Interior pretende endurecer las penas por vandalismo antes de fin de año

El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha asegurado que su Gobierno quiere aprobar antes de que acabe este año la reforma penal que castigará el vandalismo callejero igual que la kale borroka. Además, ha explicado que lo que se pretende es elevar las penas para esos delitos a un mínimo de dos años con el fin de poder adoptar la prisión provisional.

Fernández ha subrayado que los incidentes que se produjeron en la huelga general y "en ocasiones anteriores en Barcelona de una manera muy especial" evidencian que hay "radicales antisistema y violentos que utilizan ese tipo de concentraciones y eventos para actuar como auténticas guerrillas urbanas". En este punto, ha explicado que Interior y Justicia están trabajando "conjuntamente" para dar una respuesta desde el Código Penal "adecuada a la altura de la agresión que se está formulando a la sociedad". Se trata, ha proseguido, de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como tribunales, jueces y fiscales "tengan los instrumentos jurídicos y penales adecuados para hacer frente a a esa situación".

Desde el PSOE se resisten a "equiparar" el vandalismo callejero con la kale borroka, pero coinciden en que hay que buscar "cualquier fórmula" para perseguir con más eficacia esa violencia y evitar la "impunidad" actual, informa Vera Gutiérrez Calvo. "Estamos muy preocupados. El vandalismo, fundamentalmente en Cataluña, hace estragos casi todos los fines de semana", ha afirmado esta mañana la número dos del PSOE, Elena Valenciano.

Los graves incidentes ocurridos en Barcelona durante la huelga general del 29-M no deben repetirse. El mensaje lanzado por el Gobierno catalán sobre la necesidad de erradicar de una vez por todas la “guerrilla urbana” ha calado esta vez en los jueces y fiscales, que están actuando con contundencia contra los detenidos. Una juez envió el viernes por la noche a la cárcel, sin posibilidad de fianza, a tres de los detenidos por desórdenes públicos para evitar que vuelvan a delinquir en acontecimientos multitudinarios que se celebrarán en Barcelona en las próximas semanas. Ayer, otro juez dictó prisión, aunque eludible con fianza de 3.000 euros, para otros cinco detenidos.

En el auto de prisión sin fianza de J. T. O., activista de 30 años, la juez precisa que hay tres citas en las que es previsible que se produzcan incidentes violentos similares a los de la huelga: las manifestaciones por el día de los trabajadores (1 de mayo); las protestas por la cumbre del Banco Central Europeo (3 de mayo) e incluso la disputa del derbi entre el Barcelona y el Espanyol (5 de mayo).

Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, J. T. O. tenía “numerosos antecedentes” por hechos similares; en concreto, es uno de los imputados por los actos de acoso a diputados frente al Parlamento catalán, el pasado 15 de junio. El cerco de los indignados obligó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a acudir al hemiciclo en helicóptero.

Los otros dos detenidos que el viernes fueron enviados a prisión carecen de antecedentes. Son estudiantes de Física de la Universitat de Barcelona (UB) y militantes de la Asociación de Estudiantes Progresistas. Además de desórdenes públicos, la juez les atribuye otros delitos: daños, lesiones y ser “portadores de elementos incendiarios”, según el TSJC.

Los abogados de los detenidos critican que se ordene prisión “por lo que puedas hacer”, creen que la decisión tiene “motivaciones políticas” y alertan de que la medida supone “un retroceso de 30 años en nuestra democracia”.

La mayoría de detenciones practicadas en Barcelona se produjeron durante la tarde y la noche del día 29, después de que el centro de la ciudad se convirtiera en escenario de una batalla campal entre activistas y antidisturbios. Los violentos quemaron casi 300 contenedores, destrozaron comercios y arrasaron con el mobiliario urbano. Los tres activistas que ya duermen en prisión, sin embargo, fueron arrestados por la mañana por participar en piquetes. J. T. O., por ejemplo, fue detenido por agentes de paisano por cortar el tráfico y volcar contenedores. Fueron los primeros en pasar a disposición judicial el viernes y la fiscalía solicitó cárcel para ellos. Los 10 que les siguieron ese mismo día, sin embargo, quedaron en libertad con cargos con la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días. Ayer, de los 13 puestos a disposición, ocho quedaron en libertad con cargos y para otros cinco se dictó prisión bajo fianza por desórdenes, atentado a la autoridad y daños.