Un historiador señala un plan sistemático para eliminar cargos de la República

El juicio al magistrado Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo ha continuado esta mañana con la prueba testifical, en la que han comparecido familiares de desaparecidos de la Guerra Civil. Dos mujeres de avanzada edad que a pesar de sus limitaciones han dejando testimonios muy emotivos que el presidente del tribunal, Carlos Granados, dejó fluir con comprensión y respeto. El intento del abogado de Manos Limpias de reconducir los testimonios al objeto del proceso, --“aquí se está juzgando a Baltasar Garzón” comenzó a decir--, fue atajado con contundencia por el presidente: “Aquí es el presidente el que decide y soy yo el que decide que se pregunta y que no”, le cortó.

El tercer testigo de la defensa de Garzón, Ángel Rodríguez Gallardo, historiador y miembro de la Comisión Memoria Histórica de Ponteaereas (Pontevedra), dijo que su asociación denunció en la Audiencia Nacional la comisión de “violentos crímenes, muchos sin resolver" a partir de 1936. “Queríamos saber cómo se había producido esas muertes y dónde estaban los desaparecidos. Muchas personas desconocían el paradero de sus padres. Con la denuncia intentamos saber cómo se había producido el proceso final al que no podíamos llegar en ningún caso”.

El testigo precisó que acudieron a la Audiencia Nacional, no al juez Garzón. Una vez que el juzgado de Garzón se inhibió de su competencia, su denuncia fue remitida a Ponteareas. Después se personó en el juzgado de Porriño para denunciar la localización de una fosa. La denuncia fue desviada a la Audiencia de Pontevedra, que contestó que está pendiente de lo que suceda en el juzgado central 5. “Hemos apelado y estamos pendientes de la apelación”, ha afirmado.

Cuando acudimos a la Audiencia, lo que buscábamos era hacer una reconstrucción lo más fiel posible de lo que sucedió con los desaparecidos del franquismo y que se les pudiera reparar" ÁNGEL RODRÍGUEZ GALLARDO

Como historiador, Gallardo ha dicho haber promovido varias investigaciones sobre la represión franquista en Galicia. El testigo sostuvo que sus investigaciones apuntaban a un “plan sistemático” para eliminar a responsables políticos de la Segunda República, pero han encontrado muchas dificultades en el acceso a los archivos históricos, y al del Ejército solo fue posible a partir de 1999.

“Si pudiéramos acceder realmente a archivos penitenciarios, de la Guardia Civil y la Policía, podríamos determinar ese plan sistemático”. A lo que ha agregado: “Un plan preparado un año antes del golpe de Estado” y que apunta a “actos de genocidio”. “Con un acceso razonable a los archivos del Estado podríamos conocer realmente lo sucedido”, ha asegurado.

“Todavía no se ha entregado los archivos “secretos” del Estado”, ha dicho el testigo, a los que, en su opinión, sólo se tendrá acceso con una orden judicial. “Cuando acudimos a la Audiencia, lo que buscábamos era hacer una reconstrucción lo más fiel posible de lo que sucedió con los desaparecidos del franquismo y que se les pudiera reparar”, ha puntualizado.

El testigo explicó después, a preguntas del abogado de Manos Limpias, que hubo una primera fase de investigación y apertura de fosas que quedó parada a partir del intento de golpe de Estado del 23-F. Luego en Galicia, se exhumó la fosa del alcalde de El Ferrol. En distintos momentos se han intentado la recuperación de los restos de los represaliados y se sigue intentando. “Lo que se produjo fue una cosa terrorífica. No es un hecho puramente coyuntural, es un proceso muy largo, en el que confluimos muchos historiadores, afectados, hijos de represaliados, juristas….”.

El abogado de Manos Limpias quiso saber si la asociación de Gallardo ha recibido alguna “subvención” a lo u el testigo respondió que han recibido una para hacer un documental, pero no para investigar.

Tras este testimonio, el juicio continuará mañana con la declaración de otros tres testigos.

"Me hacían beber medio litro de aceite de ricino"

María Martín López, de 81 años, de la asociación Nuestra Memoria, de Sierra de Gredos, entró con un andador en el Salón de Plenos. “Tengo mal la garganta”, se justificó con una voz forzada y ronca que apenas pudo escucharse a través del sistema de megafonía. Dijo conocer a conocer al juez Garzón “de los periódicos, aparte de la televisión”. Su familia vivía en Pedro Bernardo (Ávila) al comienzo de la Guerra Civil.

De lo que se pudo entender de su testimonio, la anciana relató que mataron a su madre “por no tener mil pesetas”. El 21 de septiembre la echaron a la calle, le pidieron 1.000 pesetas (unos seis euros) y como no las tenía, se la llevaron en un coche. La mataron en el camino a Arenas de San Pedro, allí mataron a otros 27 ese día. Solo se escapó uno.

María Martín tenía seis años entonces y la recogió una tía suya en una finca. Cuando iba al pueblo, le hacían beber medio litro de aceite de ricino. Su padre sobrevivió a la guerra después de salir de la cárcel. Ella sabe dónde está su madre, enterrada cerca de un puente, pero nadie la ha ayudado a recuperar el cuerpo.

Al término de su declaración, a preguntas de los informadores, precisó que a ella la hacían beber medio litro de aceite de ricino con diez guindillas. A Pascuala, su hermana mayor, “un litro de aceite de ricino con 20 guindillas”.

La siguiente testigo, María del Pino Sosa, también dijo conocer a Garzón “por los periódicos y la televisión”. Vive en Gran Canaria y es de la asociación de la memoria Histórica de Arucas. Denunció en diciembre de 2006 la búsqueda de su padre, “que se lo llevaron de casa”, y la de los desaparecidos de Canarias. Nunca más supo de su padre. Acudió a la Audiencia Nacional, a demandar “justicia”: “Se los llevaron de casa, los apalearon, se los llevaron presos. Cuando se llevaron a mi padre, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Mi madre no quería una declaración de fallecimiento porque decía que se lo llevaron vivo, y vivo lo reclamamos”.

Presentó una queja en el CGPJ en noviembre de 2007 por lo que estaba tardando el procedimiento. “No sé si lo archivaron o no, volvimos a preguntar por el tiempo que tardaban. Nosotros reclamamos como era nuestro deber”. “Muchísimas gracias a este tribunal”, se despidió.

El abogado de Manos Limpias José María Ruiz, ha intentado sacar petróleo de donde no había. El letrado ha orientado sus preguntas a intentar demostrar que las denuncias se presentaron interesadamente en la Audiencia Nacional, mientras había otros procedimientos en marcha. Las limitaciones de memoria de las testigos en el detalle de cuándo y dónde se presentaron las posibles diversas denuncias lo hicieron imposible y el letrado ha renunciado a seguir interrogando.