistían en pedir el adelanto electoral como la única salida posible a la crisis.

Las turbulencias continuaron instaladas sobre España y, el 24 de agosto, tras numerosas conversaciones entre Zapatero y Rajoy sobre la situación de los mercados y de la economía española, ambos líderes pactaron una reforma constitucional exprés para imponer con el máximo rango legal el sagrado principio de la estabilidad presupuestaria y de la limitación del déficit público.

El Ejecutivo insiste en mantener el rumbo porque las reformas son buenas

En aquellos días, la negociación a tres bandas —Gobierno, PSOE y PP— para el pacto constitucional tan solo se enturbió a cuenta del límite de déficit máximo que autorizaría la Constitución y se cerró un acuerdo para que fuera del 0,4%. Ese límite debería regularse a través de una ley que no pudo aprobar el Gobierno socialista y que Rajoy presentó como una de sus prioridades en los primeros meses de mandato.

El texto remitido por el Ejecutivo del PP al Congreso de los Diputados establecía el déficit cero para todas las Administraciones y los socialistas consideraron que Rajoy había traicionado el pacto firmado en agosto. Con la tramitación de la Ley de Estabilidad en marcha, socialistas y populares siguen empantanados y no parece posible, aquí tampoco, el consenso. El PP todavía confía en lograrlo.