Ácido sulfúrico

La combinación de altos grados de corrupción y altas tasas de paro es ácido sulfúrico para la democracia. Ambos datos de la realidad española estuvieron muy presentes en las exigencias del movimiento de los indignados. El 15-M demandaba, por ejemplo, listas abiertas para poder elegir entre candidatos de un mismo partido, o que los políticos imputados en corrupción no volvieran a presentarse. La tasa de desempleo del segmento mayoritario de los manifestantes del 15-M —menos de 25 años— es como media del 50% de la población activa. Con estos problemas no es excéntrico que gritasen a los partidos mayoritarios “¡No nos representáis!”

En distintos momentos del proceso judicial hemos observado la semana pasada (caso Matas, caso de los ERE) que la corrupción afecta transversalmente al PP y al PSOE, aunque las consecuencias electorales vayan ser distintas para uno y otro partido: el PP ganó en Baleares por mayoría absoluta en las autonómicas de 2011, y el PSOE va a perderla hoy, más que previsiblemente (aunque las causas sean más profundas que la mera corrupción).

Hay corrupción y corrupción. Cuando beneficia a los vecinos de un municipio, la premian electoralmente

Dos investigadores españoles de la Universidad de Nueva York, Pablo Barberá y Pablo Fernández-Vázquez, han actualizado la sociología de la corrupción en España, en el Informe sobre la Democracia en España 2012 (IDE—2012), elaborado en el Laboratorio de la Fundación Alternativas. La primera conclusión matiza en parte el tópico de la corrupción no cotiza en el mercado de las elecciones. Depende.

Los votantes españoles no son inmunes a los escándalos. La magnitud del castigo depende de factores como la identificación ideológica, el contexto político e ideológico, o el tipo de corrupción. Demuestra el estudio que, como media, en las eleccciones municipales de 2011 la corrupción tuvo un coste de cinco puntos en pérdida de votos, lo que en muchos lugares no es un castigo suficientemente grande como para evitar la relección de alcaldes corruptos. De 106 municipios afectados por escándalos, sólo 40 alcaldes (el 37,8%) fueron reelegidos, frente a un 56,7% de alcaldes reelegidos en lugares en donde no ha habido corrupción.

Los investigadores del IDE distinguen entre la corrupción que genera potenciales beneficios para el municipio y aquella que únicamente contribuye al enriquecimiento personal del alcalde. Mientras que en este último caso la pérdida de votos es de 8,1 puntos porcentuales, cuando la corrupción pudo revertir de modo positivo (directa o indirectamente) en el bienestar económico de los convecinos del municipio, tuvo un efecto electoral positivo: el voto al partido del alcalde se incrementó en 4,8 puntos porcentuales respecto al porcentaje que hubiera obtenido en ausencia de corrupción. Es decir, los votantes no sólo no castigaron el escándalo sino que lo premiaron electoralmente.

Así que cuidado con las lágrimas de cocodrilo artificiales.