El Supremo tramita el recurso del Gobierno al veto a su vídeo de la reforma

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra el veto de la Junta Electoral a su vídeo explicativo sobre la reforma laboral.  Según fuentes del Supremo, el recurso, presentado por el Ejecutivo a través de la Abogacía del Estado, no propone ninguna medida cautelar de suspensión de la decisión de la Junta, por lo que tendrá una tramitación ordinaria por parte de la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso. El alto tribunal ha concedido un plazo de 20 días a la Administración para que remita el expediente. La ponencia del recurso ha correspondido al magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

Al tratarse una tramitación ordinaria, la resolución del Supremo puede demorarse algunos meses. No obstante, el Ministerio de Empleo tiene intención de mantener el vídeo a partir del domingo a las ocho de la tarde, que es cuando acaba la prohibición de emitirlo que ha decretado la Junta Electoral (porque es cuando finaliza el periodo electoral por las elecciones andaluzas y asturianas). Pero está en el aire que la publicidad pueda volver a difundirse más allá de esa fecha. La Ley de Publicidad y Comunicación Institucional impide este tipo de campañas incluso en periodos no electorales.

Las campañas institucionales no podrán inducir a confusión con los símbolos, ideas, empleadas por cualquier formación política u organización social”

El argumento que la Junta esgrimió ayer para enmendar la plana al Ministerio de Empleo es que la campaña de publicidad institucional contiene “alusiones a las realizaciones o a logros obtenidos y cuyas imágenes o expresiones pueden ser coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las formaciones políticas concurrentes a las elecciones”.

Eso, según la Junta, contraviene la Ley Electoral, que impide este tipo de publicidad oficial durante las campañas electorales y, por eso, estima la denuncia presentada por el PSOE. En el vídeo de Empleo no solo se omite que la reforma laboral abarata el despido, sino que se incluyen imágenes de Rajoy en la sede del PP y se identifica claramente el logo del partido.

Pero la propia resolución de la Junta Electoral incluye la referencia a otra norma: la Ley de 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. En virtud de esta regulación el vídeo no podría emitirse ni siquiera terminada la campaña electoral, informa Fernando Garea. En concreto, el artículo 4 de esa ley asegura que “los mensajes o la presentación de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación no podrán inducir a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier formación política u organización social”.

Es decir, precisamente lo que la Junta Electoral aduce para impedir la emisión del vídeo antes del domingo: que hay una coincidencia entre los mensajes del PP como partido y los mensajes del Ministerio de Empleo.

El recorrido de la polémica por el vídeo de propaganda del Gobierno podría no acabar este domingo. Además, los socialistas quieren llevar el asunto al pleno del Congreso del miércoles y han registrado una pregunta de la diputada Magdalena Valerio a la ministra Fátima Bañez: “¿Qué pretende el Gobierno con la difusión de un vídeo de propaganda de la reforma laboral?”.

Ese día habrá una batería de preguntas por escrito al Ejecutivo en la que los socialistas quieren saber el coste del vídeo y si ha sido informada la Comisión de Publicidad Institucional del Ministerio de la Presidencia, tal y como exige la ley de 2005. También Gaspar Llamazares (IU) preguntará sobre el coste del vídeo y su contenido.

El Gobierno rechazó ayer por segunda vez informar sobre el coste que el controvertido vídeo ha tenido para las arcas públicas. Su negativa a facilitar esa información de interés público coincide con la aprobación hoy por el Consejo de Ministros de una nueva norma que viene precedida de grandes expectativas: la esperada ley de transparencia, que debería acabar con décadas de opacidad de las Administraciones. En la rueda de prensa posterior al Consejo el Ejecutivo ha acabado por dar el dato: el corto ha costado 4.200 euros más IVA.