El Consejo General del Poder Judicial estará sometido a la Ley de Transparencia

El tantas veces opaco gobierno de los jueces tendrá que dejar de serlo, en parte, con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia que se aplicará también al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El gobierno ha incluido entre los organismos públicos que han de someterse a la norma de la publicación tanto al CGPJ, órgano de Gobierno de los jueces, como al Tribunal Constitucional, según el informe que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó el viernes al Consejo de Ministros.

De mantenerse el texto, el Consejo habrá de hacer pública, a través de su página web, información institucional, de organización, de planificación, de relevancia jurídica y de relevancia económica, presupuestaria y estadística. Tendrá que facilitar el acceso a información relativa a contratos —con indicación del objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento, adjudicatario y posibles prórrogas y modificaciones— subvenciones, convenios y retribuciones de los altos cargos, entre otros. Y a ella podrá acceder cualquier ciudadano.

Pese a ello, seguirán quedando fuera de la luz las sanciones, después de que el propio CGPJ votara en contra de una propuesta para hacerlas públicas y de que la norma prevea estos casos como limitaciones. Y probablemente tampoco haya acceso a los gastos de viajes que presentan los miembros del Consejo, que la semana pasada rechazó marcar unas líneas para moderar estos gastos.

De no modificarse el texto, la nueva ley considera información pública “la que obre en poder de cualquiera de los sujetos obligados y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones públicas” pero la limita a los casos en que esta pueda afectar a “la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias”.

Además del órgano de gobierno de los jueces, la ley se aplicará en todas las Administraciones públicas de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, a empresas públicas y fundaciones del sector público; al Congreso de los Diputados; al Senado; al Consejo de Estado; al Defensor del Pueblo; al Tribunal de Cuentas; y al Consejo Económico y Social.

La norma señala además que “todas las personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley”.

La nueva ley sí deja fuera, al menos de momento, a la Casa del Rey, tal como anunció la vicepresidenta, aunque, posiblemente, esta sea alguna de las aportaciones que los ciudadanos formulen en este sentido, ya que el propio Parlamento de Navarra instó ya el viernes a que se hicieran públicos no solo las asignaciones, que se conocen desde el pasado mes de diciembre, sino también las rentas.

El Ministerio de la Presidencia hará público hoy el texto del Anteproyecto de Ley de Transparencia con el fin de que se puedan hacer aportaciones por un periodo de 15 días. A través de la web www.leydetransparencia.gob.es se podrá acceder al Anteproyecto de Ley. La página web será accesible desde cualquier ministerio, ya que en todas las webs se va a introducir un enlace invitando a la participación. “Tendrán también un papel relevante las redes sociales institucionales del Ministerio de la Presidencia, que darán a conocer el texto y canalizarán las aportaciones que se realicen”.