El Gobierno dispara las tasas judiciales para los recursos en civil y social

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, con el fin, se asegura, de paliar la saturación de los juzgados y a su vez sufragar la justicia gratuita. Pero, en la práctica, limita el acceso de muchos ciudadanos con ingresos medios o bajos a la administración de justicia.

Las subidas más espectaculares son las de las apelaciones en civil y contencioso-administrativo, que suben 500 euros, y las casaciones en esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En el caso de la jurisdicción social, los casos de súplica y casación, que hasta ahora eran gratuitos, tendrán ahora unas tasas de 500 y 750 euros, respectivamente.

Con esta medida, incluida en el paquete de reformas anunciado por Ruiz-Gallardón para agilizar y hacer más eficaz el trabajo de los tribunales, se aplicarán las tasas también para las personas físicas, y no solo jurídicas, que dispongan de recursos económicos, aunque quedarán exentos de pagar aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos.

Otro de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo es evitar que lleguen a los juzgados conflictos que pueden solucionarse a través de otras vías, como la mediación, o aquellas actuaciones que solo persiguen dilatar en el tiempo el procedimiento, con lo que se aliviará también la carga de trabajo de los órganos judiciales.

Según ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el anteproyecto, que ahora será remitido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, pone el acento en la segunda instancia para "evitar el exceso o abuso" de los recursos.

Así, ha indicado que se trata de quien ya tiene la sentencia de un órgano judicial "contribuya con los costes" que genera recurrirla en una segunda instancia.

La subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicará también en lo Social, aunque en esta jurisdicción solo en el caso de recursos en segunda instancia de súplica o casación, quedando también excluido el orden penal.

También se introduce una nueva tasa por el alta y modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados.

Según la estimación del Gobierno, si se mantuvieran los datos de 2010, cuando se recaudaron 172 millones de euros a través de esta vía, esa cifra podría alcanzar los 300 millones con las nuevas tasas, cuya recaudación, teniendo en cuenta la actual coyuntura de crisis económica, se destinará a mantener y financiar el sistema de justicia gratuita.

En concreto, en el orden civil subirán las tasas para los procesos verbal y cambiario, que pasan de 90 a 150 euros; las correspondientes para procesos ordinarios se incrementan de 150 a 300, y en el proceso monitorio suben también de 50 a 100 euros.

Las tasas para ejecuciones extrajudiciales y concursos necesarios se elevan de 150 a 200 euros, en los recursos de apelación habrá que pagar 500 euros más -de 300 a 800- y en los de casación e infracción procesal suben un 100 por cien pasando de 600 a 1.200.

En la jurisdicción contencioso-administrativa suben las tasas en los procesos abreviado (de 120 a 200 euros) y ordinario (de 210 a 350), así como en los recursos de apelación, que pasan de 300 a 800 euros, y de casación, de 600 a 1.200.

Por último, en el orden social, se aplicarán las tasas solo en segunda instancia, costando 500 euros para los recursos de súplica y 750 en casación.

Esta reforma, según han informado fuentes de Justicia, no supone ninguna merma al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) según la cual la tasa responde al principio del pago del coste del servicio que presta la Administración de Justicia, y en ningún caso superará dicho coste.

En cuanto a la gestión, el anteproyecto también contempla, entre sus novedades, que los procuradores y abogados podrán facilitar el pago, y se establecerá la posibilidad de revisar la liquidación de la tasa durante la tramitación del procedimiento judicial.