El Gobierno argentino rechaza la "escandalosa" condena a Garzón

El secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, ha considerado hoy "inicuo y escandaloso" el fallo que condenó e inhabilitó a Baltasar Garzón, al que calificó como un "hombre ético y jurista probo". "No hablo de condena, porque no es Baltasar Garzón el condenado, sino el sistema judicial español, que ha quedado en evidencia frente a la comunidad española e internacional por su carácter faccioso y por su servidumbre a las minorías del privilegio", indica Duhalde en una carta enviada al ya exjuez y divulgada en un comunicado.

Añade que la resolución del Tribunal Supremo español "desnuda su condición de guardaespaldas de la negra memoria del franquismo".

"¡Qué enorme distancia, entre tu dignidad de hombre ético y jurista probo, comprometido con los grandes valores de la humanidad y estos pequeños hombrecillos togados cumpliendo ese triste papel de marionetas en el gran guiñol de los intereses creados!", señala el alto cargo argentino en la misiva.

La carta, que comienza con un "querido amigo", elogia la labor de Garzón a lo largo de su carrera como juez, en la que ganó fama internacional por ordenar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet y los procesos contra represores argentinos.

Duhalde expresa "la enorme deuda de gratitud" con el exjuez español del pueblo argentino.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ha declarado hoy en una rueda de prensa que la entidad presentó un hábeas corpus ante la Corte Europea de Derechos Humanos para impugnar el proceso contra Garzón.

Bonafini había anunciado semanas atrás que las Madres presentarían un recurso para detener la "injusta e inmoral persecución" contra Garzón.

El jueves, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que la condena de Garzón forma parte de "una estrategia nefasta" contra "una persona honesta y comprometida".

El Tribunal Supremo español encontró a Garzón culpable de prevaricación y le condenó a 11 años de inhabilitación por haber ordenado interceptar las conversaciones que mantuvieron en prisión los acusados de una gran red de corrupción, que afecta a antiguos altos cargos del Partido Popular, y sus abogados.