CiU quiere un contrato de tres años

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular calibran ya de dónde le vendrán los apoyos para la convalidación de la Reforma Laboral. Seguramente CiU será su aliado de más peso, aunque impondrá cambios si el Gobierno quiere ir acompañado en la reforma.

Esta es la concepción con la que el influyente grupo catalán afronta su papel en el trayecto de la ley hasta que salga del Parlamento al final de la primavera.

El grupo nacionalista se aleja de la formulación de inconstitucionalidad que han avanzado el PSOE e IU

Al escándalo producido en la izquierda y en los sindicatos, al que se une el PNV, por la creación de un contrato de prácticas de un año tras el cual se produce el despido sin ningún derecho, CiU contrapondrá otro de tres años. Sí, temporal también, pero ¿no es mejor de tres que de uno?, se preguntan en el equipo de CiU que trabaja en las enmiendas, encabezado por el diputado Carles Campuzano, titular en material laboral y social.

La modalidad de contratos de tres años ya existió durante mucho tiempo y resultó pernicioso para los empresarios, pero también para los trabajadores. Transcurrido ese trienio se abrían dos caminos: la fijeza o el despido. Si prospera la petición de CiU, después de esos tres años el empresario no tendrá obligación de dar continuidad al trabajador, pero tampoco nada impedirá que pueda volver a contratarle.

En su afán de poner dosis de “sensibilidad social” a la reforma, el grupo nacionalista quiere tamizar la ausencia de intermediación. La reforma del Gobierno elimina la autorización administrativa del Ministerio de Trabajo para llevar a cabo un ERE. CiU quiere que “se facilite el acuerdo entre empresarios y trabajadores con la mediación de la autoridad laboral autonómica”, que para eso tiene competencias en esa materia. “Todo, antes de llegar a los tribunales”, propone Carles Campuzano.

Este grupo, en un alarde de sinceridad, reconoce que la reforma facilitará el despido de mayores de 55 años. Para evitarlo, CiU propone reducir las cuotas sociales para los trabajadores de esa edad, de suerte que los empresarios tengan menos razones para despedir a esos trabajadores.

Por mucho que se suavice el texto, la izquierda parlamentaria y los sindicatos ven razones de inconstitucionalidad. Los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, van a impulsar el recurso, y ante su ausencia de competencia para presentarlo pedirán a la Defensora del Pueblo que utilice la suya para promoverlo. Esta es la vía que desean, aunque si la Defensora no les amparara recurrirán a la vía de 50 diputados. Esto es fácil, ya que tanto el PSOE como IU también ven motivos de inconstitucionalidad tanto por el procedimiento de tramitación como por el fondo del texto. Los sindicatos estiman que la fórmula del decreto ley, por razón de urgencia, no tiene justificación en este caso, ante el reconocimiento del Gobierno de que la reforma no va a crear empleo de inmediato. Las razones de fondo son numerosas y se concentran en la “desigualdad entre españoles” y la extinción de canales de laudo y arbitraje, según fuentes sindicales.