El Gobierno retendrá transferencias a las regiones insumisas

La ley de estabilidad presupuestaria endurece las sanciones a las autonomías que incumplan Requerirá información mensual sobre la situación financiera de las regiones Hacienda niega que vaya a adelantar la revisión de la edad de jubilación

El proyecto de Ley de Estabilidad Económica y Sostenibilidad Financiera establece un férreo mecanismo para controlar los excesos de las comunidades autónomas. Aunque los responsables del Ministerio de Hacienda precisan que la norma respeta la autonomía presupuestaria de las autonomías, lo cierto es que la ley fija unos requisitos muy estrictos y establece un severo régimen de sanciones.

El Gobierno podrá retener las transferencias corrientes o finalistas a las comunidades autónomas que reiteradamente incumplan los objetivos marcados en el plan de estabilidad y además no satisfagan la multa impuesta por el ministerio. Cuando una región se desvíe de los límites económicos y financieros marcados por el Gobierno, se le podrá imponer una multa que consistirá en la constitución de un fondo del 0,2% del PIB nominal. Si a los nueve meses de detectarse el incumplimiento este continuase, la comunidad deberá convertir este fondo en una multa que desembolsará al Estado. En caso de que se niegue a satisfacer la sanción el Ejecutivo podrá retener las transferencias finalistas, según explicó ayer la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Curras.

Los responsables del Ministerio de Hacienda han celebrado unas jornadas informativas para explicar el contenido del proyecto de Ley, que fijará los principios de estabilidad financiera para todas las Administraciones públicas. La norma fija el objetivo de déficit a partir de 2020 en el 0%, más exigente de lo que permite Bruselas, pero establece excepciones para el caso de catástrofes naturales, recesión económica o reformas estructurales.

Además, la nueva ley de sostenibilidad incluirá un “mecanismo de prevención” para evitar desviaciones en los objetivos de estabilidad. Para ello, se refuerza el intercambio de información entre las diferentes administraciones públicas. Está previsto la creación de un organismo, la Central de Información, que centralizará los estados contables y cifras económicas remitidos por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Las autonomías deberán presentar la evolución de la ejecución presupuestaria todos los meses –antes era trimestral-, y los consistorios cada tres meses.

Antes de llegar al momento de la sanción, la norma establece un proceso de “alerta temprana”, que consistirá en una advertencia por parte de Hacienda cuando detecte riesgo de desviación. La administración afectada dispondrá de un mes para corregir esa supuesta desviación. En el caso de que se produzca algún incumplimiento, la administración deberá presentar un plan económico financiero en el que detalle las causas de la desviación, y las soluciones para atajarlo. Dispondrá de un año para corregirlo.

Además, la norma prevé la posibilidad de revisar de forma automática del factor de sostenibilidad, previsto en la reforma del sistema de pensiones, si necesidad de hacer una ley específica. Es decir, en la reforma de las pensiones (Ley 27/2011) se recogía el factor de sostenibilidad que marcaba la revisión de la edad de jubilación cada cinco años a partir de 2027. El artículo 22.5 del proyecto de Ley de Estabilidad financiera lo que hace es permitir esta revisión sin necesidad de hacer cambios legislativos.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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