El Gobierno tantea el apoyo de CiU a los Presupuestos

El PP recibirá en el Congreso la huelga general del 29 de marzo con uno de los órdenes del día más cargados de los últimos años. Y, al día siguiente, el Gobierno completará la respuesta a la protesta de los sindicatos con la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de Presupuestos más duro de la historia de la democracia, según la previsión del ministro de Economía, Luis de Guindos.

Ayer, en la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso, los grupos minoritarios de la izquierda empezaron por pedir que no hubiera pleno el día 29 y, al comprobar que el PP no estaba por la labor, terminaron reclamando con el mismo nulo éxito que, al menos, se aligerara el orden del día para poder participar en las manifestaciones y actos de la huelga. El PP impuso su mayoría para que ese día se vote la convalidación de cinco decretos —uno de ellos, el de pago a proveedores—, y además se celebre el debate de totalidad de la ley de estabilidad presupuestaria; es decir, el doble que lo habitual en los órdenes del día de los plenos. Todo con la intención de dar imagen de normalidad y de centrar en la Cámara el objetivo de los medios el 29-M, con intervenciones de los responsables de la política económica, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. “Los diputados deben cumplir con su deber, porque las instituciones no deben hacer huelga y deben actuar con responsabilidad”, aseguró ayer Alfonso Alonso, portavoz del PP. Para la ley de estabilidad, el Grupo Popular va a intentar en estos días un acuerdo con el PSOE, por entender que es continuidad del acuerdo de la anterior legislatura para cambiar la Constitución.

Con CiU, el Gobierno mantiene canales de negociación abiertos. Por ellos, según fuentes del PP y nacionalistas, ya ha sondeado el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y considera que es muy probable que se produzca el acuerdo. Fuentes nacionalistas aseguran que las conversaciones oficiales sobre las cuentas se iniciarán la próxima semana, tras la ley de estabilidad.

Hasta el momento, CiU ha apoyado todas las decisiones de Rajoy que tienen que ver con la política económica. La única excepción fue la semana pasada la votación sobre el techo de gasto, primer paso de los Presupuestos, que CiU no apoyó porque no recoge el recorte de déficit impuesto finalmente por la UE en el 5,3%.

El acuerdo ha alcanzado a la reforma laboral y, en los próximos días, tendrá continuidad en la votación de totalidad de ese proyecto de ley y en el trámite de enmiendas. CiU asegura oficialmente que aún no ha habido contactos oficiales sobre los Presupuestos, pero admite que la Generalitat ha pedido apoyo al Gobierno ante la situación de asfixia de las finanzas catalanas. Por eso, fuentes de la coalición nacionalista adelantan que su interés está en el reconocimiento del compromiso de inversión en Cataluña de 900 millones de euros, incluidos en Presupuestos anteriores, 700 millones de 2008 y 200 de 2009. Para 2013 quedarán los 1.200 millones del llamado fondo de competitividad.

Ese interés por el acuerdo ha tenido ya concreción en gestos por las dos partes: por la Generalitat, al no oponerse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a los planes del Gobierno; y por el PP, al facilitar en Cataluña la aprobación de medidas como el copago. También el Ejecutivo ha aceptado retoques en dos de sus decretos —reforma laboral y sistema financiero— para afianzar competencias de la Generalitat de Cataluña. Estos acuerdos han coincidido con un clima óptimo entre Gobierno y CiU, en el que, por ejemplo, se ha producido la concesión del indulto al ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat y militante de Unió Josep Maria Servitje, condenado por corrupción. Gobierno y CiU, no obstante, niegan que esa decisión del Consejo de Ministros tenga que ver con los acuerdos, aunque haya coincidido en el tiempo.

CiU mantiene su margen de actuación en el Congreso y ayer presentó una petición para crear una subcomisión parlamentaria sobre la transparencia informativa y la supervisión de las entidades de crédito. En principio, el PP no ve “conveniente” esa comisión.

Por otra parte, las Cortes aprobaron ayer su presupuesto, que incluye un recorte del 5,2% en el Congreso y un 3,5% en el Senado.