Pendientes de las elecciones del 25-M y de los Presupuestos

No se puede jugar si las cartas no están repartidas. Y pese al intenso debate de los últimos días, y algunos datos nuevos muy relevantes —sobre todo el objetivo de déficit del 5,8% y el recorte de 15.000 millones para las comunidades— faltan muchísimas cartas por ver. Todos los consejeros dejaron claro este martes en la reunión con el ministro de Hacienda una cuestión: quieren saber ya con cuánto dinero del Estado van a contar. Y eso solo llegará con los Presupuestos. Todas las autonomías están pues pendientes de las Cuentas, que fijarán las reglas del juego. Esto es, la partida de verdad, la que marcará el mayor recorte de la historia de España, empieza el 30 de marzo, cinco días después de las elecciones andaluzas (25-M).

Tan evidente es, que hasta Cristóbal Montoro lo reconoció ayer: “Todos están a la espera de las posiciones del Gobierno, como es normal. Los Presupuestos serán un primer paso. Van a ser muy austeros, un referente para que todas las comunidades ajusten sus gastos a la baja”.

Todo el mundo está, pues, ganando tiempo. Y haciendo campaña. Los andaluces, votando en contra, según el ministro. Y Montoro, implicadísimo en el apoyo a Javier Arenas estos días, poniendo en cuestión sus cuentas —“ya veremos cuáles son las reales”, llegó a decir después de varios golpes dialécticos al gobierno socialista—.

La partida para el mayor tijeretazo de la historia empieza el 30 de marzo

La política sigue siendo la clave. Las comunidades quieren compartir el coste de los recortes con el Gobierno. Y el Ejecutivo quiere que cada palo aguante su vela. “Se deja a voluntad de cada uno cómo aplicar los ajustes. Ellos saben lo que tienen que hacer en casa, eso es el estado de las autonomías, no vayamos ahora a decir que todo lo tiene que resolver el Gobierno. Cada uno debe asumir su cuota de responsabilidad”, sentenció el ministro.

Pero las comunidades, también muchas del PP, contestan que buena parte de su gasto viene porque hay leyes básicas que les obligan a gastos fijos. Y esa fue la otra parte del consejo, la menos visible. Hasta siete comunidades, la mayoría del PP —Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja, Galicia y Navarra— pidieron expresamente a Montoro que cambie la legislación básica para permitirles más margen para los recortes.

Todos los consejeros saben que el consejo es poroso a la prensa, y nadie se atreve a hablar con mucha claridad. Por eso los consejeros hablaron de esas modificaciones legislativas en términos genéricos. Nadie se atreve a decir, delante de todos los demás, que está pensando en cobrar por muchos servicios o reducir la cartera de servicios obligatorios. Pero es de eso de lo que se está hablando en privado. Se comentó con más claridad en la reunión de los consejeros del PP en Génova. El Gobierno les dijo que en los Presupuestos habrá cosas que les faciliten su ajuste, y que les ayudará al menos hasta el verano.

Los recortes de 15.000 millones, los mayores nunca planteados para las autonomías, van a afectar al gasto social. En privado nadie lo niega. Por eso se pide margen, y sobre todo una instrucción del Gobierno —para compartir el coste político— sobre la manera de hacer ese recortes.

Pero también va a afectar, y mucho, a los empleados públicos. Algunas autonomías están pidiendo en privado más margen legal para no compensar bajas laborales o poder subir la jornada laboral de sus empleados. Y parece que lo lograrán. Pero todo, en cualquier caso, llegará después de las andaluzas.