Cataluña asegura que aporta a España 16.000 millones más de lo que recibe

“Es casi un diezmo”, se lamenta el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell

Andreu Mas-Colell, ayer durante la presentación del balance económico de la Generalitat.
Andreu Mas-Colell, ayer durante la presentación del balance económico de la Generalitat.JOAN SÁNCHEZ

El Gobierno de Artur Mas reabrió ayer el debate de las balanzas fiscales, uno de los que más visceralidad generan entre territorios, al publicar la evolución del déficit fiscal de Cataluña con el Estado entre 2006 y 2009. A la espera de tener que realizar un nuevo recorte en las cuentas catalanas, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell resaltó que esa diferencia entre lo que aporta y recibe Cataluña se ha cronificado desde 1986 en un desfase medio de entre el 5,8% y el 8% del Producto Interior Bruto (PIB), según el método que se emplee para calcularlo. El consejero, que reivindicó de nuevo un pacto fiscal con el Gobierno central sin concretar su contenido, afirmó que esa aportación “es casi un diezmo”.

El debate de quién paga más impuestos y recibe más gasto o inversiones es uno de los que más pasiones levanta y a la vez más crispación suscita. Hace cuatro años lo introdujo el entonces consejero de Economía catalán, el socialista Antoni Castells, quien encargó a un grupo de expertos la elaboración de las balanzas fiscales en plena negociación del modelo de financiación autonómica. Y ayer lo hizo de nuevo el Ejecutivo de CiU, cuyos responsables recuerdan cuando pueden que sin déficit fiscal no habría recortes sociales. No fue el caso de Mas-Colell, que haciendo gala de su condición de académico quiso separar las balanzas fiscales de los ajustes. “El País Vasco este año tiene déficit, y considerable”, advirtió, recordando que esa comunidad goza de un régimen de concierto económico.

Los datos que ayer presentó Mas-Colell indican que el déficit fiscal catalán fue del 8,4% del PIB en 2009, equivalente a 16.409 millones de euros, de acuerdo con el método de flujo monetario, que imputa los gastos del Estado en la comunidad donde se realizan. Por ejemplo, una estación del AVE en Zaragoza debe computar allí porque genera una actividad comercial en su entorno. El otro método, el de flujo beneficio, arroja un déficit para ese mismo año de 11.261 millones de euros, que se traduce en un 5,8% del PIB. Este cálculo trata de medir el impacto del sector público en el bienestar de los residentes de un territorio al considerar, por ejemplo, que esa estación del AVE no solo beneficia a Zaragoza, sino que forma parte de una red de alta velocidad que usan ciudadanos de varias comunidades.

Los datos que presentó Mas-Colell, además, están ajustados al ciclo económico, es decir, se han descontado las inversiones que se realizaron en 2009 a través de un fuerte endeudamiento que disparó el déficit de la Administración central del Estado. Sin descontar ese efecto que supuso la crisis, el déficit fiscal de Cataluña en 2009 se habría reducido hasta los 791 millones, que equivalen a solo el 0,41% del PIB. Es decir, que ese año Cataluña apenas hubiera tenido déficit fiscal con la Administración General del Estado.

Mas-Colell insistió, no obstante, en que el déficit fiscal se ha convertido en un elemento estructural, de modo que los ciudadanos de Cataluña aportan el 19,5% de los ingresos de la Administración central y la Seguridad Social y, en cambio, reciben el 14% del gasto. El modelo que Castells pactó con el exministro Pedro Solbes, que aportó más de 2.000 millones extra a las arcas públicas, sirvió para evitar un déficit todavía más abultado, según Mas-Colell. “Una aportación de Cataluña es lógica, pero si es del 8% resulta excesiva”, aseguró el consejero. Tal y como ya hizo Castells con éxito, Mas-Colell reclamó ayer que el Gobierno central, con el que admitió unas “relaciones correctas”, siga con la publicación de las balanzas fiscales.

Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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