El PP incide en el contrato único y en la reforma del sistema financiero

"Simplificar la tipología de contratos laborales para reducir la temporalidad y dar expectativas de estabilidad, flexibilidad y seguridad a trabajadores y empresas". La ponencia económica que el Partido Popular presentará en el congreso nacional de febrero apunta a la creación de un contrato único como lo ha hecho hoy mismo el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en una tribuna publicada en The Wall Street Journal.

La reforma laboral que plantea Génova va dirigida a crear "mecanismos efectivos de flexibilidad interna en las condiciones de trabajo" con el objetivo de adaptarse con más facilidad a "los cambios en los mercados y promover el mantenimiento del empleo". Por ello, el partido quiere "modificar la estructura y contenido de la negociación colectiva de modo que cada materia se negocie en un ámbito territorial o sectorial óptimo". También en este caso, la postura coincide con la del titular de Economía, que ha cargado contra los convenios sectoriales. en su opinión "la principal razón de pérdida de competitividad" que ha sufrido el país en la última década.

En el paquete de medidas de la ponencia, titulada Comprometidos con el empleo y redactada por el ministro de Industria, José Antonio Monago, y los presidentes de Aragón y Extremadura, José Antonio Monago y Luisa Fernanda Rudi, figuran propuestas como "la resolución extrajudicial de los conflictos para reducir la incertidumbre y las cargas administrativas" o la elaboración de "un plan de empleo juvenil que reforme el sistema de formación profesional".

Con respecto a las reforma del sistema financiero, el partido apuesta por desarrollar una política "con una mayor capacidad de anticipación y prevención en torno a tres ejes: estabilidad financiera, transparencia de los mercados y protección de los consumidores".  Para ello, hay que "impulsar la culminación del proceso de reestructuración del sector financiero y el saneamiento de los balances de los bancos; exigir las responsabilidades debidas a aquellos gestores que hayan incurrido en una administración desleal o negligente; potenciar el desarrollo de mecanismos no bancarios de financiación empresarial y de instrumentos de participación en el capital empresarial; y acometer un cambio en el sistema de supervisión y regulación del Banco de España, que lo agilice y tecnifique, evitando las indecisiones y bloqueos".