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LA CRÓNICA

El Gobierno culpa al PSOE de la violencia para que no capitalice el malestar social

Miembros del Gobierno reconocen que pretenden inutilizar a los socialistas como voz de denuncia ante los planes y los ajustes del Gabinete de Rajoy

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA

¿Resulta creíble que el PSOE esté alentando la violencia en las manifestaciones callejeras contra los recortes? A los socialistas les resulta escandaloso e ignominioso el mero hecho de que pueda plantearse esa hipótesis. Pero tendrá que hacer una contraofensiva muy fuerte para frenar la denuncia sobre esta actitud que el PP y miembros muy cualificados del Gobierno de España le atribuyen. En efecto, el PP ha decidido acusar a los socialistas de haber ideado un plan que pasa por crear en España “un clima de conflictividad social”, en el que se producen actos violentos que el PSOE, además, no rechaza. Son argumentos que persiguen poner sordina a la denuncia de la reforma laboral en concreto, y a los ajustes presentes y de futuro.

Inútil ha resultado que el PSOE se defienda escandalizado. No; para el PP los socialistas, en tanto que se oponen a la reforma laboral y, además, han asistido a la primera manifestación en contra de la misma, el pasado 19 de marzo, absolutamente pacífica, se han convertido en parte activa de la protesta contra el Gobierno. Así, el PP coloca al primer partido de la oposición en el mismo nivel en el que se sitúan los radicales que quemaron contenedores en Barcelona el pasado miércoles. Da igual que el PSOE califique de “deleznable e intolerable”, cualquier acto de violencia y que el sindicato de estudiantes, que convocó la protesta, proclame que los violentos no pertenecen a la comunidad educativa.

Esta será la medicina que el PSOE recibirá por su oposición rotunda en el Parlamento nacional, en los autonómicos y en los ayuntamientos al real decreto sobre medidas laborales que el jueves se convalidará en el Congreso. El PP tiene una mayoría holgada para sacar adelante la reforma y, por tanto, vencerá aunque no convencerá, al menos, a una parte nada desdeñable de la sociedad; y esto les preocupa. Por tanto, pondrá en marcha todos los argumentos que tenga a mano para desautorizar a quienes les atacan. No está en su mano detener las manifestaciones, a las que los ciudadanos acuden voluntariamente, pero sí puede intentar quitar toda credibilidad al primer partido de la oposición. El Gobierno aprovecha que el PSOE se ha puesto detrás de la pancarta para situarlo allí, secuestrado, como una foto fija.

El derecho a manifestarse que ayer mismo reclamó el líder del PSOE , Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque él todavía no lo ha hecho, le viene muy bien al PP para afianzar su estrategia. “En vez de pedir perdón por los cinco millones de parados pretende con algaradas callejeras ganar lo que no ha ganado en las urnas”, ha sentenciado la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. Este es el terreno de juego en el que se va a mover el PP, según reconocen miembros del Gobierno, para inutilizar al PSOE como voz de denuncia ante los planes y los ajustes del Gabinete de Mariano Rajoy.

Por mucho que el PP quiera colocar al PSOE solo en la calle, será muy difícil ocultar el debate parlamentario del jueves contra la reforma laboral, así como sucesivas iniciativas parlamentarias. La primera, la presentación de una enmienda a la totalidad con texto alternativo, que contendrá algunos aspectos de la reforma laboral que el gobierno socialista aprobó, medidas de estímulo al empleo que ofreció en la campaña electoral y el último acuerdo entre patronal y sindicatos. No, no podrá ocultarse pero la réplica gubernamental está prevista: Sus planes no han dado ningún resultado como demuestra el crecimiento incesante del paro. El Gobierno quiere taponar todas las salidas para el PSOE, salvo las que les conducen a las manifestaciones con los sindicatos.

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Sobre la firma

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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