Interior estudia la excarcelación de dos presos de ETA enfermos graves

El Ministerio del Interior estudia la excarcelación de dos reclusos de ETA con enfermedades graves: José Ángel Biguri Camino y Gotzone López de Luzuriaga; ambos exmiembros del comando Araba, encarcelados en Martutene (Gipuzkoa), los dos con cáncer y en prisión desde 1989. A ambos se les ha aplicado la doctrina Parot, que ha alargado el cumplimiento efectivo de su condena hasta 2019. En los próximos días, el departamento de Jorge Fernández Díaz tendrá que decidir si en estos dos casos se cumplen los requisitos que exige la ley y pueden quedar en libertad —bien con el tercer grado y la libertad condicional, como ellos piden, o con la prisión atenuada que autoriza el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, más restrictiva—. La excarcelación de presos de ETA enfermos es una reclamación recurrente de la banda y de la izquierda abertzale, especialmente tras la declaración del cese definitivo de la violencia etarra, el pasado 20 de octubre.

Además, es un gesto que también han pedido al Gobierno tanto el PNV como los socialistas vascos. Estos dos partidos solicitan algún movimiento en este sentido para desbloquear el círculo en torno a los presos: el Gobierno exige que ETA se disuelva antes de tomar ninguna medida en relación con los reclusos y la banda terrorista dice que no se disolverá hasta que el Gobierno dé garantías sobre sus presos. En todo caso, excarcelar a los reclusos enfermos de gravedad y con padecimientos incurables es un paso que no supone más que cumplir la legislación penitenciaria si se dan los requisitos para ello.

Los dos internos han seguido el mismo camino. Han acudido al juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional para pedir su excarcelación; sus escritos han pasado por la fiscalía; tienen informes favorables de los médicos de la prisión de Martutene y esperan una decisión de Instituciones Penitenciarias.

Biguri Camino, condenado a 51 años de cárcel en 1991 por su participación con el comando Araba en un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Llodio en el que resultaron heridos siete guardias civiles, hizo su solicitud el pasado 2 de diciembre. Pedía el tercer grado y la libertad condicional por el adenocarcinoma de próstata que padece y del que fue operado el pasado octubre. El informe médico del preso, de 57 años, enviado al juzgado desde la cárcel, no se pronuncia sobre la libertad condicional pero señala que su “estancia en prisión puede influir de forma negativa en la evolución de su enfermedad”. La información está ahora en manos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El informe de la doctora de Martutene que explora a Gotzone López de Luzuriaga, de fecha 14 de marzo, pide directamente que se valore la posibilidad de concederle la libertad. López de Luzuriaga, de 53 años, fue operada de un cáncer de mama en 2007, tras lo cual siguió tratamientos de radioterapia y quimioterapia. El informe relata otros padecimientos y señala que “desde hace dos-tres semanas presenta empeoramiento de su estado general” y “quebranto de su estado emocional”. “Seguimos considerando que su estancia en prisión incide negativamente en el cuidado y evolución de su salud y que debería valorarse su puesta en libertad para mejoría de la misma”, concluye. El informe está en manos de la fiscalía, y de ahí pasará a Prisiones. La reclusa cumple condena como cómplice, entre otros, de la muerte de un general y el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Llodio.

Estas peticiones no tienen nada que ver con la campaña que llevaron a cabo hace unos meses los presos del colectivo oficial de reclusos de la banda. En ese momento exigían, entre otras cosas, la puesta en libertad de los enfermos. Se trataba de peticiones breves remitidas a Instituciones Penitenciarias y al juzgado en las que algunos solicitaban estas medidas para sí mismos, y otros, para sus compañeros. Eran escritos propagandísticos que no tenían ninguna posibilidad de prosperar porque no cumplían las exigencias de la ley en ningún sentido. A diferencia de aquellas, estas son solicitudes correctas con pretensión de ser tenidas en cuenta, sean aceptadas o no.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero liberó a una decena de reclusos de ETA enfermos —algunos de ellos están bajo control telemático y otros deben presentarse periódicamente ante las autoridades—. El Ejecutivo de Aznar hizo lo mismo con una veintena de internos entre 1996 y 2004. Mariano Rajoy, hasta el momento, no ha llevado a cabo ningún movimiento hacia los presos que no tenga que ver con la vía Nanclares: la concesión de beneficios a aquellos que han seguido el camino del reconocimiento del daño causado y el perdón a las víctimas. Pero la legislación también contempla la liberación de los enfermos graves. Ahora Interior debe decidir si da ese paso.