El Gobierno amenaza con intervenir las comunidades como la UE con Grecia

El camino hacia la estabilidad presupuestaria es la clave. Y en ese recorrido, el mecanismo para lograrla es lo que más interesa a los socios europeos y a los mercados. Hoy ha quedado claro que los mensajes son parte de ese engranaje, ya que el Gobierno amenaza con intervenir las comunidades autónomas que incumplan el déficit al igual que Europa con Grecia.

El Ejecutivo ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad fiscal que desarrolla el principio de equilibrio presupuestario que establece el artículo 135 de la Constitución. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha confirmado algunos de los mecanismos de sanciones que incluye la nueva norma para la comunidades autónomas que no cumplan los citados principios. Entre ellos se encuentra una sanción de hasta el 0,2% del PIB regional.

El anteproyecto detalla que la deuda pública por debajo del 60% del PIB se introduce como elemento de sostenibilidad. Ninguna autonomía, en este contexto, "podrá incurrir en déficit estructural, salvo en caso de recesión, catástrofe o emergencia". Además, "todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto". Hasta ahora solo funcionaba para el Gobierno central y en el futuro, también autonomías y Ayuntamientos se tendrán que acoger a esta medida.

Ante un panorama de incumplimiento, los Gobiernos regionales tendrán que constituir un fondo con este importe que quedará bloqueado hasta que cumplan con los objetivos. Si en el plazo de seis meses no han regresado a una situación de estabilidad presupuestaria, el fondo se convertirá en multa económica que la autonomía deberá satisfacer al Estado. Montoro ha insistido en que este mecanismo no es más que la transposición de la normativa Europea a la legislación española.

Después de nueve meses, además, Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económica de la Administración afectada. A este propósito Montoro ha señalado que la visita no será "amable", ya que se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas, pero nada tendrá que ver con la suspensión de competencias autonómicas, sino que será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos. "Se trata de trabajar en paralelo, ver los deberes y hacer los ajustes necesarios", ha agregado.

El ministro de Economía ya se refirió la semana pasada a la posibilidad de que las comunidades incumplidoras puedan ser “intervenidas”. Posteriormente matizó sus palabras. Pero la nueva Ley de Estabilidad prevé que las comunidades que hayan sido sancionadas y mantengan su incumplimiento durante más de un ejercicio recibirán la visita de una delegación del ministerio de Hacienda para valorar su situación financiera y hacer un seguimiento de los planes de viabilidad que deberán persentar. El modelo de visita sería algo similar a las troikas que se envían a los países del euro incumplidores para "poner los deberes, trabajar en paralelo y acometer los ajustes correspondientes".

Si atendemos a las cifras del déficit de 2011, la desviación respecto a las cifras esperadas se acerca a los 20.000 millones de euros. El grueso (75%) corresponde a las autonomías, casi todas  gobernadas por el Partido Popular. En septiembre rozaban ya el déficit permitido para todo el año (1,3%), según informó Economía. Todo hacía presagiar que el cierre del año sería superior a esa cifra, aunque la desviación se ha situado en la parte alta de la horquilla: las comunidades han duplicado con creces su objetivo. Y ahora queda

Esta iniciativa, junto con la reforma laboral y la reforma del sistema financiero, que serán tramitadas en los próximos Consejos de Ministros, es clave, según el Ejecutivo, para hacer frente a la situación económica. Los principales objetivos son garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar los compromisos de España con la Unión Europea.