El relato del horror del franquismo llega al Tribunal Supremo 75 años después

El Tribunal Supremo acogió este miércoles por primera vez las voces de la memoria de las víctimas del franquismo, aquellos niños del 36, hoy ya octogenarios, que evocaron cómo un día se llevaron de casa a sus padres, a los que nunca volvieron a ver. Fueron testimonios emotivos, estremecedores, de aquellos que fueron a pedir justicia a la Audiencia Nacional porque antes nadie les había hecho caso. Ante el tribunal reprodujeron sus historias como testigos de la defensa del juez Baltasar Garzón, que se enfrenta a los 20 años de inhabilitación que exige para él el pseudosindicato del ultraderechista Miguel Bernard, por investigar los crímenes del franquismo.

Junto a las víctimas, un historiador que ha investigado la Memoria Histórica sostuvo que al menos desde un año antes a 1936 existía un “plan sistemático” para eliminar a representantes del Gobierno legítimo de la Segunda República, lo que podría llevar a pensar que se produjeron “actos de genocidio”.

Las víctimas tuvieron suerte esta vez. A pesar de sus evidentes limitaciones, pudieron expresarse. En junio de 2009, el anterior tribunal, presidido por Juan Saavedra, despachó con un desabrido “absténganse de perturbar al Supremo”, el intento de alguna asociación de víctimas de “autoinculparse” en la causa abierta a Garzón. El magistrado que presidía el tribunal, Carlos Granados, dejó fluir los testimonios con comprensión y respeto. El intento del abogado de Manos Limpias de reconducir a los testigos, —“aquí se está juzgando a Baltasar Garzón...” comenzó a decir—, fue atajado con contundencia por Granados: “Aquí es el presidente el que determina que pruebas son pertinentes”, le cortó.

El testimonio de María Martín, de 81 años, de la asociación Nuestra Memoria, de Sierra de Gredos, resultó el más conmovedor. Enlutada y de pelo cano, la anciana entró en el salón donde se celebra el juicio empujando un andador. “Tengo mal la garganta”, se justificó con una voz ahogada y rota, muy difícil de entender. María tenía seis años y vivía en Pedro Bernardo cuando se llevaron a su madre, el 21 de septiembre de 1936. “Le pidieron mil pesetas y como nos las tenía, la echaron a la calle, se la llevaron a Arenas de San Pedro, pero la mataron por el camino. Ese día mataron a 27 hombres y tres mujeres. Solo un hombre se escapó y no lo encontraron”. María describió el lugar donde ella “sabe” que está el cuerpo de su madre, en una fosa cerca de un puente que cruza un arroyo. Todas sus gestiones para recuperarlo han fracasado.

María del Pino Sosa vive en Gran Canaria y, como la anterior testigo, solo conoce a Garzón “de los periódicos y la televisión”. Como representante de la asociación de Arucas denunció, en diciembre de 2006, la desaparición de su padre, al que “se llevaron de casa” junto con otros que no aparecieron. A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, relató: “Se los llevaron de casa, los apalearon, se los llevaron presos. Cuando se llevaron a mi padre, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas”. Su madre nunca aceptó una declaración de fallecimiento. “Decía que se lo llevaron vivo, y vivo lo reclamamos”.

Una de las asociaciones que en 2009 quiso autoinculparse junto a Garzón fue la de Ponteareas (Pontevedra). Uno de sus representantes, el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, explicó las razones que les llevaron a presentar una denuncia en la Audiencia Nacional. “Queríamos saber cómo se habían producido esas muertes y dónde estaban los desaparecidos. Muchas personas desconocían el paradero de sus padres. Con la denuncia intentamos saber cómo se había producido el proceso final al que no podíamos llegar en ningún caso”.

El testigo precisó que acudieron “a la Audiencia Nacional”, no al juez Garzón.

Como historiador, Gallardo dijo haber promovido varias investigaciones sobre la represión franquista en Galicia que apuntaban un “plan sistemático” para eliminar a los responsables políticos de la Segunda República. Sin embargo, han encontrado muchas dificultades en el acceso a los archivos históricos, y al del Ejército solo fue posible a partir de 1999. “Si pudiéramos acceder realmente a archivos penitenciarios, a archivos de Policía y Guardia Civil podríamos determinar ese plan sistemático, y conocer realmente lo sucedido”, aseguró.

Gallardo explicó que ya en 1978 hubo una primera fase de investigación y apertura de fosas, pero, a partir del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, el proceso quedó paralizado, porque “el Gobierno socialista decidió aparcarlo”. Luego, en distintos momentos se ha intentado saber qué pasó con los desaparecidos, pero será “imposible” sin una intervención judicial. “Lo que se produjo fue una cosa terrorífica”, dijo. “Pero mientras en otras partes del mundo se han denunciado hechos similares, aquí no”.